José Vicente Pons. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. “Me pueden culpar de ser innovador”. El creador del Valencian Global, José Vicente Pons, respondía así este martes a las preguntas de Valencia Plaza sobre la demanda del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por los préstamos concedidos a los emprendedores que participaron en ese programa de aceleración de empresas financiado por la Generalitat y apadrinado por el exconseller Máximo Buch. Dolido por la repercusión de la noticia –“yo tengo mi reputación”–, Pons asegura: "No he cobrado nunca de la Conselleria".
Según explica, el programa vino de Canadá, adonde él mismo viajó hace cinco años. “No inventé nada, fui allí en mis vacaciones y con mi dinero a conocerlo y me pareció interesante para traerlo”. Allí contactó con los responsables del Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Boston (EEUU). “Eso al IVF le interesó y firmamos un convenio”, añade. Un convenio que, según la Abogacía de la Generalitat, no se hizo por el procedimiento legalmente establecido, aunque la responsabilidad de esos hechos, en principio, recaería sólo sobre los altos cargos o funcionarios de la Generalitat que lo permitieron. “Yo no tengo culpa de nada”, reitera Pons.
El creador de Valencian Global asegura que el dinero del IVF fue directamente a las empresas, que son las que lo tienen que devolver, y que su firma (Business Innovation) y la de Kenneth Morse (Entrepreneurship Venture) cobraban a los emprendedores por organizar y dirigir el programa, que considera muy valioso. “Contratamos con el MIT un programa de aceleración, hacemos workshops, vamos una semana al MIT, trabajamos una metodología...”, enumera.
El IVF, que dirige Manuel Illueca, se puso en contacto el lunes con Pons para comunicarle que iba a llevar a la Fiscalía el escrito de la Abogacía que cuestiona la legalidad de la financiación del Valencian Global. Pons afirma que no entiende los motivos. “Las empresas están creciendo, el programa funciona, llamad a cualquiera de ellas”.
Juan Pablo Giménez, CEO de Increnta, dedicada al marketing online, fue uno de los emprendedores que participaron en la primera edición de Valencian Global con la empresa Ozongo, que en las siguientes ediciones quedó vinculada al programa hasta el punto de que Pons y Morse son consejeros de Increnta.
Giménez considera “una auténtica vergüenza” lo que ha hecho la Generalitat al cuestionar el programa. “Me parece patético y da muy mala imagen para el exterior que un conseller apruebe una cosa y el siguiente lo denuncie”, lamenta.
Este emprendedor recibió un préstamo de 170.000 euros que, asegura, tuvo que negociar con el IVF y cuyas condiciones eran iguales que las que tenía con Bankia. “Yo tengo un crédito que estoy pagando, no una subvención, y lo firmamos con el IVF y no con Bankia porque era un préstamo participativo, fue un tema de estética financiera”, asegura. Según Giménez, cada empresa negociaba con el IVF y ha habido al menos dos que no han podido entrar porque la entidad pública no aprobó su proyecto.
De los 170.000 euros del préstamo, 40.000 se destinaron al curso organizado por Pons y Morse y unos 30.000 a la estancia final de una semana en el MIT de Boston durante una semana. El resto era para actividades asociadas a la internacionalización. Concretamente, su empresa lo utilizó para abrir mercado en Sudamérica, empezando por Colombia. La compañía tiene oficinas en este país y en México, “de la mano de Ken (Morse) y de otro profesor”, que actúan como “prescriptores” de las empresas que participan en el programa, según Giménez.
A partir de la segunda edición, los préstamos del IVF se dividían en dos partes, una para el curso y estancia en Boston y otra para el programa de internacionalización, previa aprobación del IVF en 2013 y del Ivace en las dos ediciones siguientes. “Todo ha estado muy supervisado”, afirma el CEO de Increnta.
En la misma línea, un antiguo responsable del programa en la Conselleria se defiende: "Los préstamos se dan a emprendedores, los préstamos no se dan a organizador de cursos, sino a las empresas".
Según asegura a Valencia Plaza, "los que daban el curso decidían quién podía hacer el curso. Los finalistas seleccionados por la aceleradora son los que después iban al Ivace a pedir el crédito y quien figura como receptor del crédito es el empresario". Añade que el hecho de que se haga con préstamo en lugar de con una subvención, modificación introducida por Buch, "es bueno para la administración".
De las diez empresas participantes que había en la primera edición, solo una ha fracasado, revela, y asegura que "las empresas que tenían beneficios llegaban a pagar un 8 por ciento de interés".
Sobre el informe de la Abogacía que cuestiona el procedimiento, señala que "el IVF tiene su abogado propio y en el consejo de administración del IVF estaba todo el mundo".
Este exresponsable insiste en que la empresa no era la que decidía a quién prestaba dinero el IVF, sino que seleccionaba a las empresas que podían hacer el curso. "Es mentira que sea la aceleradora la que decide, ella selecciona quién puede hacer el curso y luego el Ivace decide si da el crédito participativo a la empresa o no".
Por ello, concluye que "No hay caso, la Fiscalía verá que son préstamos a emprendedores y no dinero dado a una empresa privada".
