Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. Puertos del Estado no exigirá al Puerto de València que tramite una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para la construcción de su nueva terminal de contenedores. El presidente del organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, Salvador de la Encina, manifestó este jueves que legalmente no se le puede exigir a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) una nueva evaluación ambiental del proyecto porque ya cuenta con una DIA de 2007 que sigue vigente, tal y como defiende la propia APV.
"No podemos volver a hacer una DIA. Es cierto que han pasado 12 años, pero en ninguna ley se señala que esa DIA tenga fecha de caducidad", aseguró De La Encina en su intervención en una jornada del Clúster Marítimo Español recogida por Diario del Puerto. En el mismo acto, el responsable de Puertos del Estado dijo que volver a hacer una DIA, tal y como exigen Compromís y varios colectivos vecinales y ecologistas contrarios a la ampliación norte, conllevaría "años de retraso para el proyecto que no sé si la empresa que opta a la concesión estaría dispuesta a asumir".
De la Encina, que hasta ahora no había intervenido públicamente sobre esta polémica, se posiciona de esta forma a favor de la APV en su intención de continuar adelante con el proceso para adjudicar la construcción y explotación de su nueva terminal de contenedores. El grupo naviero MSC ha sido el único que se ha presentado al concurso con una oferta que supera los mil millones de inversión y está pendiente de la adjudicación definitiva, pero su responsable en España, Francisco Lorente, ya ha avisado de que esa inversión peligra si no se cumplen los plazos actuales del concurso.
El posicionamiento de De la Encina debería ser suficiente para zanjar la polémica sobre si el Puerto de Valencia está obligado a obtener una nueva DIA para esas obras, tal y como exigen los contrarios a la ampliación, con el alcalde de València, Joan Ribó, y la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, al frente. Su argumento principal son los doce años que han pasado desde la concesión de la DIA y sobre todo las modificaciones que se han hecho en el proyecto en su fase definitiva de ejecución, motivos a su juicio suficientes como para obligar al Puerto a una reevaluación del impacto sobre el entorno.
Al margen del debate político, con Compromís intentando forzar el posicionamiento del gobierno en funciones del PSOE a las puertas de la campaña electoral, el criterio de Puertos del Estado es el único válido desde el punto de vista administrativo para dirimir la necesidad o no de la nueva DIA.
Así lo recoge de hecho la legislación ambiental, según la cual la competencia para autorizar o para aprobar los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental es el órgano sustantivo del proyecto. En este caso, tal y como figura en el primer punto de la DIA de 2007, el promotor del proyecto es la Autoridad Portuaria de Valencia y el órgano sustantivo es Puertos del Estado.
El criterio de De la Encina refuerza lo manifestado por su jefe el pasado 9 d'Octubre en València sobre este mismo asunto. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, advirtió a Compromís de que las "declaraciones medioambientales simplificadas" no existen, por lo que si se le obliga a la APV a tramitar una nueva DIA harán falta "años para resolverlo". El Gobierno, dijo Ábalos, "hará lo que se tenga que hacer" en relación a este proyecto tras estudiarlo junto al de Ministerio de Transición Ecológica.
La respuesta de Compromís no se hizo esperar. Su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, le recriminó al ministro valenciano su intención de "hacer un traje a medida a una gran empresa en un espacio que debería ser de todos los valencianos y valencianas" y le opinó que el PSOE "no ha aprendido nada del proyecto Castor si quiere ampliar el puerto de València".
La exportación del problema del Puerto a Madrid, el cruce de declaraciones entre Ábalos y Baldoví y el primer pronunciamiento público del presidente de Puertos del Estado llegan la misma semana en la que la coalición valencianista ha endurecido su postura en contra de la ampliación al pasar de pedir un nuevo estudio ambiental a reclamar directamente la paralización de la obra por estar en contra de la ampliación.
Previamente, el alcalde de València, Joan Ribó, ya evidenció sus reservas sobre el proyecto al votar en el consejo de administración de la APV en contra de la admisión de la oferta de MSC en el concurso, mientras que su compañera de partido y consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, sigue a la espera de que su homóloga en el Ministerio, Teresa Ribera, responda a la carta en la que le pedía que instase "de oficio" a la APV a tramitar una nueva DIA.