VALÈNCIA. La amenaza de la exconsellera de Sanidad Ana Barceló de recurrir la compra de las acciones de DKV por parte de Ribera para la gestión del departamento de Dénia ha quedado en aguas de borrajas. Así lo confirman desde el antiguo departamento de Barceló, ahora liderado por Miguel Mínguez, quienes señalan que no se ha puesto ningún recurso y que se esperará a la finalización del contrato para evitar litigar.
Esta postura contrasta con lo verbalizado por la ahora síndica del PSPV, quien reiteró en varias ocasiones al comité de empresa y la junta de personal del Hospital de Dénia su intención de impugnar el acuerdo en la vía judicial al considerar la existencia de incumplimientos en el traspaso del 65% de las acciones de Marina Salud, firma concesionaria del departamento de salud.
Sanidad, entendía que para dicho traspaso se debería haber solicitado autorización expresa y previa a la Generalitat como administración que otorga la concesión, tal y como estarían obligadas a hacer según un informe de la Abogacía de la Generalitat encargado por Sanidad una vez la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la operación. Sin embargo, insistían en que la operación fue comunicada a posteriori aunque la empresa liderada por Elisa Tarazona señalara lo contrario.
En septiembre, dos semanas después de que las empresas dejaran constancia por registro de entrada de su acuerdo para el traspaso accionarial y de que los directores generales de DKV y Ribera, Josep Santacreu y Elisa Tarazona, respectivamente, se lo comunicaran personalmente, la entonces consellera de Sanidad se presentó ante el comité de empresa y la junta de personal para anunciarles su intención de impugnar el acuerdo entre las empresas. Un propósito que finalmente no fue ejecutado.
En febrero Barceló volvía a reunirse con los trabajadores y les trasladaba que no se había iniciado ningún movimiento a falta de contar con la escritura de compraventa de las acciones, pero les prometió que actuaría en "breve". Una promesa que finalmente no llevaba a cabo. De hecho, tal y como confirman las empresas que forman parte del acuerdo, en ningún caso han recibido notificación de ningún proceso.
El traspaso accionarial implica un cambio de mayorías que podría ser asimilable a una cesión de contrato y para Sanidad eso requería una autorización. No obstante, en la Ley de Contratos, en los relativo a "supuestos de sucesión del contratista", se señala que en el caso de escisión, aportación o transmisión de empresas con la entidad a la que se atribuya el contrato, ésta quedará subrogada en los derechos y obligaciones del mismo siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación.
La ley también recoge que en el caso de darse una transmisión de la empresa a otra empresa lo único que deberá hacer la compañía es "comunicar al órgano de contratación la circunstancia producida". Sin embargo, y a pesar del informe de la Abogacía sí avalaba -según Sanidad- el recurso, el paso de los meses -ya más de diez- ha dejado el asunto en el aire y ha relajado la posición con las concesionarias.
Otro posible incumplimiento de la operación, a ojos de la Generalitat, pasaba por la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que impide que una misma empresa pueda controlar más del 40% de las acciones de las firmas concesionarias en más de un departamento sanitario. Ésta fui incluida en 2018 mediante una modificación de la norma, porque aunque entonces Ribera ya controlaba las concesiones de Torrevieja y Elche, la prohibición no podía ejercerse con efecto retroactivo.
No es baladí las múltiples promesas que el Govern del Botànic ha generado alrededor de la reversión del departamento de Dénia. El president de la Generalitat, Ximo Puig, en numerosas ocasiones y durante años, ha señalado que la gestión de la sanidad comarcal sería cien por cien pública "en unos meses" con el rescate de la concesión.
Un anuncio que se realizó por primera vez en el Debate de Política General de 2016 con la intención de que el departamento pasara a ser de gestión pública antes de su finalización en 2024, interrumpiendo así el modelo Alzira que lleva vigente en el área desde su apertura en 2008. Un objetivo que, pese a ser reiterado públicamente en varias ocasiones por el jefe del Consell, y respaldado por sus socios en el Ejecutivo, Compromís y Unides Podem, parece que no se ejecutará hasta la fecha de vencimiento de contrato.
Fue en 2019 cuando Puig se negó que se incluyera el retorno del hospital alicantino a la sanidad pública en los Acuerdos del Botànic II, la reedición por segundo año consecutivo de los compromisos que asume el nuevo Gobierno valenciano y que finalmente se quedó en una promesa de recuperar las concesiones cuando finalizaran los contratos.
Cabe recordar que, a pesar de las numerosas cuentas que echaron desde la Conselleria de Sanidad para comprar las acciones a DKV, finalmente el acuerdo no avanzó en la compra y Ribera terminó por ejecutar lo que desde 2016 se había convertido en una amenaza para el departamento de la entonces consellera Carmen Montón.