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Pugna entre Compromís y Podemos por liderar la batalla contra la ampliación del Puerto

24/04/2021 - 

VALÈNCIA. La ampliación del Puerto de València va camino de convertirse en una de las principales disputas políticas de la segunda mitad tanto de la legislatura a nivel autonómico como de mandato a nivel municipal en el Ayuntamiento del Cap i Casal. Los últimos acontecimientos han reavivado la llama entre las ascuas en que se ha convertido esta actuación portuaria. Se trata tanto el pronunciamiento de Puertos del Estado sobre la validez de la declaración de impacto ambiental (DIA) realizada en 2007 para continuar con la ampliación o la carta del Ministerio de Transición Ecológica al Puerto tendente a la planteamiento de una nueva DIA.

En este sentido, los dos partidos más escorados a la izquierda del panorama político valenciano se han mostrado como los más beligerantes contra la ampliación. Compromís y Unides Podem han destacado sobre las voces críticas de asociaciones vecinales y ecologistas y han anunciado que harán todo lo posible para paralizar la operación e incluso han avanzado su intención de llegar a los tribunales. La exposición pública ha llegado a convertirse hasta cierto punto en una pugna por liderar la batalla.

Por un lado, esta semana la coalición valencianista supo capitalizar la Alcaldía de la ciudad en este sentido. Uno de sus principales rostros, el alcalde Joan Ribó, consiguió congregar en el hemiciclo consistorial a numerosas asociaciones vecinales y ecologistas de la ciudad "preocupado por los efectos sobre nuestra ciudad si avanzan las garantías medioambientales o de movilidad sostenible" en esta ampliación portuaria. Las asociaciones citadas lo eran por buscar "otros modelos de relación ciudad-puerto". Es decir, Ribó solicitaba a las plataformas críticas alumbrar un frente común sonoro y visible contra la ampliación. Todo ello en un encuentro sin los socios de gobierno, el PSPV.

Acudieron desde la plataforma más crítica con la ampliación, la Comissió Ciutat-Port hasta Joventut pel Clima, pasando por la Federación de Vecinos y otras asociaciones de los barrios marítimos, Acció Ecologista-Agró, Per l'Horta o Ecologistes en Acció. Y acudieron únicamente concejales a Compromís: el vicealcalde Sergi Campillo -Ecología Urbana-, Giuseppe Grezzi -Movilidad Sostenible-, y Luisa Notario -Gestión de Recursos-. Ni rastro de los ediles de sus socios de gobierno municipal, el PSPV, que dirige la socialista Sandra Gómez. Su ausencia se debía fundamentalmente a que no habían sido citados, según diferentes fuentes socialistas consultadas. 

Ribó con las asociaciones vecinales y ecologistas. Foto: AYTO DE VLC

Gómez criticó a Ribó en este sentido porque a su juicio carecía de sentido una reunión "con los que refuerzan tu opinión" e instaba a conversar con aquellos agentes sociales también a favor de la ampliación. Poco tardaría la cuenta oficial de Compromís València en responderle acusándola de querer "tener la capacidad de ordenar al alcalde con quién se ha de reunir". "En lugar de atacar al alcalde de València, habría de defender más la ciudad y no las empresas con intereses en el Puerto", rezaba el mensaje de la coalición valencianista.

Más allá de este roce, Gómez había manifestado ese mismo día una tesis similar a la del primer edil, esto es, que "cualquier proyecto, y en concreto el de la ampliación, ha de cumplir con todas las normativas medioambientales". Gómez incluso se congratulaba en À Punt con que el Ministerio de Transición Ecológica hubiera planteado una nueva DIA a la Autoridad Portuaria, que dirige Aurelio Martínez, reiteradamente contrario a esta nueva evaluación ambiental.

En la puesta en escena de la reunión tampoco estuvo presente Unides Podem, tercero en discordia en el Consell de la Generalitat Valenciana pero ausente en el Ayuntamiento de València tras las elecciones municipales. Pero la formación morada no quiso faltar a la refriega mediática. La portavoz de Podem en el Cap i Casal, Chelo Poveda, no dudó en verter críticas públicamente contra Compromís para acusarlo de unirse a la causa "a mesa puesta" y después de que las asociaciones, y especialmente la Comissió Port-Ciutat, hubieran anunciado su denuncia ante la justicia.

