VALENCIA. El sector conservador de la magistratura está de enhorabuena. Los cuatro candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que este martes comparecieron ante la Sala Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En esta ocasión Jueces para la Democracia ha preferido no “quemar” a ningún candidato en una plaza que, al igual que hace cinco años, se inclina a la derecha.
Respecto a los candidatos, tres se presentan por segunda vez al puesto, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial Pedro Castellano y el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro. Hace cinco años estos tres magistrados ya se enfrentaron en la carrera por la presidencia. En aquella ocasión De la Oliva salió vencedora. Junto a los veteranos aspirantes un novato, el magistrado del juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, Juan Mejías.
El expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia y actual presidente de la Sección Cuarta, Pedro Castellano, fue el primero en hablar y dividió su programa en cinco puntos. En cuanto a los jueces y magistrados explicó la necesidad de mantener una relación directa con ellos, ya sea a través de la sala de Gobierno, de los jueces decanos o con una relación directa. Castellano apostó por prestar una especial atención a los Jueces de Adscripción Territorial -los más jóvenes de la carrera y sin juzgado propio-, ya que muchos de ellos están destinados como refuerzos en juzgados que instruyen causas de corrupción.
Respecto de los temas de corrupción afirmó que “sólo debería trabajar esos casos los jueces de carrera”, lo que excluye a los sustitutos. De estos últimos dijo que se necesita contar con un presupuesto cerrado para poder controlar bien cuántos son y a qué juzgados deben ir.
Uno de los puntos fuertes de su discurso vino con la explicación de la necesidad de comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer para evitar “una justicia de dos velocidades” que perjudique a aquellas víctimas que viven en partidos judiciales en los que no hay juzgados especializados. Sobre la especialización indicó la necesidad de las jurisdicciones de laboral, civil y penal. Castellano también explicó la necesidad de crear servicios comunes como son el de ejecutorias o el archivo de expurgo.
Tras Pedro Castellano fue el turno de Vicente Magro. El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante basó su discurso en protocolos, comisiones y foros de especialistas que den respuesta a las necesidades de la justicia.
Entre las novedades Magro apuesta por la creación de una oficina de coordinación institucional que atiende delitos de seguridad vial, víctimas de violencia de género y víctimas del delito. Esta oficina está creada en Alicante y los resultados obtenidos hasta ahora han sido “muy satisfactorios”. Sobre la violencia de género habló de mejorar la asistencia a las víctimas a través de un servicio coordinado por el TSJCV que evalúe la situación, haga propuestas concretas y sirva como vínculo directo con el Observatorio Contra la Violencia del CGPJ.
Para Vicente Magro es muy importante mejorar la coordinación entre jueces, fiscales y el resto de operadores jurídicos y no jurídicos que tienen relación con la justicia. Para lograr ese objetivo propone la creación de diferentes comisiones mixtas que, a su juicio, mejorarían la imagen de jueces y magistrados ante el resto de operadores. Y sobre la falta de personal y la sobrecarga afirma que no sólo con refuerzos se soluciona el problema y aprovechó su comparecencia para reclamar los 15 juzgados que fueron aprobados por el Ministerio de Justicia y que no han sido creados.
El debutante del grupo, Juan Mejías, centró su discurso en lo que más conoce, la mediación. Para defender su proyecto informó sobre la existencia de un informe económico que señala que: “derivando un 10% de asuntos de Primera Instancia se ahorrarían al año 177 millones de euros en España. Derivando un 30%, el ahorro superaría los 300 millones”.
Para demostrar su teoría explicó que “está constatado que alcanzar la eficiencia y la eficacia no sólo depende de conseguir más medios. Se puede gestionar mejor a coste cero si se sabe cómo hacerlo”.
Defendió proyectos que él mismo ha puesto en marcha en su juzgado como es “la optimización de las notificaciones”, que de hacerla bien le puede suponer al estado un ahorro anual de más de 26 millones de euros. Al igual que sus compañeros, Mejías también hizo referencia a la importancia de hablar y mantener una relación directa y fluida con el resto de jueces y magistrados de la Comunitat.
La última en defender su programa fue la actual presidenta del TSJCV Pilar de la Oliva. La presidenta dividió su exposición en dos parte, la primera la centró en explicar los logros obtenidos durante los cinco años de su mandato y, durante la segunda, fue cuando habló de su programa de propuestas para la siguiente legislatura.
Con respecto a sus logros, De la Oliva mencionó, entre otros, que “se ha conseguido optimizar diferentes jurisdicciones lo que ha supuesto un descenso importante en el número de asuntos que manejan, se ha extendido la mediación a más partidos judiciales, se han fortalecido los vínculos con los operadores jurídicos, se han sometido todas las decisiones a la Sala de Gobierno o se ha mantenido una colaboración especial con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
En cuanto al programa, De la Oliva fue la única en defender el uso del bilingüismo dentro del mundo de la justicia apoyando que todos las instancias se puedan solicitar en castellano y valenciano. Además, la magistrada no sólo defendió la necesidad de reivindicar los 15 juzgados prometidos, sino de solicitar todos aquellos que sean necesarios para poder ajustarse a las necesidades reales de los diferentes órganos judiciales.
Dentro de la creación de juzgados explicó el buen resultado de los juzgados bis, que con la mitad de gente ayudan a desatascar los órganos más inundados de papel.