Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha emprendido la tarea de cerrar frentes con el personal sanitario. Tras numerosos desencuentros en los últimos meses que van desde la jornada de 35 horas al decreto de 'macroáreas', este jueves iniciaba reuniones con comités de empresa de servicios revertidos para aplacar el malestar generado entre el personal a extinguir. El pasado mes, organizaciones sindicales convocaron concentraciones tanto en el Palau de la Generalitat como en los propios centros para solicitar el cumplimiento de las mejoras laborales acordadas durante el Govern del Botànic y que no se habían llegado a implementar.
Desde las concesiones público-privadas de La Ribera, Torrevieja y Dénia a la asunción de la resonancias magnéticas y la farmacia socio sanitaria de las residencias públicas, más de 2.500 trabajadores conviven con diferentes convenios colectivos en la sanidad pública en un 'caos' de jornada y salarios que llevan años sin actualizar. En aras de empezar a desatascar conflictos, este jueves el conseller Marciano Gómez suscribía un acuerdo de condiciones de trabajo con el comité de empresa del personal subrogado de Torrevieja.
Un pacto que regirá las condiciones de trabajo de este colectivo de profesionales hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta la firma del nuevo convenio colectivo, al entender que el acuerdo firmado durante el mandato del anterior conseller Miguel Mínguez para el periodo 2023/2028 carecía de informe previo y preceptivo de Presupuestos. El conseller señalaba tras la firma que el objetivo de Sanidad es "equiparar los regímenes jurídicos de los trabajadores de la sanidad pública para evitar que haya profesionales de primera y de segunda".
Este pacto, según concreta Sanidad, contempla distintos beneficios laborales, como una reducción en la jornada máxima anual efectiva o mejoras en las retribuciones por la realización de jornada complementaria de guardia, entre otras medidas. También, incorpora el compromiso de continuar con las negociaciones para suscribir el nuevo convenio colectivo.
Este jueves, el conseller también pretendía firmar el acuerdo de actualización de condiciones para el personal de resonancias y farmacia socio sanitaria. Éste también fue rubricado durante el Gobierno del Botànic, y a pesar de ser publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), desde Sanidad señalaron que no tenía el informe preceptivo de Hacienda. Ahora, Gómez planteaba un acuerdo con las mismas condiciones que el anterior, pero acotado a las anualidades de 2023 y 2024 frente a una ampliación hasta 2028.
No obstante, el acuerdo no se ha firmado a falta de algunas modificaciones, como la eliminación de la apreciación de que el anterior acuerdo era nulo de pleno derecho. Además, también se ha solicitado volver a incluir una comisión negociadora para homogeneizar condiciones con el personal estatutario en los próximos años, al tener este colectivo menos capacidad negociadora que los trabajadores de las concesiones.
Mientras, el personal de La Ribera, tras varios intentos de negociación, decidió ir a la huelga la pasada legislatura para finalmente llegar a un acuerdo en el TAL, en el que una de las mejoras acordadas suponía que, a partir del 1 de enero de 2024, se les aplicara el derecho de jornada del personal que ocupe una plaza estatutaria, cuestión que no se ha implementado. Por lo pronto, la cuestión se encuentra judicializada y no parece que vaya a avanzar por la vía del acuerdo.
"UGT Serveis Públics considera que la Conselleria de Sanidad no ha tenido más remedio que entrar en razón después de las diversas movilizaciones de los sindicatos en los que se ha venido reclamando el cumplimiento de los acuerdos y la homologación del personal a extinguir", señalan desde sindicato. "En el caso de Torrevieja, UGT ha dado su respaldo en el comité de empresa porque recoge, sino todas, sí el grueso de las propuestas que se han venido reclamando y que Sanidad se negaba a asumir". No obstante, vuelven a criticar las formas al entender que el personal de resonancias y farmacias socio sanitarias han sido convocados con apenas 24 horas de antelación, "sin margen de tiempo para analizar las propuestas y consultar a los trabajadores y trabajadoras".
"Desde FSS CCOO PV no vamos a castigar a los trabajadores porque no nos gusten los procedimientos emprendidos", apuntan desde el sindicato, que como UGT alude a las formas empleadas. En este sentido, solicitan que se retome la senda del diálogo social "ya que los decretazos y las decisiones unilaterales solo conducen al conflicto". En todo caso, valoran los avances y el diálogo establecido con los trabajadores de Torrevieja.
Desde los sindicatos también iniciaron la negociación de un convenio colectivo de los seis institutos sanitarios de investigación de la Comunitat Valenciana: el IIS La Fe, Incliva, Fisabio, Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia, Fundación de Investigación Hospital Provincial de Castellón e Isabial. Éste documento, que empezó a perfilarse la pasada legislatura, sigue avanzando para su aprobación en las diferentes consellerias y así afrontar la confección del Estatuto del Investigador.
En este sentido, fuentes sindicales apuntan a la necesidad de avanzar con el convenio colectivo para evitar demandas por equiparación salarial y agravio comparativo, debido a que las nuevas convocatorias están saliendo con las tablas del convenio no publicado mientras que el personal con antigüedad está con el salario precario. Diferencias salariales que pueden suponer en algunos casos unos 5.000 euros más por año por la misma categoría.
No obstante, parece que el convenio ha quedado atascado por dos informes desfavorables de Hacienda. En este sentido, fuentes sindicales apuntan a la inclusión de las fundaciones de los consorcios, de los que la conselleria señala que no son su competencia. Mientras, también apuntan al incremento de masa salarial de más del 5%, por lo que superaría el tope marcado por la ley de Presupuestos. No obstante, este jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba la próxima aprobación de un decreto ley para contratar a más de 200 investigadores en abril con el fin de ofrecer un nuevo marco legal para que el personal investigador de la Comunitat Valenciana tenga más estabilidad y mejores salarios.