A juicio de Poveda, "la política es un poco más que postureo", en clara referencia a la coalición valencianista que en la ciudad lidera Ribó: "Que después en persona en el juicio y cuando ya no hay rédito que sacar, se van", sentenciaba la lideresa de Podem en València ciudad sobre Compromís para incidir más tarde en que su partido "desde un primer momento" se posicionó en contra "de esta salvaje ampliación", a diferencia de Compromís según dijo.

Chelo Poveda, portavoz de Podem València

En este sentido, Podem trasladó al alcalde hace más de un año un exhaustivo informe al que ha tenido acceso este diario cuya conclusión era que la ampliación "no responde a una necesidad del tejido industrial próximo a València para exportar/importar mercancías, ni a la saturación del puerto actual" y que confiar la ampliación a una única naviera -en este caso MSC, tras un proceso público- "es peligroso, ya que se concentra demasiada capacidad de decisión en una sola empresa". Desde entonces, Poveda opina que no se ha hecho lo suficiente para paralizar la operación.

La batalla en Les Corts y la Generalitat

Con todo, el enfrentamiento entre los socios del Botànic en esta cuestión fue más allá esta semana cuando Podemos y Compromís, contrarios a la ampliación, solicitaron la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, tras el pronunciamiento del organismo, buscando poner contra las cuerdas a los socialistas. Una petición ante la cual el PSPV se opuso. Su portavoz, Manolo Mata, subrayó que a Toledo le corresponde comparecer en el Congreso y no en el Parlamento valenciano tal y como ha indicado en diversas ocasiones Abogacía del Estado. La propuesta no salió adelante.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, criticó que la operación cuya responsabilidad Puertos del Estado descargó en el Puerto de València frena la regeneración de las costas y daña la Albufera. En este sentido, Lima auguraba que el Puerto "incumplirá, como ya ha incumplido, sus compromisos con Nazaret y La Punta y la regeneración de las playas que ha destruido, además de persistir en el retroceso generalizado de las playas del sur y hacer peligrar l´Albufera”. Además insistió en que la ampliación "no encaja en el modelo de ciudad" proyectado por su formación y que "no es suficiente una DIA del año 2007 basada en una ley con más de tres décadas" y "en plena emergencia climática"

Así pues, tanto Compromís como Podem preguntaron en la sesión de control al president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, sobre esta cuestión. A lo que el titular del Consell respondió que "la ampliación no se puede hacer a cualquier precio" y que el debate debía alejarse de los maniqueísmos para centrarse en el rigor. Así pues, evadió pronunciarse sobre la necesidad o no de una nueva DIA para la ampliación y simplemente se limitó a exigir el cumplimiento de la normativa. Eso sí, defendió que 40.000 familias viven de la actividad el Puerto, así como "miles de pymes y grandes empresas" que lo usan como salida a sus productos.

MSC mantiene su interés

Los nuevos pronunciamientos del Puerto del Estado y del Ministerio de Transición Ecológica no movieron ni un ápice el interés de la futura adjudicataria para la concesión de la nueva terminal del Puerto. Este jueves la Autoridad Portuaria informaba de que TIL, la firma del grupo MSC especializada en explotación de terminales de contenedores, mantiene la oferta que en septiembre de 2019 fue seleccionada por el consejo de administración del Puerto como candidata para hacerse con la concesión. 

Solo resta en este sentido que el Puerto proponga en su próximo consejo de administración el otorgamiento definitivo de la concesión, lo que supondrá poner en marcha de forma definitiva la ejecución de la fase definitiva de la polémica ampliación norte. Y el presidente de la APV está decidido a hacerlo tan pronto como sea posible porque el proyecto, que ha tenido que ser modificado por la APV para excluir sus aspectos más controvertidos en un intento por restar contestación al mismo, ya acumula al menos un año de retraso respecto a sus previsiones.

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