Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. En plena sexta ola y con la mayor cifra de contagios diarios de toda la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha decidido dar por finalizado el megacontrato de 2.500 millones de euros para adquirir material sanitario y equipos de protección individual para combatir la pandemia. Se trata del acuerdo de compra centralizada impulsado por el exministro Salvador Illa junto a las CCAA para facilitar el acceso en mejores condiciones de plazo y precio a mascarillas, test y toda clase de elementos de protección contra el contagio.
Con la resolución de ese acuerdo marco, encaminado a crear una reserva estratégica de material sanitario ante la llegada de nuevas olas, de ahora en adelante será cada CCAA la que acuda por su cuenta al mercado según sus necesidades. Todas excepto la Comunitat Valenciana, ya que la Conselleria de Sanidad fue la única que en su momento decidió descolgarse del contrato nacional e impulsar un acuerdo marco autonómico con condiciones de acceso más flexibles para las empresas valencianas. A diferencia del contrato nacional, el de la Comunitat Valenciana se mantiene en vigor.
Según ha podido contrastar este periódico con varias de las empresas seleccionadas el año pasado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) como proveedoras del Ministerio y las CCAA, el departamento hoy dirigido por Carolina Darias les comunicó hace pocos días la resolución del contrato porque ya no se daban las circunstancias para mantenerlo en vigor.
A pesar de los exigentes requisitos impuestos por el Ingesa, varias empresas de la Comunitat Valenciana resultaron seleccionadas para algunos lotes. Es el caso de los laboratorios Imegen, Sistemas Genómicos y la UTE formada por las compañías Progenie molecular y Especialidades Médico Ortopédicas, adjudicatarias del lote para la compra de kits de realización de pruebas PCR destinados a hospitales públicos.
El acuerdo se firmó a finales de 2020, antes de la llegada de la tercera ola que siguió a la Navidad, por un plazo de un año más otro de prórroga y un importe total superior a los 2.578 millones de euros. En total se seleccionó a 72 empresas proveedoras de productos como batas, guantes, gafas, mascarillas o test moleculares.
El exministro Salvador Illa inició la tramitación de este acuerdo en pleno verano. El objetivo del mismo era crear una reserva estratégica de material ante la llegada de sucesivas olas y, sobre todo, evitar el caos que el propio Ministerio de Sanidad y todas las CCAA sufrieron cuando tuvieron que enfrentarse a un mercado global de suministros sanitarios totalmente descontrolado en el que el secuestro de expediciones, las comisiones desorbitadas de los intermediarios y los sobreprecios estaban a la orden del día.
La tramitación no estuvo exenta de polémica, hasta el punto de que el Ministerio tuvo que anular el concurso poco después de convocarlo para rehacer los pliegos porque, según Sanidad, varias comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado interés solicitaron ser incluidas. Sin embargo, los pliegos originales fueron cuestionados al entender que las exigencias previas limitaban el acceso a muchas empresas españolas, de ahí que fueran modificados para "incrementar la concurrencia y así poder tener satisfacer las necesidades de todas las CCAA", según justificó Sanidad en su momento.
Los requisitos impuestos a los potenciales contratistas fueron el motivo por el que la Conselleria de Sanidad optó por no sumarse al acuerdo marco nacional porque en ese momento ya contaba con una reserva estratégica de material para los próximos seis meses.
Frente a ello, la comisionada para las compras y suministros contra la covid, María José Mira, impulsó un acuerdo marco propio para la Comunitat Valenciana por valor de hasta 240 millones de euros y un plazo de dos años. Las condiciones se adaptaron para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas valencianas y españolas que durante la primera ola reorientaron su producción para fabricar material sanitario.
A diferencia del acuerdo marco nacional, que solo tenía en cuenta el factor precio, el de la Comunitat Valenciana también tiene en cuenta el criterio de proximidad por la capacidad de entrega rápida cuando se produce una ruptura del stock o la necesidad de suministro inmediato.
