VALÈNCIA. La Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla está generando un verdadero quebradero de cabeza a la Generalitat Valenciana. Una actuación que, además, ha provocado fuertes discrepancias entre Compromís y PSPV, dos de los socios de gobierno en el Botànic, sobre cómo actuar con este desarrollo urbanístico, cuya caducidad vence en 2025, y quién debe tener la última palabra en el proceso. Lo cierto es que el Valencia, promotor de este desarrollo, ha incumplido varios de los compromisos adquiridos, pero recientemente ha presentado una nueva propuesta para prorrogar hasta 2030 la ATE. Pero para los socialistas no es suficiente.
Unas posiciones encontradas que llevaron a altos cargos de Compromís a convocar este jueves una reunión entre las Consellerias competentes en este asunto para presionar al PSPV tras la falta de comunicación en las últimos semanas. A la cita, convocada por la secretaría autonómica de Vicepresidencia y la dirección general de Coordinación Institucional, asistieron por parte de Territorio, la secretaria autonómica de Política Territorial, Inma Orozco; y la directora general de este departamento, Rosa Pardo, mientras que de Economía acudió el subsecretario de la Conselleria, Natxo Costa; y la directora general de Comercio, Rosana Seguí. Todos ellos miembros de Compromís.
Según explicaron a este diario fuentes de la reunión, el encuentro sirvió para "poner en común los diferentes aspectos jurídicos" que envuelven la ATE. "Estamos de acuerdo en que hay actuar de forma absolutamente respetuosa con la ley y tomar las decisiones que sean más favorables al interés general y del Valencia", puntualizaron las mencionadas fuentes, que consideraron que "el ruido mediático que hay en torno a la propiedad del Valencia no puede condicionar la ATE, que debe responder a aspectos legales".
Aunque no se llegó a ninguna conclusión, Economía emplazó a Territorio a que le trasladara un informe que está elaborando sobre las posibles penalizaciones para el Valencia por la demora de la primera fase de la ATE que recogía la construcción de un hotel, propiedad de Expo Grupo, en la Avenida de Aragón sobre la parcela en la que se ubicaron en su día dependencias municipales y cuya edificabilidad terciaria fue transferida del antiguo solar de Jesuitas. Un documento que podría ser trasladado al departamento de Economía en los próximos días.
Críticas del PSPV
Un encuentro que levantó las críticas del edil de Hacienda en el Ayuntamiento de València y actual portavoz del PSPV en el consistorio, Borja Sanjuán, quien señaló que "Compromís no puede buscar excusas" para la urgencia de "exigir a los responsables de la entidad deportiva que cumplan". Los socialistas ven la cita de este jueves como una presión por parte de sus socios de gobierno.
"No me gustaría que haya partidos políticos que están intentando buscar razones de forma para evitar pronunciarse sobre el fondo o seguir actuando como lobistas del propietario del club", señaló Sanjuán. Así, subrayó que "no puede haber una discusión sobre competencias, sino sobre decisiones" y aseguró que la decisión sobre la ATE que debe tomar la Generalitat es "la de defender el interés general".
Además, la reunión de este jueves se saldó con el compromiso de estudiar la decisión final dado que la segunda fase de la ATE, que incluía la finalización del nuevo estadio, vence el próximo 18 de agosto, tras el aumento de plazo concedido al club por la pandemia. En principio, esta segunda fase finalizaba el pasado 15 de mayo, pero la fecha se retrasó debido a la paralización de los plazos administrativos con motivo del estado de alarma.
Por tanto, y dado que el club presentó sus nuevos plazos de ejecución en abril, en la coalición valencianista consideran que la resolución final debería emitirse lo largo de junio. El calendario corre en contra del club, que deberá conocer la resolución final de la Administración valenciana para dar los siguientes pasos.
