Se aplaza 'sine die' el litigio de los falsos autónomos de Mercavalència

VALÈNCIA. La disputa laboral en Mercavalència por los falsos autónomos no ha finalizado todavía al prolongarse sine die los plazos judiciales en los que está inmersa. Las partes estaban citadas el pasado 24 de enero de 2022 en el juzgado de lo Social, pero no se produjo: se ha aplazado sin una fecha determinada hasta que otros conflictos similares en España se resuelvan.

Así lo aseguraron fuentes de la empresa semipública, según las cuales el proceso "está aplazado sine die". En ese sentido, desde la compañía explicaron que hay "sentencias contradictorias" y en un procedimiento judicial de la misma naturaleza en el País Vasco se apeló al Tribunal Supremo. Así pues, "la jueza está esperando" aquella resolución para aplicar la jurisprudencia en esta causa.

Hay que echar la mirada atrás casi cuatro años, a 2018, para entender la cuestión que va a juicio. Entonces, la Inspección de Trabajo de València, dependiente del Ministerio de Empleo, afloró 429 falsos autónomos pertenecientes a la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP, que operaba en el matadero y en el servicio de despiece de carne de Mercavalència. 

Así pues, la Inspección consideró tras su análisis que la compañía mixta estaba utilizando la cooperativa para eludir la obligación de cotizar en régimen general de sus trabajadores. Según sus conclusiones, Mercavalència era quien daba las órdenes de trabajo a los miembros de la cooperativa sobre el horario, los días de trabajo, la calidad del producto y cómo se debía trabajar.

Incluso, señalaba la Inspección, había una veintena de trabajadores de la cooperativa que en realidad estaban compartiendo actividad: por la mañana en la cooperativa y por la tarde en la empresa principal, con jornadas de hasta 16 horas. Todo ello algo irregular a juicio de los técnicos de la Inspección.

Esta situación habría afectado a los 429 cooperativistas durante al menos cuatro años que abarcó la inspección laboral. En ese sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo requirió a Mercavalència abonar 7,5 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social. Pero la empresa, participada por el Ayuntamiento de València al 51%, rechazó de plano las consideraciones realizadas por la Inspección de Trabajo.

A juicio de Mercavalència, la relación estudiada por la Inspección "es de carácter mercantil con la cooperativa y no con los socios cooperativistas, que lo son de la propia cooperativa, no pudiendo considerarse que existe relación laboral con los mismos", según las últimas cuentas registradas de la firma. Por ello presentó sus respectivas alegaciones, además de impugnar el acta de liquidación. 

Con todo, a instancias de la propia Inspección para evitar que la cuantía a pagar finalmente fuera todavía mayor, desde abril de 2018 Mercavalència ha estado abonando las cuotas mensuales a la Seguridad Social en el régimen general. Hasta mayo de 2019 se había pagado por este concepto casi 2,5 millones de euros.

Aunque ello, insiste la empresa en sus cuentas, "no implica en ningún caso un reconocimiento por parte de Mercavalència de las tesis mantenidas por la Inspección de Trabajo". De manera que la causa sigue paralizada en los juzgados y deberá esperar a otras resoluciones para concluir.

Sin embargo, por otra parte y en paralelo al conflicto con la Inspección, la firma constituyó una mesa de negociación con los cooperativistas y los sindicatos para hallar una solución. Así pues, en 2019, se alcanzó un acuerdo con la empresa semipública según el cual ésta asumía parte del personal, el del matadero, y una nueva empresa cárnica -Productos Industriales del Turia- haría lo mismo con los empleados de la sala de despiece.