VALÈNCIA. Dos años y medio han pasado desde que la empresa municipal de suelo de Alboraya, Egusa, y la constructora Quabit alcanzaran un acuerdo para saldar la deuda de más de 26 millones que la primera mantenía con la segunda. Pero a día de hoy, cuando es la promotora Neinor -tras fusionarse con Quabit- la acreedora de la firma pública, el acuerdo todavía no se ha materializado.
El pacto, adelantado por este diario en 2019, servía para que la compañía pública dependiente del Ayuntamiento de Alboraya pagara la deuda de 26,3 millones de euros contraída con la inmobiliaria -tras una sentencia judicial- mediante la dación en pago de solares ubicados en Port Saplaya.
Egusa y Quabit [ahora Neinor] habían incluido en el acuerdo una cláusula según la cual la firma pública debía delimitar y ubicar exactamente qué zona de una de las parcelas era considerada zona de dominio público al contener viales públicos y que, por ende, no podía entrar dentro de la dación. Llegado el verano de 2020 el conflicto era palpable y la compañía privada ya había dado hasta tres prórrogas a Egusa.
Los terrenos públicos en el entorno de Port Saplaya ascienden a un sumatorio total de unos 70.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 pertenecen al Ayuntamiento, y el resto, a Egusa. Para consumar la operación era necesaria la segregación del suelo del consistorio, que no puede entrar en la dación en pago. Pero una empresa de la zona llevó la segregación a los tribunales por el procedimiento empleado y el juzgado ha fallado a su favor. La parte pública, sin embargo, busca recurrir la sentencia.
A la postre, a día de hoy, la deuda sigue sin saldarse. Un retraso considerable en el que también se ha producido la fusión entre Quabit y Neinor. El pasado mes de octubre se produjo el primer contacto entre Egusa y los representantes de Neinor tras la operación empresarial, según explicaron fuentes de la mercantil municipal, según las cuales se sigue en conversaciones.
El embrollo viene de lejos, ciertamente. Quabit y la sociedad municipal emprendieron en 2008 un proyecto urbanístico fallido en Port Saplaya que incluía la construcción de 900 viviendas, un hotel, una marina, un auditorio y cientos de amarres. La fecha límite fijada para desarrollar el sector (la UE-2 Port Saplaya) era 2014, pero la crisis económica, sin embargo, impidió cumplir los plazos.
Para entonces, Quabit ya había aportado 23,4 millones de euros en concepto de beneficios futuros del proyecto, por lo que demandó a la empresa municipal reclamando la devolución de dicho montante. En 2016, el Juzgado de Instrucción número 6 dio la razón a la inmobiliaria en una sentencia ratificada posteriormente por la Audiencia de Valencia.
En ella obliga a la empresa municipal Egusa a devolver los 23,4 millones de euros y otros 2,8 en concepto de intereses legales. La delicada situación de la sociedad municipal hacía difícil la devolución de la deuda, pero tras largas negociaciones y una batalla legal, ambas partes alcanzaron el pasado verano el mencionado acuerdo para resolver el conflicto, de manera que Egusa saldará lo adeudado con los solares donde, en un principio, se iba a llevar a cabo el macro proyecto.
El proyecto urbanístico será finalmente mucho más modesto que el presentado antes de la crisis inmobiliaria. El presidente de la inmobiliaria, Félix Abánades, rebajó las expectativas hace dos años, y avanzó que la intención ahora pasa por construir 500 viviendas en lugar de las 900 inicialmente previstas. Renunció también a la marina con cientos de puestos de embarque y al auditorio. Y aunque se resistió a renunciar al hotel, finalmente también lo hizo.
En cuanto al centro comercial de este sector, que es propiedad de Leroy Merlin y Alcampo, entre otros, Abánades consideró entonces que su situación en este enclave tiene “poco sentido” dado que es un centro “obsoleto”. Ahora bien, admitió que si la decisión de estos propietarios es quedarse, la inmobiliaria deberá adaptarse. No obstante, podrían darse negociaciones para cambiar la postura de estos centros.
