VALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, ha votado este viernes contra la selección de la oferta de MSC y el inicio del expediente para la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores tras plantear sin éxito al resto del consejo dejar en suspenso esta votación para que se analice si es necesario pedir una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DÍA).
“No nos oponemos, pero queremos que se haga bien, con una revisión de los posibles impactos ambientales. Tengo un informe jurídico del secretario del Ayuntamiento que dice que es necesaria nueva DIA”, ha explicado el alcalde a la salida del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El de Ribó, que ha anunciado que el Ayuntamiento presentará alegaciones contra el acuerdo, ha sido el único voto en contra del inicio del expediente, que sí ha contado con el respaldo del resto de consejeros.
El alcalde, que no ha aportado el informe jurídico al consejo pero ha asegurado que lo hará, ha explicado que ese estudio justifica la necesidad de una nueva DIA porque, entre otros asuntos, con la modificación que se ha llevado a cabo sobre el proyecto al que se concedió la DIA original “aumenta el volumen de dragado y hay un indudable impacto sobre la movilidad y en la calidad de la atmósfera porque se duplica el número de TEU”.
Ribó, quien ha admitido que no ha hablado con el grupo naviero que prevé invertir más de mil millones en el proyecto, ha opinado que MSC entenderá que la tramitación del concurso pueda retrasarse si se tiene que tramitar una nueva evaluación ambiental en aras de asegurar la seguridad jurídica. El alcalde ha insistido en que no está en contra de la ampliación, pero quiere que se haga “bien” porque existen ejemplos de lo contrario en el pasado como el de la ZAL que no quiere que se repitan.
Ribó, además, ha subrayado que aunque la APV encargue una valoración técnica independiente sobre este asunto, el Ayuntamiento solo considera válido el criterio del Ministerio de Medio Ambiente, al que la consellera Mireia Mollà ha pedido por carta que inste a la APV a tramitar una nueva DIA.
Por otro lado, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha defendido este viernes que la ampliación norte del puerto de València debe tener en cuenta "todas las afecciones que podrían producirse" a nivel medioambiental y ha garantizado que el Consell trabaja para "buscar el equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad".
Aunque el Consell "no ha abordado" la cuestión en el pleno de este viernes, Oltra ha ahondado en la visión de buscar el equilibrio economía-medio ambiente "no solo en la ciudad de València, sino en todo el área metropolitana". "Nuestras playas, l'Albufera y la Devesa y todas las afectaciones que podrían producirse", ha recalcado.
En esta línea, el seguimiento del impacto medioambiental "sigue su curso", como "todos los escenarios alternativos". Entre ellos ha destacado el acceso por ferrocarril para "minimizar al máximo el impacto que pueda tener el puerto" o las medidas de electrificación.
"Es necesario que los puertos y las ciudades dialoguen, no que estén de espaldas", ha reivindicado, garantizando que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad "trabaja en esta visión".
La 'Comissió Ciutat-Port' --integrada por las organizaciones Per L'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, Associació de Veïns i Veïnes Natzaret i Plataforma El Litoral per al poble-- advierte de que el puerto de València podría incurrir en delito medioambiental y en prevaricación de seguir adelante con la ampliación norte, actualmente en fase de adjudicación.
El colectivo pretende formalizar en los próximos días sus alegaciones al proyecto aprobado en 2018 y que "la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) pretende ejecutar a sabiendas, sin declaración de impacto ambiental que lo avale".
Así lo ha denunciado en un comunicado antes del consejo de Valenciaport, donde asegura que está prevista la selección provisional del concesionario de la ampliación norte del puerto, la empresa que deberá ejecutar las obras y explotarlas durante 35 años.
En concreto, rechaza las "infracciones legales" en las que incurre y sostiene que Valenciaport "no puede ejecutar proyectos al margen de la legislación". "No puede convertirse en una autoridad exenta de cumplir la legalidad y los principios de sostenibilidad ambiental, más si cabe cuando se trata de la protección de la salud de la ciudadanía, la protección del medio ambiente y el patrimonio y los recursos públicos", subraya.
Para la Comissió Ciutat-Port, "seguir adelante con el proceso a sabiendas de las presuntas irregularidades advertidas por los colectivos ciudadanos, así como por el propio Ayuntamiento de València, podría llevar a incurrir en prevaricación a aquellos miembros del consejo de administración que participen de la aprobación".
