VALÈNCIA. La decisión sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla sigue en punto muerto en el seno de la Administración Valenciana. La discrepancia de criterios entre las Consellerias de Territorio y Economía siguen lejos de resolverse. Mientras el departamento que dirige el socialista Arcadi España se inclina más por anular esta actuación ante los sistemáticos incumplimientos del Valencia CF, el equipo de Rafa Climent (Compromís) es favorable a mantener su vigencia hasta 2025, cuando caduca la ATE. Eso sí, penalizando al club que preside Anil Murthy por no acometer los compromisos adquiridos.
Una diferencia de posturas que ha obligado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a intervenir. Así, el jefe del Consell reunió este jueves a ambos consellers en un encuentro de trabajo en el que se abordó esta situación con el ánimo de acercar posiciones, según explican a este diario fuentes conocedoras de la cita, en la que, además, se trataron otros temas.
En principio, la reunión estaba prevista entre Puig y el conseller Climent, pero finalmente el 'president' decidió que España se uniera para limar asperezas tras los últimos desencuentros públicos entre ambos departamentos. Según explican las mismas fuentes, fue tras la sesión de control de este jueves en Les Corts, cuando el 'president' replanteó su cita con el responsable de Economía para convocar de manera "informal" este encuentro a tres bandas.
Aunque la tema en cuestión no se ha zanjado, parece que el camino a seguir con la ATE está más lejos de la anulación, tal y como defendían Territorio y la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, también controlada por la socialista Sandra Gómez. Es más, las mismas fuentes apuntan que lo más probable es que se vaya a mantener la actuación dado que aún quedan cuatro años de vigencia y el club ha presentado un nuevo plan calendarizado.
Así, la nueva propuesta del Valencia pasa por prolongar la actuación estratégica cinco años más, de 2025 a 2030, con el compromiso de empezar en enero de 2022 el polideportivo de Benicalap, y retomar las obras del estadio y la urbanización del entorno del Nou Mestalla en 2024 para acabarlo en 2026.
Y es precisamente este nuevo plan del club lo que dificultaría, según Compromís, cualquier otra determinación que no fuera encaminada a seguir adelante con el proyecto. Desde la formación creen que una decisión contraria podría acabar en los tribunales dado que todavía hay tiempo y el club ha adquirido nuevos compromisos. Por tanto, abogan por penalizar al promotor de la ATE, esto es, al Valencia CF con sanciones por no cumplir con las fases que incluía el convenio firmado en 2015 con la Administración de entonces, presidida por Alberto Fabra.
Pero para Territorio, el documento del Valencia es "muy flojo" y "no aporta las garantías suficientes ni la credibilidad sobre la voluntad de la propiedad de cumplir la ATE en los términos que están". Una opinión compartida por la Concejalía de Urbanismo que hace solo unas semanas presentó las conclusiones de un informe jurídico de su departamento en el que se abogaba por anular la ATE.
No solo el fondo sobre cómo resolver este desarrollo confronta a ambos departamentos de la Generalitat Valenciana, sino también quién ostenta las competencias para tomar la decisión final. Cada cual asegura que la última palabra es competencia de su equipo. Territorio se acoge a que es una cuestión urbanística y al informe del consistorio valenciano que le señala como competente en la materia, mientras que Economía insiste en que la ATE establece que son ellos los que deben dirimir sobre el futuro del desarrollo.
Unas desavenencias entre ambos socios del gobierno del Botànic que tuvieron su última escenificación pública la pasada semana con la cumbre celebrada entre miembros de ambas Consellerias, pero todos ellos de Compromís, y que fue convocada por el secretario autonómico de Vicepresidencia, Ivan Castañón. Una reunión para presionar al PSPV, que, de hecho, provocó las críticas del actual portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, que llegó a insinuar que la coalición valencianista estaba actuando "como lobistas del propietario del club".
Para poner fin a este conflicto, el 'president' entraba este jueves en escena. Ahora lo que también está encima de la mesa es el documento que ha elaborado Territorio, y que reclama Economía, sobre las posibles penalizaciones para el Valencia por la demora de la primera fase de la ATE que recogía la construcción de un hotel, propiedad de Expo Grupo, en la Avenida de Aragón sobre la parcela en la que se ubicaron en su día dependencias municipales y cuya edificabilidad terciaria fue transferida del antiguo solar de Jesuitas.
Un texto para ir avanzando en la única cuestión que parece que comparten ambos departamentos: que el Valencia debe ser sancionado por no cumplir con el primer hito de la actuación. Aunque, no obstante, tampoco parece probable que la segunda fase, que incluía la finalización del nuevo estadio, se vaya a ejecutar dado que finaliza el próximo 18 de agosto, tras el aumento de plazo concedido al club por la pandemia. El calendario corre y la decisión sigue en al aire.