Más leña al fuego: los bomberos pedirán informes jurídicos que avalen la nueva empresa pública

VALÈNCIA. Continúan las negociaciones entre los sindicatos de bomberos forestales y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Este miércoles tendrá lugar una nueva reunión acerca de la absorción por parte de la Generalitat Valenciana de las brigadas forestales de Tragsa. Y la idea de crear una nueva empresa pública dependiente de la AVSRE, dirigida por José María Ángel, no gusta nada a las organizaciones sindicales que, según ha podido saber Valencia Plaza, pedirán a la Generalitat los informes jurídicos de la Abogacía que avalen la creación de esta nueva sociedad instrumental.

Así lo han confirmado fuentes sindicales a este diario: su intención es trasladar oficialmente en el próximo encuentro su rechazo a la creación de una nueva mercantil -el enfado ya se ha hecho público en manifestaciones y medios de comunicación- y pedir el informe realizado por la Abogacía de la Generalitat sobre este asunto para conocer si da el visto bueno o no a la idea.

Si bien dichas fuentes apuntan que en estas mesas de negociación "técnicamente" no se abordará nada hasta la primera semana de septiembre, sí que estarán sobre la mesa estas cuestiones y otras exigencias como la posibilidad de contar con una segunda actividad o la adecuación salarial. Las reuniones ahora se abordan a dos bandas entre los representantes de los sindicatos de bomberos (SSPPLB, CCOO, UGT e Intersindical) y los directivos de la Agencia de Seguridad, a falta de los técnicos y los abogados, que retomarán su trabajo el próximo mes.

La nueva empresa pública es un planteamiento en avanzado estado de gestación por parte de la Generalitat Valenciana y concretamente en Presidencia, de quien depende la Agencia de Seguridad. De hecho, ya se han producido varias reuniones entre Presidencia y la Conselleria de Hacienda para "estudiar la creación" de esta sociedad. Es más, ya existe un borrado de proyecto de decreto para hacerla efectiva, y establece las bases de lo que sería la denominada Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE). Tal y como avanzó este diario, la Administración valenciana abre la puerta a la financiación de esta mercantil con fondos procedentes de la iniciativa privada.

El preámbulo del mencionado decreto justifica la creación de esta sociedad por "no estar contemplada la incorporación del personal en los presupuestos para el 2018" y por "la búsqueda de la fórmula más idónea" para conciliar lo aprobado en la ley de Acompañamiento con la Ley de presupuestos del Estado de 2017.

Este proyecto se puso encima de la mesa en anteriores reuniones entre sindicatos y la Agencia, y enfadó a los representantes sindicales, que ahora exigen la valoración de la Abogacía sobre este movimiento que no estaba previsto inicialmente ni pactado con los empleados. Lo acordado en un principio era subrogar a los bomberos forestales en la Agencia de Seguridad, tal y como se había aprobado en la ley de Acompañamiento de 2018 por les Corts Valencianes a propuesta del partido de los círculos. Y lo haría, según la correspondiente disposición, "en condición de empleador", pero nunca mediante una sociedad mercantil.

A la espera del aumento salarial

Todo esto, en medio de la exigencia de los bomberos para que el Gobierno central cumpla con el aumento salarial que había pactado a principios de este año. Aunque entonces aseguró que con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, el ministerio de Hacienda daría luz verde; el nuevo equipo de Pedro Sánchez puso como condición que se apruebe el nuevo reglamento de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

Así pues, la Generalitat se ha comprometido a hacerlo el primer pleno del Consell del curso político, que tendrá lugar el próximo viernes 7 de septiembre. Pese a esto y a que ya se ha pactado una solución transitoria de un complemento salarial que asciende a 300 euros mensuales, la huelga indefinida convocada por los sindicatos para el mismo 7 de septiembre, sigue en pie. Y así seguirá, según apuntan las organizaciones sindicales, hasta que no vean hecha realidad su exigencia, hasta que no lo vean en sus nóminas.