Joan Ribó habla durante la presentación de los presupuestos al Consejo Social.VALÈNCIA. A un lado la mejora de los ingresos municipales, el aumento de las transferencias de la Generalitat y otras medidas como la reducción de la deuda y del promedio de pago a proveedores. Al otro lado, los datos de ejecución presupuestaria, que a 31 de octubre se sitúan en el 38%. A un lado la disminución de la carga financiera, y un presupuesto inicial para 2018 que asciende a 811.347.107 euros, frente a los 786.384.770 del ejercicio 2017. Al otro lado, el porcentaje de gasto autorizado en el curso actual, que a duras penas alcanza el 60%. ¿De qué sirve tener más dinero si no se gasta?
Esa es en cierto modo la pregunta que plantean desde la oposición al alcalde de València, Joan Ribó, tras que éste presentara los presupuestos en el Consejo Social Municipal. Y la realizarían los portavoces de los dos grupos de la oposición: Eusebio Monzó por parte del PP y Fernando Giner por parte de Ciudadanos. Porque ambos coincidieron en una misma crítica este lunes: las cifras están muy bien sobre el papel, pero a la hora de la verdad no se ejecuta el presupuesto, con unas cifras de ejecución “irrisorias” en palabras de Giner. O como dijo Monzó, lo que se presentaba este lunes tarde al Consejo Social de la Ciudad, reunido en el Hemiciclo municipal, era tan solo “un Power Point”, “en realidad papel mojado”, dijo.
Un porcentaje, el de la ejecución presupuestaria, que fue matizado por el consistorio. El alcalde mismo fue el primero en señalar que la ejecución presupuestaria cuando hay que verla “es a 31 de diciembre y no ahora”, recordando así que aún quedan dos meses para que acabe el año y ese porcentaje ha de subir. Otra respuesta por parte del Ayuntamiento: lo importante es el porcentaje de gasto autorizado, ése que está ahora a 60% y que a buen seguro subirá, porque ése dinero está consignado sí o sí. Y una tercera matización, que es sobre todo un recordatorio, y es que en los presupuestos no se puede incluir el remanente hasta que lo autoriza el Ministerio de Hacienda. Y, recuerdan, Cristóbal Montoro tardó en dar el ‘ok’. Ahora el Ayuntamiento tiene más presupuesto que cuando comenzó el año y por lo tanto el porcentaje de ejecución ha bajado.
Grosso modo, la ejecución presupuestaria es lo más parecido a un talón de Aquiles que tienen las cuentas municipales, visto lo visto. El presupuesto como tal no se conoce al detalle aún. Las grandes premisas y cifras del próximo ejercicio, eso sí, se saben y entre ellas destaca que todos los impuestos quedan congelados y los capítulos destinados a inversiones, transferencias de capital y activos financieros se incrementan respecto a 2017 hasta alcanzar los 88,9 millones, además de crecer el gasto corriente y el presupuesto para contratar nuevo personal necesario, pese al corsé de la Ley de Estabilidad y el Plan de ajuste.
O también que se consigue la cuadratura del círculo al hacer que aumenten los ingresos por impuestos y multas sin tener que aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Ha bastado con cobrarlos de manera más eficaz. La inspección del impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como el convenio de cobro de multas con la Generalitat, permite recaudar 7,9 millones de euros más. En el caso del IAE, no se había inspeccionado ni revisado desde 2004, mientras que el ICIO no se había inspeccionado nunca.
El alcalde Ribó, acompañado por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, destacó “el crecimiento de 25 millones respecto al año pasado, que es una cantidad razonable” y también que se aumentan ingresos “sin tocar ninguno de los impuestos y sabiendo que habrá una pequeña bajada de las transferencias del Estado. La Generalitat aumenta sus aportaciones de una manera significativa y hacemos una mejor gestión de los ingresos propios, con un seguimiento del Impuesto de Actividades Económica y del impuesto de Construcciones y Obras, y poniendo en marcha los mecanismos para el cobro de las multas de tráfico a la gente de fuera de València que hasta ahora no pagaban”, recordaba.
En cuanto a los gastos destacó al capítulo de personal, con un incremento de 20 millones de euros. “Esta casa estaba perdiendo entre 100 y 120 trabajadores por año, pero a partir de 2016 pasa de perderlos a recuperarlos”. Así aludió a la primera oposición para cubrir plazas en la Policía Local que se convocaba en once años y a otras incorporaciones para mejorar la gestión de distintos servicios. “Por ejemplo cuando hay un crecimiento de la demanda de licencias para construcción, como contamos con poca gente automáticamente tenemos problemas”, se justificó. Igualmente apuntó “la municipalización de algunos servicios como por ejemplo tres escoletes que van a pasar de concesión privada a servicio público”. Un incremento de personal puesto en duda otra vez por la oposición, en esta ocasión por Monzó, quien aseguró que la plantilla apenas se había incrementado porque lo que se había hecho en la práctica era cubrir jubilaciones.
Desde el Ayuntamiento aseguran que el esfuerzo inversor durante el próximo año irá destinado a las infraestructuras urbanas, renovación del patrimonio histórico, mercados, instalaciones deportivas, rehabilitación de viviendas, nuevos jardines, y EDUSI del Cabanyal. También se incluye una transferencia de 8 millones de euros a la Sociedad Parque Central, una transferencia de 1’23 millones para hacer frente al tercer pago del aparcamiento de la Plaza Ciutat de Bruges y una partida de siete millones de euros se aplicará a las inversiones elegidas por los ciudadanos, los famosos presupuestos participativos.
