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El litigio de Mercavalència por los falsos autónomos se prolonga hasta 2022

10/03/2021 - 

VALÈNCIA. El conflicto de Mercavalència por los falsos autónomos se prolongará en el tiempo debido a los complicados plazos judiciales y a la logística derivada de la pandemia. Las partes estaban citadas el pasado 16 de diciembre pero finalmente el juzgado de lo Social número 11 de Valencia ha retrasado esta citación hasta el 24 de enero de 2022. El motivo es que en diciembre cuando estaba previsto el acto de conciliación y, en su caso, juicio, no constaban como notificados la mayoría de los empleados. Debido a ello y a las necesidades de aforo de la sala de vistas, la nueva fecha se estableció para más de un año después.

La cuestión que va a juicio, previo acto de conciliación, colea desde 2018, cuando la Inspección de Trabajo de València, dependiente del Ministerio de Empleo, afloró la existencia de 429 falsos autónomos pertenecientes a la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP que prestaba sus los servicios de matadero y despiece de carne de Mercavalència. La inspección consideraba que Mercavalència estaba utilizando la cooperativa para eludir la obligación de cotizar en régimen general de sus trabajadores.

Así, según las conclusiones a las que llegó la Inspección, Mercavalència era quien daba las órdenes de trabajo a los miembros de la cooperativa de forma irregular sobre el horario, los días de trabajo, la calidad del producto y cómo se debía trabajar. Incluso señalaba había una veintena de trabajadores de la cooperativa que en realidad estaban compartiendo actividad: por la mañana en la cooperativa y por la tarde en la empresa principal, con jornadas de hasta 16 horas. 

Todo ello habría afectado a los 429 cooperativistas citados durante los cuatro años que abarcó la inspección y por ello la Inspección le obligaba a liquidar las cuotas a la Seguridad Social por valor de 7,5 millones de euros. El acta de liquidación fue impugnada por Mercavalència. La empresa, participada por el Ayuntamiento de València al 51%, rechazó de plano las consideraciones realizadas por la Inspección de Trabajo y presentó sus respectivas alegaciones.

 El presidente de Mercavalència, Carlos Galiana. Foto: KIKE TABERNER

En las últimas cuentas anuales depositadas por Mercavalència, relativas al ejercicio 2019, la firma que preside el edil Carlos Galiana arguye que su relación con la cooperativa era de carácter mercantil y no con los socios de la cooperativa, por lo que no podría considerarse que hay una relación laboral entre Mercavalència y los cooperativistas. Con todo, a instancias de la propia Inspección para evitar que la cuantía a pagar finalmente fuera todavía mayor, desde abril de 2018 Mercavalència ha estado abonando las cuotas mensuales a la Seguridad Social en el régimen general. Hasta mayo de 2019 se había pagado por este concepto casi 2,5 millones de euros.

"La realización de estos ingresos mensuales no implica en ningún caso un reconocimiento por parte de Mercavalència de las tesis mantenidas por la Inspección de Trabajo", explica la propia empresa en sus cuentas de 2019. Fuentes de la empresa explican a este diario que Mercavalència "tiene el aprovisionamiento a la espera" de que el litigio por los 7,5 millones de euros se resuelva. Así consta de hecho en las propias cuentas.

"Actualmente se está a la espera de la celebración del juicio y de la decisión judicial", relatan las cuentas, que admiten que el año 2019 y la evolución de la empresa "ha estado condicionada" por todo lo sucedido el año anterior. De hecho, ya en 2018 las cuentas se habían visto trastocadas. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas, Mercavalència pasó de ganar dos millones de euros en 2017 a perder más de 5 millones en 2018. En 2019 volvió a obtener beneficios por valor de 1,1 millones.

La diferencia está constituida precisamente por la provisión a la espera de resolución judicial. Pero mientras, la firma constituyó una mesa de negociación con los cooperativistas y los sindicatos para hallar una solución. Así pues, en 2019, se alcanzó un acuerdo con la empresa semipública según el cual ésta asumía parte del personal, el del matadero, y una nueva empresa cárnica -Productos Industriales del Turia- haría lo mismo con los empleados de la sala de despiece. La parte judicial, por su lado, sigue en el aire hasta que llegue el día de la conciliación o el juicio, cuya citación está marcada para el 24 de enero del año que viene.

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