'Dia D' para la ATE del Nou Mestalla: el TSJ decide sobre los beneficios urbanísticos del Valencia CF 

VALÈNCIA. El futuro del Nou Mestalla encara un nuevo capítulo este miércoles, cuando está previsto que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictamine sobre la vigencia o la caducidad de la conocida como ATE (Actuación Territorial Estratégica), la herramienta urbanística aprobada por la Generalitat en 2012 y que le daba al Valencia CF numerosos beneficios urbanísticos a cambio de construir el nuevo estadio y cumplir otras condiciones en un plazo determinado. El incumplimiento de los plazos motivó que la administración declarara su caducidad de manera anticipada, pero el Valencia acudió a los tribunales para defender sus intereses.

El alto tribunal valenciano debe juzgar, en ese sentido, si la decisión del Consell, entonces presidido por Ximo Puig, fue ajustada a derecho. Sus motivos no fueron otros que los incumplimientos más que evidentes del Valencia CF, presidido por Peter Lim, en sus obligaciones fijadas en la mencionada herramienta urbanística, si bien el club se escudó en el impacto de la crisis del coronavirus y en retrasos de la administración para eximirse de cualquier responsabilidad, además de señalar que alguna de las condiciones no dependían exclusivamente de él.

Cabe recordar que la ATE sirvió para recalificar los terrenos del actual Mestalla, sitos en la avenida de Aragón, para insuflarle 40.000 metros cuadrados de suelo terciario -cuya venta le serviría al club para financiar parte del macroproyecto-. Unos beneficios urbanísticos a cambio de los cuales el Valencia CF se comprometía a cumplir diferentes fases, con sus plazos perfectamente tasados.

Incumplimientos

Así, en una primera fase fechada para 2018, se tenía que haber demolido el edificio de dependencias municipales de la Avenida de Aragón, ejecutado la urbanización del entorno y construido el hotel de Expo Grupo en su lugar. Esta era una fase "improrrogable" de la que se incumplió el último punto: Expo Grupo no ha erigido todavía su complejo hotelero. Sobre esto, el Valencia aduce que dicha responsabilidad no es suya sino de la firma hotelera, para lo que se acoge a un informe que así lo afirma y que fue emitido por la concejalía de Urbanismo, dirigido entonces por Sandra Gómez.

Donde no hay duda sobre el incumplimiento es en la segunda fase, que tendría que haber estado concluida en 2021, y que suponía la urbanización del entorno del Nou Mestalla, la construcción del polideportivo de Benicalap, el desarrollo del suelo terciario del nuevo estadio y, sobre todo, la finalización del Nou Mestalla en la Avenida de Cortes Valencianas. Como es comprobable, nada de esto ha ocurrido aún. Con estos mimbres, la Generalitat declaró la caducidad anticipada de la ATE en el verano de 2022 tras rechazar las alegaciones presentadas por el club, que acabó presentando el recurso contencioso-administrativo.

El Valencia se defiende

En sus alegaciones, el Valencia achacaba la culpa de los retrasos, por una parte, a la inactividad del Ayuntamiento de València en varios trámites, a "las consecuencias de la Covid", así como a la dificultad para financiar el nuevo estadio "por la "complejidad de las negociaciones con varios inversores interesados en comprar las parcelas del Viejo Mestalla". Por lo que consideraba la decisión de tumbar la ATE como "injustificada, desproporcionada y onerosa para el interés público", y solicitaba la ampliación de los plazos.

En este sentido, cabe recordar que la Generalitat solicitó un informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) antes de tomar una decisión. Y el organismo desmontó uno por uno los argumentos del club. Así, aunque "aprecia demora por parte de la administración local en algún trámite inicial" de la reparcelación, esta no fue "determinante en el incumplimiento del Valencia CF", y tampoco "se constata una falta de actuación" del Ayuntamiento para las licencias.

En cuanto al impacto de la covid y los problemas de financiación, para el CJC entrarían dentro del principio de "riesgo y ventura" que se asume en los contratos, especialmente teniendo en cuenta que al llegar la pandemia, ni si quiera se había reactivado la construcción. Y sobre el hotel de Expo Grupo, el CJC sí entiende que es responsabilidad del Valencia CF al haberlo asumido como compromiso dentro de la ATE. Todos ellos argumentos jurídicos en los que se respaldó el Consell para acordar la resolución anticipada.

La batalla judicial

Así pues, las cuestiones fundamentales que se deberán dirimir en la valoración del caso tienen que ver con la responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones fijadas en la ATE. En ese sentido, el club remitió hace poco a la sala del TSJ un informe reciente del Ayuntamiento de València, que reconocía que no se puede "apreciar la concurrencia de una inequívoca voluntad por parte del mismo (el VCF) de abandonar la obra y su proyecto de construcción". Esto es, que el Valencia sí habría mostrado interés en llevar a cabo la actuación.

Cabe resaltar que este informe es en respuesta a la solicitud de un particular para declarar caducada la licencia de obra y actividad. Y en ese sentido, la concejalía de Urbanismo, que ahora dirige Juan Giner, tuvo que salir al paso para aclarar que el argumento sostenido en el informe para mantener la vigencia de las licencias no implica que el club haya incumplido sus compromisos, por lo que no tendría por qué afectar al procedimiento judicial.

Otro de los asuntos en liza es si el Valencia incumplió o no la primera fase, esto es, si la construcción del hotel de Expo Grupo es responsabilidad del club. Y aquí hay opiniones diferentes: mientras que el Ayuntamiento de València sostiene que el nuevo hotel depende de la compañía que ha de construirlo, el CJC y por tanto la Generalitat sostienen que es responsabilidad del club al haberlo asumido como compromiso en la ATE.