VALÈNCIA. Para el Consell sigue siendo un "compromiso inexcusable" de Pedro Sánchez con Ximo Puig. Para el Ministerio de Hacienda ha pasado a ser un asunto "en estudio" sobre el que no hay "nada decidido". La condonación de 373 millones de deuda del Consorcio València prometida por el Gobierno central ha caído al último lugar en el orden de prioridades de Sánchez para desgracia de la Generalitat y el Ayuntamiento, dos de las tres administraciones que participan en el ente gestor de la Marina y que, por tanto, responden de esa deuda.
La asunción de esa deuda por parte del Estado fue una de las contrapartidas que el presidente de la Generalitat logró el pasado verano a cambio de apoyar la senda de déficit del Gobierno de Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un posicionamiento que le ocasionó una de las mayores crisis con su socio de Gobierno de toda la legislatura, ya que Compromís defendía la abstención.
Meses después, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, concretó la fórmula para cumplir ese compromiso en una visita a València. Se haría vía Presupuestos Generales del Estado o, en su defecto, mediante un decreto-ley en el caso de que los PGE de 2019 no superaban el trámite parlamentario, tal y como ha sucedido.
El Ministerio de Hacienda cumplió la promesa de perdonar la deuda impagada que el ente organizador de la America's Cup mantenía a raíz del crédito que el ICO concedió para financiar las infraestructuras para acoger la competición mediante una disposición al frustrado Proyecto de PGE de 2019. Sin embargo, una vez rechazados los presupuestos, no está garantizado que el Ejecutivo vaya a poner en marcha el plan B.
Preguntadas al respecto por Valencia Plaza, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que ahora es momento de "estudiar qué ocurre" con las cuestiones pendientes tras el rechazo de las cuentas. "Hay que ver qué pasa", subrayaron.
Los reparos del departamento que dirige María Jesús Montero para ratificar el compromiso adquirido por su secretaria de Estado contrasta con las esperanzas que aún alberga el Consell para librarse del problema. Horas después de certificarse en revés a los PGE, fuentes de Presidencia entendían que nada había "cambiado" respecto al compromiso "incuestionable" de Sánchez. "Teniendo el compromiso del Gobierno, encontraremos la fórmula", señalaron.
Sin embargo, la debilidad en la que ha quedado el Gobierno de Pedro Sánchez, quien este mismo viernes anuncia la fecha definitiva para el adelanto de las elecciones generales, complica enormemente la vía del real decreto, una herramienta legislativa reservada a cuestiones de urgente necesidad, tal y como reconoció este jueves la propia ministra de Hacienda.
Montero explicó que tras el rechazo a sus Presupuestos puede ir "tirando" a base de decretos leyes, pero solo durante un tiempo "breve", por lo que "es evidente el adelanto de la convocatoria electoral".
Con todo, el Ayuntamiento de València, que lleva años reclamando para el Consorcio el mismo trato que el ICO dio a otros acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza, aún confía en la palabra de Sánchez.
El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, confirmó este jueves que el consistorio solicitará al Gobierno de España la elaboración de un decreto ley que asegure la condonación de la deuda de la Marina y la dotación de 10 millones para el transporte metropolitano, otra de las cuestiones que se evaporan con el revés a los PGE.
Al no ser aprobados los PGE, Vilar confirmó la presentación de una moción en la Junta de Gobierno Local para que el Gobierno de España elabore un decreto ley que permita el cumplimiento de estos compromisos. El alcalde de València, Joan Ribó, también aludió al "preacuerdo" con el Ejecutivo central, pero asume que "se tendrá que volver a hablar".