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las "notas jurídicas" que preparó el secretario están siendo revisadas, sostiene el ayuntamiento

Ribó retrasa la entrega del estudio jurídico contra la ampliación del Puerto porque lo está retocando

2/10/2019 - 

VALÈNCIA. De estudio jurídico del secretario del Ayuntamiento a notas en revisión. De comprometerse a aportarlo de forma inmediata al consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia a retrasar su entrega porque se está ampliando con nueva documentación. Esta es grosso modo la evolución que está siguiendo el principal argumento del alcalde de València, Joan Ribó, para votar en contra de la construcción de la nueva terminal de contenedores del Puerto de València: unas notas recogidas en poco más de tres folios sin fecha ni firma.

El pasado viernes, tras la reunión del consejo de administración de la APV en la que se aprobó aceptar la oferta de mil millones presentada por MSC para construir esa nueva terminal, Ribó justificó su voto en contra de la decisión y anunció la presentación de alegaciones por parte del Ayuntamiento con el objetivo de lograr que el proyecto quede en suspenso hasta que el Ministerio de Transición Ecológica determine si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Lo hizo, según explicó él mismo a la salida de la reunión, siguiendo las conclusiones de un "estudio jurídico" preparado por el secretario municipal en el que se concluía que la APV debería instar una nueva evaluación ambiental porque el proyecto de ampliación para el que se le concedió la DIA vigente, que se aprobó en 2007, ha sufrido "modificaciones sustanciales" respecto al que se va a llevar a cabo ahora.

"No nos oponemos, pero queremos que se haga bien, con una revisión de los posibles impactos ambientales. Tengo un informe jurídico del secretario del Ayuntamiento que dice que es necesaria una nueva DIA", sostuvo el alcalde. Preguntado por si había puesto ese informe a disposición del resto de consejeros, admitió que no, pero dijo que no tenía "ningún problema" en hacerlo en breve.

Sin embargo, el consejo de administración de la APV continúa sin conocer los argumentos jurídicos concretos en los que el alcalde basa sus recelos hacia el proyecto. Según explican fuentes presentes en la reunión del viernes, Ribó se comprometió aportar el documento "de forma inmediata". Lo hizo, según apuntan, cuando el representante de Puertos del Estado le afeó que no lo hubiera llevado al consejo, máxime cuando él mismo ya se refirió a la existencia de ese estudio en la reunión que mantuvo el miércoles con el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y con el conseller de Obras Públicas, Arcadi España.

Todo apunta a que no será así. Según explicó un portavoz del alcalde a preguntas de Valencia Plaza, el contenido de las "notas jurídicas" que se habían preparado se está "ampliando" con nueva información adjunta sobre el proyecto. Las mismas fuentes no precisaron ni la fecha en la que el secretario facilitó esas "notas" al alcalde ni cuándo se las encargó.

Tres folios y medio sin fecha ni firma

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, esas notas sobre la ampliación norte del Puerto de Valencia son un documento de tres folios y medio sin fecha ni firma en el que se repasan los antecedentes de la ampliación norte, la cobertura jurídica y se emite una opinión sobre la evaluación ambiental.

Al mismo se adjunta alguna documentación técnica sobre el proyecto, como la propia DIA de 2007 o un informe encargado por el Puerto sobre el impacto de la ampliación en las playas al sur elaborado por un catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) que concluye que el relleno de los diques de abrigo que se construyeron en 2012, que es la parte de la obra que se va a ejecutar ahora, no tendrá impactos previsibles sobre la regresión de esas playas.

Pues bien, en las conclusiones de esas notas jurídicas que Ribó atribuye al secretario se determina que la "posible incidencia ambiental" de las modificaciones previstas sobre el proyecto para el que se concedió la DIA de 2007 justifican una nueva declaración.

Para argumentarlo, el documento sostiene que el basculamiento de las playas situadas al norte –Malvarrosa– y al sur del recinto –Pinedo y El Saler– "no es en absoluto el único posible impacto ambiental del proyecto" porque se valoran "otras posibles afecciones cuya incidencia ambiental podría variar" por el cambio de ubicación previsto en el muelle principal en el que se ubicará la terminal de MSC.

Entre ellas cita la necesidad de comparar los volúmenes de dragado que serán necesarios ahora con los del proyecto original; la "afección a la flora y la fauna marina"; la contaminación atmosférica y el impacto sobre el tráfico, ya que el cambio en el proyecto se justifica precisamente por la necesidad de atender a buques cada vez más grandes y con más contenedores; y la afección al paisaje, porque "el campo visual de grúas y almacenamientos desde la playa de la Malvarrosa resultaría ampliado de forma considerable".

Ribó pudo oponerse hasta en tres ocasiones

La petición del alcalde de València de que el proyecto quede en suspenso hasta que se analice si procede una nueva DIA llega meses después de que la APV haya lanzado el concurso público para buscar un inversor privado dispuesto a asumir el grueso del coste de la ampliación.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, el grupo naviero MSC ha sido el único que ha pujado por la terminal con una inversión prevista superior a mil millones de euros que, según el presidente de la APV, Aurelio Martínez, se pondría en peligro de prosperar la exigencia del alcalde y varias plataformas contrarias a la ampliación.

Sin embargo, Ribó ha tenido varias ocasiones para defender la necesidad de una nueva DIA, incluso antes de que la APV convocara ese concurso: dos en el propio consejo de administración del Puerto y una como alcalde. La primera fue el mes de octubre de 2018, cuando se entregó en el consejo de administración el borrador de los pliegos para la convocatoria del concurso de selección del inversor. La segunda fue en la reunión del mes siguiente, cuando los consejeros de la APV dieron luz verde a los los pliegos definitivos para el concurso de construcción de la que va a ser la cuarta terminal de contenedores del Puerto de Valencia y el Plan de Empresa de 2019.

Además, Ribó sabía desde mayo de 2018 que los gestores del Puerto no pensaban pedir una nueva DIA, tal y como quedó recogido en un informe que le entregó al alcalde como miembro de la comisión puerto-ciudad en la que técnicos de la propia APV concluyeron que no se necesitaba una nueva evaluación ambiental.

Además, el Gobierno que él encabeza echó atrás en abril de este año una moción de València en Comú que pedía exactamente que se realizara una evaluación ambiental antes de iniciar la adjudicación de las obras.

María Oliver registró una moción para el último pleno de la legislatura, el 25 de abril, en la que solicitaba a la Autoridad Portuaria que pidiera una nueva "Evaluación de Impacto Ambiental antes de adjudicar el concurso para la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del puerto de València", pero fue retirada y no llegó a debatirse en el pleno.

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