Con todo, el nuevo plan de la entidad presidida por Anil Murthy pasa por prolongar la actuación estratégica cinco años, de 2025 a 2030, con el compromiso de empezar en enero de 2022 el polideportivo de Benicalap, y retomar las obras del estadio y la urbanización del entorno del Nou Mestalla en 2024 para acabarlo en 2026. Un proyecto que los socialistas ven "bastante flojo" porque creen que no aporta las garantías suficientes como para justificar nuevos plazos.
El lío de las competencias
En cambio, desde la Conselleria de Economía, dirigida por el Rafa Climent (Compromís) se inclinan por una penalización al Valencia por los incumplimientos en las fases de la ATE, pero sí estarían dispuestos a prorrogarla dado que aprecian una nueva voluntad del club por cumplir con su compromiso tras presentar una nueva propuesta. Más tajante es Territorio, encabezada por el socialista Arcadi España, cuya postura es más proclive a anular la actuación al considerar que el nuevo diseño presentado por el club "no aporta las garantías suficientes ni la credibilidad sobre la voluntad de la propiedad de cumplir la ATE en los términos que están", según señaló España en declaraciones a los medios hace unas semanas.
Una tesis compartida por la Concejalía de Urbanismo, también controlada por la socialista Sandra Gómez, que hace solo unas semanas presentó las conclusiones de un informe jurídico de su departamento en el que se aboga por anular la ATE, pese a la petición de prórroga de 5 años más del club. "A día de hoy no se ha ejecutado nada que pueda verificar que el Valencia ha cumplido con alguno de sus compromisos. No solo hay una obra en marcha sino que no hay ningún proceso abierto para iniciarlas", defendió Gómez.
De acuerdo con ese documento, será Territorio quien tenga la decisión final sobre si dar luz verde o no a la prórroga que pide el club. "La declaración de caducidad conllevará la reversión, retroacción y reposición de los bienes, actuaciones y obras, así como, en su caso la derogación de las previsiones de planeamiento, en los términos que resuelva la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente", indica el informe elaborado por Urbanismo. Así lo considera también esta Conselleria al tratarse de una actuación urbanística.
No obstante, Economía se acoge a la ATE para defender su competencia sobre la decisión final. Y es que el texto aprobado en 2015 explicita que será la Conselleria que ahora dirige Climent la que tenga la última palabra en este proceso. "En caso de renuncia a la condición de promotor de la ATE, la cesión de la misma o la modificación de cualquiera de las condiciones de gestión previstas deberá ser autorizadas por Economía, previo informe favorable de la Conselleria de Infraestructuras", señala la resolución por la que se aprobaba la ATE en 2015, cuyo convenio de ejecución le correspondía firmarlo a la Conselleria de Economía.
Anular o prorrogar, esa es la cuestión
Pero, además, ambos departamentos del Consell discrepan sobre el fondo de la decisión: suspender o prorrogar. La formación naranja ve dudas jurídicas en caso de anulación y creen que la actuación podría acabar en los tribunales, dilatando aún más los tiempos. Además, defienden que el club ya ha presentado un nuevo documento con plazos concretos para reactivar la urbanización del entorno del Nou Mestalla, por lo que prefieren fijar penalidades al promotor de la ATE por los incumplimientos que frenar todo el desarrollo.
Sin embargo, tanto Territorio como la propia concejalía de Urbanismo ven insuficiente la propuesta. "A la hora de dar una prórroga, hay que acreditar que el promotor haya dado algún paso en este sentido. En este sentido, todos los informes confirman que hay una inactividad total por parte del Valencia", subrayó Gómez. Eso sí, en caso de anular la ATE, la edil explicó que no acabaría las obligaciones del club con el Nou Mestalla y los terrenos sitos en las inmediaciones de la avenida de Cortes Valencianas.
El golpe para el Valencia sería la pérdida de cerca de cuarenta mil metros cuadrados con el consecuente impacto económico de perder ese terciario que podría rondar los veinticinco millones de euros. Por tanto, la Generalitat debe decidir en los próximos meses el futuro de la ATE.
Foto: KIKE TABERNER
