Políticas medioambientales difusas

Hace cuatro años las expectativas sobre la puesta en marcha de políticas ambientales recogidas en el Acuerdo del Botánic fueron muy ilusionantes para quienes perciben el entorno y la naturaleza como un activo fundamental del bienestar y de la calidad de vida de las personas. El acuerdo recogía claramente un ideario político progresista basado en la sostenibilidad del crecimiento económico, que debía comenzar, firmemente, por cambiar el paradigma de desarrollo y sustentarse en el conocimiento y en la investigación. En el pacto, se apostaba por una reindustrialización de la economía valenciana, promoviendo la recuperación de la agricultura y fomentando el comercio local; e impulsando un turismo sostenible y de calidad. Además, se incluyó en la propuesta la movilización de la administración autonómica para impulsar la transición ecológica del modelo productivo, con especial atención a los modelos de eficiencia energética, de impulso de las energías renovables, de la gestión sostenible de los residuos y de toda la logística que permitiera minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, en el pacto no hubo ninguna referencia, ni mención concreta al cambio climático, como sí la había habido en los programas de las elecciones generales de 2015 de los principales partidos políticos con representación parlamentaria.

En los programas electorales de 2015 y, posteriormente, de 2016, los partidos incluían algunas líneas programáticas y estratégicas sobre el cambio climático. Las diferencias de unos programas políticos a otros eran bastante notables; sobre todo, porque entre líneas se percibía un discurso de lo políticamente correcto en algunos programas que, cuando llegaran a gobernar, no se traduciría en acciones estratégicas concretas. Es decir: incorporar líneas programáticas sobre políticas públicas para luchar contra los efectos del cambio climático es algo incuestionable en los sistemas democráticos, sobre todo cuando tenemos un supraestado (UE) que nos regula con directivas europeas y con acuerdos internacionales vinculantes, pero ¿hasta qué punto esa línea programática sobre el cambio climático no se trata más bien de un punto incorporado por ser políticamente correcto, más que de un compromiso ideológico profundo?

Con esta duda razonable, comprobamos que los diferentes partidos políticos introducían iniciativas en sus programas que luego fueron adaptadas en las diferentes elecciones autonómicas. Unidad Popular proponía luchar contra el cambio climático con propuestas muy orientadas a la gobernanza, sobre todo a regulaciones y normativas de gran impacto para minimizar los efectos del cambio climático sobre diferentes sectores. Podemos presentó un programa cercano al de Unidad Popular en el que se promovía llevar a cabo un plan de adaptación al cambio climático de las ciudades, de las administraciones públicas y de los sectores estratégicos. El PSOE fue, sin duda, el partido que presentó un plan estratégico a largo plazo, muy pormenorizado y con políticas sobre cambio climático transversales, desde los impactos del cambio climático sobre la salud hasta los ecosistemas. En Ciudadanos se explicaba ampliamente qué significa el cambio climático y los efectos de la actividad antropocéntrica, pero no se presentó un plan estratégico elaborado y con puntos comprometidos. En el Partido Popular se presentó un programa que contemplaba estrategias frente al cambio climático completamente vinculadas al sector energético y a la industria, sin que se apoyaran propuestas concretas sobre todos aquellos impactos que pueden ocasionar las emisiones difusas.

Estas fuentes difusas de contaminación o emisiones difusas son todas aquellas actividades que realizamos en la vida cotidiana y que no se pueden medir homogéneamente (al contrario de lo que ocurre con la actividad industrial), liberando contaminantes (óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, amoníaco y otras partículas) a la atmósfera y al agua procedentes de diversas fuentes dispersas, como por ejemplo, el transporte por carretera (nuestros automóviles, los transportes públicos que utilicen combustible fósil), el transporte marítimo, la aviación, la agricultura, los hoteles, los comercios, o todas nuestras acciones diarias, como verter aceite por el fregadero, productos químicos en el hogar, calentar el agua de la ducha con gas, la calefacción central... Esta contaminación procedente de estas fuentes difusas se produce en zonas muy extensas y podría no ser motivo de preocupación por separado, pero en combinación con otras fuentes difusas causa un gran impacto ambiental.

En general, las políticas medioambientales son las que suelen cerrar los programas políticos y nunca abrirlos, porque no presentan propuestas que los ciudadanos perciban como de gran valor o cambio para sus vidas cotidianas, como sí pueden ser la salud, la educación, el empleo y la vivienda. Además, la administración cuenta con la hipermetropía ambiental de los ciudadanos, ampliamente descrita en la literatura relacionada con la percepción de los problemas ambientales; es decir, las personas tienden a tener problemas de visión en las distancias cortas (perciben que en la comunidad valenciana no tenemos por qué alarmarnos con los problemas del cambio climático), viendo con mayor claridad en las distancias lejanas (perciben que el cambio climático es algo importante, pero que sucederá a muy largo plazo, y en otros lugares lejanos). Sin embargo, esto es una percepción errónea y por ello, desde el Gobierno en la Generalitat Valenciana se constituyó un Comité de Expertos para el Cambio Climático formado por 24 integrantes procedentes de diferentes ámbitos y experiencia, como la universidad, los organismos públicos de investigación y los medios de comunicación, presidido por Julià Àlvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Este Comité se reunió en una ocasión (7 de noviembre de 2016), donde se acordaron algunas medidas de actuación y nunca más volvieron a ser consultados. El secretario autonómico, Julià Àlvaro, fue destituido y varios miembros de la Comisión de Expertos hicieron pública su dimisión a través de los medios de comunicación por la inoperatividad de la misma. Entre las razones que adujo el secretario autonómico para explicar su destitución destacaban los desencuentros con la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y, especialmente, las resistencias a su propuesta de implantar una política de reciclaje de envases. Esta medida proponía activar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que ya está establecido en otros países europeos y que premia al ciudadano que devuelve un envase de una bebida con algunos céntimos de euros, que normalmente se les reembolsan con monedas o con tickets por el valor de los envases devueltos, para que pueda gastarlo en las cadenas de supermercado donde se encuentran establecidas las máquinas.

Hubiera sido interesante que esta medida se hubiera implantado, así como otras muchas más que han quedado difuminadas en la legislatura, como la apuesta por las energías renovables en el transporte público, que sería una gran estrategia para minimizar los niveles de contaminación en los núcleos urbanos y así garantizar que se cumplen los objetivos de la Estrategia Valenciana frente al Cambio Climático 2013-2020. También habría sido interesante evaluar el trabajo de la Comisión de Expertos, una vez agotada la legislatura, y valorar las líneas que desde ella se promovían para una gestión integral del territorio. Aquellas propuestas que se detuvieron en el tiempo pasan, ineludiblemente, por una mayor apuesta por la educación ambiental, por la divulgación de los efectos del cambio climático sobre la salud y el medio ambiente a la ciudadanía y por la promoción de la conciencia ambiental. En esta legislatura, el cambio climático ha sido muy difuso. Esperemos que, en la próxima, sea abordado con absoluta prioridad.

Carolina Moreno Castro es catedrática de Periodismo e investigadora del Instituto de Políticas de Bienestar Social de la Universitat de València