FOTO: EVA MÁÑEZ VALENCIA, (EFE). Las empresas que han participado en las tres ediciones del congreso de aceleradoras de empresas Valencian Global Growth han generado unos 14 millones de euros adicionales para la administración y 33 millones para la economía valenciana, según el máximo responsable de la entidad, José Vicente Pons.
En un comunicado, Valencian Global asegura que ha encargado un informe, que en los próximos días hará llegar a la Conselleria de Hacienda, el Instituto Valenciano de Finanzas y la Abogacía de la Generalitat, en el que se indica que estos encuentros han acelerado el crecimiento de 31 empresas, han generado 54 nuevos puestos de trabajo y han invertido 19 millones con financiación privada.
Pons ha realizado estas declaraciones después de que el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, haya asegurado que recurrirá a la Justicia si se detectaran irregularidades en los préstamos concedidos para las tres ediciones de la aceleradora de empresas Valencian Global, como 4,5 millones en créditos participativos a dos consultoras.
Según el responsable de Valencian Global, gracias al programa Valencian Global el IVF ingresará en 5 años casi 600.000 euros por intereses y habrá ayudado a generar más de 10 millones adicionales de IVA y casi 2 millones de euros de IRPF. Además se ha inducido una inversión privada en las empresas de 18 millones de euros.
José Vicente Pons asegura que ni Valencian Global ni ninguna de las empresas organizadoras han recibido un solo euro de subvenciones. "Todos los préstamos del IVF eran aprobados por las correspondientes comisiones del instituto con las condiciones y garantías marcadas expresamente en el acuerdo", afirma.
Para obtener los préstamos, las empresas (y no Valencian Global) tenían que acreditar un componente innovador, un plan de negocio viable, un volumen mínimo de facturación de 500.000 euros o EBITDA positivo, haber obtenido financiación subordinada y acreditar que no supera un riesgo vivo con el IVF de 300.000 euros, según la nota.
Los préstamos eran hasta de 175.000 euros, con plazo de amortización de 10 años y 3 años de carencia, concedidos con un procedimiento transparente, por lo que "no ha existido ninguna irregularidad en este convenio", ha resaltado Pons
