Los auditores cuestionan las ayudas públicas a los Goya y la Capitalidad del Diseño

VALÈNCIA. Las auditorías realizadas al Ayuntamiento de València y a sus organismos está revelando deficiencias en la gestión pública del día a día. Al descontrol en las cátedras de Las Naves, el tirón de orejas por una ayuda 'a dedo' a UGT y las faltas detectadas en el seno de la EMT, se suma otra reprimenda de los auditores, en este caso en las subvenciones otorgadas desde el área de cultura a la Capitalidad Mundial del Diseño y, por otra parte, a la Academia de Cine para la celebración de los Goya.

Por un lado, la Intervención municipal ha estudiado a fondo las ayudas entregadas desde el Ayuntamiento de València a la Asociación València Capital del Diseño mediante un convenio, y ha hallado un rosario de faltas no de poco calado. Una de las más importantes, que el convenio que aseguraba inicialmente 2,2 millones de euros en tres años a la capitalidad, en cambio, no especificaba cuáles eran las actividades y actuaciones que tenía que hacer la Asociación.

El convenio recogía aspectos genéricos pero en ninguna cláusula "se definen las actividades concretas a realizar, ni en contenido ni en valoración económica", según la Intervención. Sería más tarde, a posteriori, cuando la Asociación presentaría una memoria de actividades sobre las actividades ya realizadas. Y aunque esto podría parecer algo baladí, tiene muchas implicaciones.

Por ejemplo, que no se puede evaluar si la Asociación ha cumplido con lo que se había comprometido, porque estos compromisos no estaban claros de antemano. "Todo esto se traduce en que cualquier actuación realizada por el beneficiario relacionada con el diseño formaría parte del objeto de la subvención, pero que al no haberse concretado en el convenio impide comprobar" si los actos realizados entran o no dentro de la subvención otorgada. Es decir, que se "limita las posibilidades de control".

Es más, el Interventor va más allá para señalar que, además del contrato, el Ayuntamiento ha adjudicado un contrato menor de patrocinio para la organización de un evento de diseño por valor de 18.100 euros. Pero, claro está, "es imposible" fiscalizar si esto debería haber entrado ya dentro de la subvención otorgada por el Ayuntamiento, puesto que la ayuda se dio sin concretar qué se iba a hacer con ella.

Hay más, sin embargo. Porque precisamente al no dejarse este extremo claro, no se puede determinar si las actividades realizadas "debieron realizarse o si el coste de las mismas superó o no al de mercado", en palabras de la Intervención municipal, según la cual tampoco se determinó "qué gastos eran subvencionables" ni "se estableció ninguna limitación, ni cualitativa ni cuantitativa" a estos gastos.

Sin estudios económicos y con pago por adelantado

Asimismo, el órgano interno de fiscalización tampoco alcanza a comprender por qué el Ayuntamiento fijó la ayuda exactamente en 2,2 millones -ampliada más tarde a 2,5-, y no se le dio más, o por contra, se le dio menos. Porque -dice el Interventor- la aportación se aprobó "sin que previamente" hubieran sido fundamentadas las cuantías ni "se fijó ningún criterio económico para su cuantificación" mediante ningún estudio o informe económico.

Lo mismo ocurre con el personal: no se fijó previamente el personal que se iba a necesitar. "En consecuencia, podrían haberse utilizado como gastos subvencionables cualquier nueva contratación o contrataciones al arbitrio de la asociación", insiste el Interventor. Y también critica que no se fijara un límite salarial, lo cual habría impedido presentar cualquier salario justificado. Uno de ellos alcanza los 73.000 euros anuales.

Con todo, hay que recordar que el convenio suscrito por el Ayuntamiento contempló el pago de la ayuda por adelantado. Algo que sólo prevé la Ley para programas de acción social, cooperación internacional o a entidades sin recursos suficientes. Y por ello la Intervención recrimina que se hiciera por este mecanismo: "No debió fijar el pago de la subvención de forma anticipada" sino a posteriori, "previa presentación por el beneficiario de la justificación".

Asimismo, la Intervención expone que la gran mayoría de los ingresos de la Asociación (el 87%) corresponden a subvenciones públicas del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciano. Una circunstancia que a juicio del fiscalizador, "refuerza la idea de que la actividad de la Asociación debería de estar sujeta a una mayor exigencia y control, y su funcionamiento debería estar sujeto a los procedimientos y limitaciones de funcionamiento del Sector público local".

Hay que recordar que, si bien en su día se comprometieron a financiar el evento de manera equitativa entre financiación pública y privada, lo cierto es que finalmente la pública en total se ha situado sobre los 5 millones de euros de inyección directa mientras que el interés de las empresas apenas alcanza los 420.000 euros. En definitiva, la aportación privada apenas supone el 7,7% del total, como publicó Culturplaza este jueves.

Y además de todo ello, tampoco se estaría cumpliendo con el seguimiento del convenio entre ambas partes, ya que, si el convenio determinada una reunión semestral de la comisión de seguimiento del convenio, "en el expediente no constan evidencias de dichas reuniones".

Los Goya: un convenio en lugar de una subvención

En cuanto a la celebración de los Premios Goya en la ciudad de València, la Fundación Visit Valencia, dependiente del Ayuntamiento, suscribió un "convenio de colaboración empresarial" con la Academia de las Artes Cinematográficas de España en base al cual se aportaron dos millones de euros desde el consistorio. Una ayuda que, sin embargo, no se tramitó como una subvención nominativa, como se tendría que haber hecho, y que habría exigido cumplir con otros requisitos, según los auditores de Visit Valencia.

"La utilización de la figura del convenio de colaboración empresarial [...] es inadecuada", porque lo que se hizo equivalía a "una donación", algo que no está contemplado en la normativa municipal. Así, según los auditores, "se ha convertido una subvención nominativa [...] en un convenio de colaboración empresarial [...] obviándose por tanto los requisitos exigidos por la normativa subvencional".

En este caso, el convenio exigía la realización de una memoria de actuaciones pero sin "ninguna referencia a su cuantificación económica ni a su justificación". Y contra lo aprobado por el gobierno municipal, no hay evidencia de que se hayan asumido "a partes iguales" con la Generalitat y la Diputación las aportaciones económicas de las administraciones.