Las preguntas sin respuesta sobre el proceso de selección de la jefatura de RRHH en Divalterra

VALÈNCIA. El anuncio de disolución de la empresa pública Divalterra por parte del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, a finales del pasado marzo dejó varias preguntas en el aire sobre su última polémica. La comunicación de la decisión se produjo después de los reiterados intentos de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos tras un recurso del aspirante que quedó en segundo lugar. 

Los movimientos desde enero para revocar la contratación partieron del presidente de Divalterra, Ramiro Rivera, y del jefe jurídico, José Luis Vera. Aunque Gaspar también intervino en los nombramientos de miembros del Consejo de Administración para meter a afines, lo que podía facilitar que la intención saliera adelante. 

Todo ello acompañado de una investigación de la Agencia Antifraude, que no halló irregularidades en el proceso de selección –al contrario de las conclusiones de Vera–. De hecho, su director, Joan Llinares, declaró recientemente que le hubiera sorprendido que una vez acabado el procedimiento, "se cuestionara todo desde dentro de la propia empresa", pues, a su juicio, "es un tanto extraño que una entidad vaya contra sus propios actos y diga ahora: 'lo hemos hecho todo mal'". Esto pudo coincidir, afirmó, con que la persona que salió elegida "no fuera la que se quería". 

Durante las reuniones del Consejo de Administración de la empresa y la Junta General –equivalente al pleno de la corporación–, los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, manifestaron sus sospechas sobre los verdaderos motivos por los que se pretendía anular el nombramiento de la jefa de RRHH. Especialmente al tratarse de un puesto clave para la contratación de brigadistas en la provincia de Valencia.

Las preguntas no fueron respondidas y, ya en la última Junta General, en la cual los grupos tuvieron 5 minutos de intervención, el anuncio de la disolución eclipsó todo lo demás. 

Los populares, que tienen previsto llevar el asunto a la Fiscalía, elaboraron un listado de preguntas que ahora quedan en el aire, además de varias solicitudes de documentación. Entre ellas, los cinco informes que pidió Toni Gaspar después de que trascendiera la polémica o todas las comunicaciones en relación al proceso de RRHH entre el jefe jurídico de Divalterra, el presidente y el anterior jefe de RRHH, Vicente Domingo –presidente del tribunal de selección de su sustituta–. 

El PP preguntó al presidente de Divalterra y al gerente si conocían antes del proceso al aspirante que quedó en segundo lugar

El PP preguntó a Ramiro Rivera y al gerente de la empresa si conocían al candidato que quedó en segundo lugar, José Fambuena, antes de que se iniciara el procedimiento. También por qué José Luis Vera, quien se erigió en instructor del expediente que concluyó que había que anular el nombramiento de la jefa de RRHH por ser director de riesgos penales, tiene esta responsabilidad pese a que se acordó sacar ese puesto a concurso público en 2018. 

Otras cuestiones estaban relacionadas con el cese del gerente que se aprobó en marzo: quién estaba informado sobre la intención de destituirlo y si el presidente de la Diputación convocó al secretario para valorar dicha destitución.  

Solicitaron, del mismo modo, información sobre cuatro denuncias en la Agencia Antifraude en las que se investigan expedientes en los que ha participado José Luis Vera, tal como él mismo desveló en una entrevista en Las Provincias, debido a que el Consejo de Administración no estaba informado.