VALÈNCIA. La asfixia financiera de la Generalitat valenciana en los últimos meses, solventada temporalmente con el préstamo de 1.816 millones que acaba de firmar con tres bancos, quedó patente de nuevo en junio con los datos oficiales del período medio de pago (PMP) de la administración autonómica.
Si en febrero la Generalitat pagaba en un plazo medio de 26,34 días, cuatro meses después ese PMP se había casi duplicado hasta superar los 50 días, concretamente, 50,27 días, siete más que el dato anterior correspondiente a mayo.
Se trata del peor dato desde enero de 2024 (54,6 días), cuando hubo un repunte excepcional, ya que para encontrar otra demora superior a 50 días hay que remontarse a marzo de 2020, en plena pandemia.
Los más de 50 días de PMP duplican el último dato conocido de la media de las comunidades autónomas, correspondiente al mes de abril, que era de 23,95 días, aunque presumiblemente habrá aumentado por culpa del fuerte incremento en la Comunitat Valenciana, que con mucha diferencia es la que más tarda en pagar a sus proveedores.
Cabe recordar que a partir de los 30 días de plazo, la Generalitat está obligada a pagar a los proveedores intereses de demora, lo que significa detraer recursos del presupuesto ordinario para indemnizar a las empresas a las que no se ha pagado a tiempo. Según la Sindicatura de Comptes, en 2023 –último año fiscalizado–, la Generalitat abonó a las empresas proveedoras 40,3 millones de euros en intereses de demora y dejó en el cajón otros 55,8 millones pendientes de contabilizar.
Entre las causas que han agravado el PMP de la Generalitat se encuentra la no actualización de las entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ha provocado que la Generalitat haya recibido desde enero 165 millones de euros menos de lo que le tocaba recibir.
Lluvia de millones
La buena noticia es que, aunque los datos de PMP de julio puede que sean aún peores porque las tensiones de tesorería aumentaron en la primera quincena, la Generalitat va a recibir este mes una lluvia de millones en forma de dinero adeudado, préstamos y fondos del sistema de financiación autonómica.
En primer lugar, ha suscrito un préstamo a corto plazo de 1.816 millones con Caixabank, Sabadell y Kutxabank, que el Consell ha tenido que solicitar ante la no aprobación del Extra FLA por parte del Gobierno que suponía 1.900 millones de financiación del Estado para cubrir el déficit de 2024. El departamento que dirige María Jesús Montero sigue sin aclarar si aprobará este instrumento previsto en la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 y que se viene habilitando desde 2013.
En segundo lugar, en julio le toca recibir la liquidación del sistema de financiación de 2023 -se liquida dos años después-, que este caso asciende a 2.000 millones de euros. De ellos, la Generalitat ya ha recibido en forma de anticipo 1.486 millones hasta abril, por lo que debería recibir los 514 millones restantes este mes, a no ser que solicitara más anticipos en mayo o junio.
Por último, la Generalitat recibirá a final de mes los casi 1.000 millones de euros que le debe el Gobierno por la no actualización de las entregas a cuenta durante el primer semestre del año. Se trata de dinero que han pagado los contribuyentes valencianos pero que el Ministerio de Hacienda retenía porque, al no haber presentado Presupuestos Generales del Estado de 2024 ni 2025, se estaban entregando a cuenta las mismas cantidades que en 2023. El Gobierno aprobó la actualización en junio y acordó pagar lo que debía a finales de julio.
