VALÈNCIA. El Institut Valencià de Cultura (IVC) busca, otra vez, directores adjuntos para las áreas de Audiovisuales y Música y Cultura Popular. Ayer el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó las bases del concurso público abierto, que han tardado en concretarse y aprobarse cinco meses desde los ceses de los anteriores responsables.
A pesar de que, desde el IVC, se prometió que este proceso sería "no idéntico pero parecido” al impulsado tan solo unos meses atrás por el entonces conseller Vicente Barrera (Vox), el nuevo equipo de la Conselleria de Cultura, liderado por José Antonio Rovira (PP) ha querido marcar distancias con un nuevo cambio de modelo. Con él, una nueva pirueta de lo que debería ser un concurso público abierto, que en este caso se aleja definitivamente del Código de Buenas Prácticas que rigió durante años los procesos de selección.
El reglamento del IVC obliga a la entidad a elegir sus direcciones adjuntas y la general a través de concursos abiertos. Sin embargo, tras los ceses de María Fuster y Joan Cerveró, que estuvieron solo medio año en el cargo, algunas fuentes cercanas al organismo plantearon abiertamente la posibilidad de cambiar el reglamento para poder transformar estos nombramientos a una elección discrecional (es decir, a dedo).
Y aunque finalmente se descartó esa opción, la Conselleria de Cultura ha optado una solución ‘innovadora’: un concurso público abierto, pero con una comisión de valoración con mayoría de cargos políticos; es decir, que la propia Conselleria podrá elegir la candidatura que prefiera. La comisión la formarán cinco personas; entre ellas, la Secretaria Autonómica de Cultura, el Director General de Cultura, y el director general del propio IVC. Las otras dos personas serán “una persona experta y/o científica de reconocido prestigio del ámbito de la gestión cultural” y “una persona experta y/o científica de reconocido prestigio del ámbito del audiovisual o de la música, en función de la dirección adjunta a valorar”.
De esta manera, se cerca la influencia de los sectores profesionales en estas selecciones, algo a lo que ya apuntaron los procesos llevados a cabo bajo el mandato de Barrera. Esta es una historia del alejamiento del Código de Buenas Prácticas.
Este reglamento interno fue impulsado en 2015, a los pocos meses del inicio del Botànic. Se hizo con el objetivo de cambiar las elecciones políticas por concursos abiertos donde la Administración solo representara el 33% de la capacidad de decisión. Entonces la comisión de valoración se repartía así: tres miembros a propuesta del IVC, tres representantes de la sociedad civil, y tres personas expertas y/o científicas. Con este modelo se eligieron las direcciones del IVAM, del IVC y del Consorci de Museus —aunque ciertamente alguna no exenta de polémica.
- Institut Valencià de Cultura -
Cambio de gobierno, cambio de modelo
La llegada de Vox a la Conselleria de Cultura supuso un cambio de discurso, que puso tierra por medio con el Código de Buenas Prácticas: “¿Por qué cuando viene un color político y hace cambios, todo el mundo está contento y todo el mundo lo asume por naturalidad y cuando viene otro color político y hace cambios los de siempre se tiran las manos a la cabeza? Pues, oiga, esto es el juego de la democracia”, planteaba Barrera.
Bajo su mandato se impulsaron ceses en el IVC o el Consorci de Museus. En el primer caso, se experimentó un nuevo modelo: se redujo la presencia de los expertos frente a los de la Administración Pública, se eliminaban los baremos de puntuación (impidiendo así que se pudiera recurrir un valor objetivo), y se abría la puerta a los ceses discrecionales al no especificar la duración del contrato.
Tanto en el IVC como en el IVAM, se eliminaba no solo el requisito sino el mérito de la igualdad de género y había continuas alusiones a la “despolitización”. En el caso del Consorci de Museus, aunque en un principio se proyectó un concurso público para la nueva plaza de dirección artística (la gerencia, a cargo de Nicolás Bugeda, se transformó en un cargo discrecional), esta no se ha llegado a materializar.
En todo caso, el propio Bugeda dejaba claro el otro día la visión de la nueva Administración hacia el Código de Buenas Prácticas: “La legitimidad de la acción de gobierno en la institución pública lo marca el que se han ganado unas elecciones y que hay un proyecto cultural. Las instituciones las dirigen aquellas personas que son soldados de gobierno. El modelo del Botánico, a mi modo de entender, es un modelo fallido. No sé, tanto manual de buenas prácticas, cuando verdaderamente lo único que debería ser son unas buenas prácticas éticas, administrativas y de cumplimiento normativo. Eso aquí no se ha dado”.
La Conselleria de Cultura ha vuelto a cambiar de manos, ahora a cargo de José Antonio Rovira, del Partido Popular. Y aunque no se trata de un responsable político, Bugeda parecía adelantar lo que se ha conocido hoy: el abandono definitivo del Código de Buenas Prácticas.
El concurso del Institut Valencià de Cultura es una elección discrecional disfrazada de concurso público: por primera vez, ya no se pide un proyecto para la entidad que valorar, sino solo los méritos del currículum de cada candidato. La valoración de estos méritos sí son puntuables y recurribles, y supondrán un 60% de la elección final. El otro 40% lo decidirá una segunda fase de entrevistas. Todo el proceso estará ‘tutorizado’ por la mayoría de la Conselleria de Cultura.
La diputada de Compromís, Verònica Ruiz, ayer tildó el proceso de “pantomima”: “es meramente un trámite para colocar a dedo a las personas que previamente ya habrán escogido y, seis meses después de que despidieran a los anteriores directores adjuntos, estas bases no solo son un despropósito, sino una decepción”.
El concurso que se está desarrollando para la dirección artística del IVAM, impulsado durante el mandato de Vox, aún entraría dentro de los estándares del Código. Pero el del IVC parece ser un experimento, el de una tercera vía a medio camino entre la elección ‘a dedo’ y un concurso con todas las garantía de independencia.
