Los vecinos de Pinedo piden al TSJ el cierre forzoso e inmediato de la depuradora

VALÈNCIA. (VP/EP). Los vecinos de Pinedo que denunciaron ante los tribunales la actividad de la depuradora instalada en esta pedanía valenciana y las molestias que esta les ocasiona han solicitado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la ejecución de la sentencia en la que se ordena el cierre de la fase III de esta infraestructura, tal y como adelantó Valencia Plaza.

El portavoz de estos residentes de la pedanía valenciana de Pinedo, Jaume Chornet, acompañado por el letrado que les representa, Santiago Rodríguez, ha acudido este lunes a la Ciudad de la Justicia de València para presentar este escrito en el que reclaman el cierre "forzoso" e "inmediato" de la fase III de la depuradora, lo que en la práctica significaría la clausura de "la totalidad" de las instalaciones.

Los vecinos han presentado esta petición de ejecución de sentencia tras el acuerdo al que llegaron este domingo, en un encuentro en el que tomaron esta decisión por unanimidad, con 18 votos, después de la reunión que mantuvieron el pasado viernes con el alcalde pedáneo de Pinedo, Josep Gimeno, al respecto de los planes de la corporación municipal para la infraestructura. La decisión llega al cumplirse el "plazo de cumplimiento voluntario" dado por el TSJ en el requerimiento, que se emitió el pasado 24 de septiembre.

Rodríguez ha lamentado que "a esta situación no se ha llegado por los vecinos, sino por culpa de la Administración" y, en este sentido, ha recordado que "este pleito arrancó en el año 2010, estamos en 2018 y hasta la fecha la Administración no ha puesto ninguna solución para mejorar las condiciones de vida de los vecinos". "Produce muchos olores, muchas emisiones, ha producido pérdidas de valor en el patrimonio, ha producido que lo que era una pedanía quedase destruida...", ha puesto de relieve.

Asimismo, ha señalado que "quedan muy pocos vecinos" en la pedanía y "esto ha sido provocado en gran medida por estas instalaciones, que por otra parte datan del año 70 y hasta hoy no se ha hecho nada para mejorarlas".

Ahora, la ejecución de la sentencia llevaría al cierre de "la totalidad" de la depuradora, pese a que el fallo se refiera únicamente a la fase III de esta infraestructura, dado que "trabaja en un ciclo combinado y si se cierra una parte se impide el trabajo del resto de la depuradora", ha indicado.

Por su parte, el representante vecinal ha reconocido "cambios" con la llegada en 2015 del nuevo equipo de gobierno al Ayuntamiento de València porque "con el PP jamás hubo ningún diálogo". "Todo lo contrario, el PP cerró los archivos e impidió a nuestro abogado que accediera a la información pública", ha agregado.

Por el contrario, Chornet ha destacado que con el equipo de gobierno municipal actual "está habiendo reuniones y negociaciones" pero, sin embargo, ha criticado que "no pasan de las buenas intenciones". "No llegamos a ningún pacto ni tenemos hechos palpables. La única arma de la que disponemos es la sentencia", ha hecho notar.

Asimismo, ha denunciado que la depuradora de Pinedo "si es ilegal es porque no cumple los requisitos mínimos a nivel europeo" y ha relatado que "funciona mal, huele muy mal, hay exceso de ruidos, continúan las aportaciones de lixiviados a la depuradora con cubas y, además, continúa la ruina económica de los vecinos". "La respuesta la tiene la Administración. Estamos dispuestos a hablar con ellos tantas veces como sea necesario", ha añadido.

Sin embargo, ha subrayado que no tienen "predisposición" para frenar en su petición para el cierre de las instalaciones, sino que "o firmamos algún acuerdo o por supuesto esto va adelante". "No queremos buenas intenciones, queremos hechos constatados y firmados", ha enfatizado.

En esta línea, ha comentado que pese a que "las molestias están", los vecinos afectados entienden "el caos medioambiental que puede generar el cierre en la playa, tanto en Pinedo, como en El Saler, Cullera e incluso la Malvarrosa". Según ha explicado en varias ocasiones el concejal del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de València y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Vicent Sarrià, el cierre supondría "tirar al mar las aguas residuales de 1.200.000 personas".

"Esto no lo queremos, pero no puede ser que unos pocos paguen una evolución mal entendida de la ciudad y de cómo meter una depuradora en mitad de un casco urbano, dilapidando un pueblo y arruinando a sus vecinos", ha zanjado el portavoz de los afectados.