Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Vuelta al trabajo en el Consell de la Generalitat Valenciana y puesta en marcha la solución para atajar el enfado de los bomberos forestales de Tragsa, que amenazan con una huelga indefinida a partir del próximo viernes. El primer Pleno del Consell ha aprobado este viernes el Reglamento de Bomberos, condición imprescindible para que el Ministerio de Hacienda dé el visto bueno para la subida salarial definitiva del 30% para estos bomberos forestales de Tragsa, la empresa estatal que presta el servicio en la Comunitat mediante una encomienda de la Generalitat.
A principios de año, el colectivo había acordado la mejora retributiva de 300 euros con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para julio. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la paralizó, pero la presión de los sindicatos y la Generalitat acabó con un complemento salarial temporal del mismo montante hasta que se aprobase el nuevo reglamento de bomberos. Ahora, el Consell da luz verde a la regulación, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y entonces la pelota estará en el Ministerio.
Los sindicatos habían convocado varias concentraciones en agosto y la última tuvo lugar este jueves en frente de la delegación de Tragsa en la Comunitat Valenciana. Ahora bien, la huelga indefinida estaba convocada para este viernes. De hecho, por la mañana el DOGV publicaba los servicios mínimos para este paro. Pero dos días antes, las organizaciones sindicales decidieron dar un respiro a Hacienda para que le dé tiempo a aprobar el aumento salarial. Por ello se trasladó el inicio del paro hasta el próximo viernes, si el Ministerio no cumple con lo anunciado. Fuentes próximas a la empresa han trasladado a este diario que lo más seguro es que así sea.
Además de la subida salarial, también afecta a los empleados de Tragsa la subrogación por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), dependiente de Presidencia de Generalitat Valenciana. Aunque la idea inicial era que la Agencia absorbiera directamente a los bomberos forestales, tal y como se había aprobado en la Ley de Acompañamiento de 2018 a propuesta de Poemos; la intención final en el gobierno valenciano es hacerlo pero mediante una nueva empresa pública dependiente de dicha Agencia, apodada Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencia.
Una sociedad que, según publicó este diario, abriría la puerta a la financiación privada. El borrador de creación de esta mercantil establecía en el preámbulo que puede "incorporar fórmulas de financiación que integren las aportaciones de las administraciones públicas y, en su caso, de las procedentes de la iniciativa privada".
Pero esta idea no agrada nada ni a las organizaciones sindicales, que ya han pedido los informes jurídicos que avalen tal planteamiento, ni a Podemos, cuya intención no es la que finalmente se ha puesto sobre la mesa. Por ello, CCOO había pedido una reunión con los grupos parlamentarios de les Corts que conforman el Botànic y con la Abogacía de la Generalitat para que se diesen las correspondientes explicaciones.
Sin embargo, según fuentes parlamentarias, todo apunta a que este encuentro será a múltiples bandas: Agencia de Seguridad, Abogacía de la Generalitat, sindicatos y grupos parlamentarios.