VALÈNCIA. La semana se ha hecho especialmente larga para Ciudadanos. Hasta en tres ocasiones el partido de Albert Rivera en la Comunitat Valenciana ha logrado ser el foco mediático, y precisamente no para bien. Un vía crucis provocado por sus decisiones -o las de Madrid- y por el que probablemente no pasaban desde que el pasado mes de diciembre cambiaron de postura respecto a la reforma del Estatut de Autonomía para adecuar las inversiones territorializadas del Estado al peso poblacional de la autonomía. A pesar de que en Les Corts lo firmaron y respaldaron, cuando el debate llegó al Congreso de los Diputados se borraron de él y decidieron abstenerse, lo que les generó un aluvión de críticas por la incongruencia que suponía.
Con esto, el primer tropiezo de esta semana sonó a déjà vu. Como con la reforma de la Carta Magna valenciana, los naranjas habían mostrado su conformidad con una Proposición No de Ley (PNL) que pretendía blindar las medidas para luchar contra la violencia de género y rechazaba "la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito" con formaciones que planteasen "la supresión o reducción de las medidas de protección de la mujer, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar esa lacra social". Una referencia, en definitiva, para desestimar cualquier acuerdo con Vox.
El grupo del que es portavoz Mari Carmen Sánchez no solo defendió el día que se registró el texto que la lucha contra la violencia de género era una línea roja para ellos, sino que además firmaron la iniciativa para que llevara su impronta. Pero un día antes de su votación en el Parlamento que preside Enric Morera se lo pensaron mejor y recularon para vetar a Podemos y no al partido de Santiago Abascal.
La polvareda que levantó semejante giro fue mayúscula. No solo los partidos de la cámara les reprocharon qué valor tenía su rúbrica si luego no la respetaban, sino que también generó fricciones internas por quién fue el encargado de comunicar esta alteración. Mientras Sánchez se quedó inmóvil en su escaño, Toni Cantó atendía a los medios en Les Corts sin haber superado siquiera el proceso de primarias. Demasiados callos pisados con tan solo un movimiento.
La jornada siguiente no fue mucho mejor. La formación fue autora de dos gazapos en las dos instituciones valencianas en las que tienen representación. En el Ayuntamiento de València el grupo que lidera Fernando Giner presentó una moción para que el equipo municipal dirigido por Joan Ribó instara a la Generalitat Valenciana a tramitar una reforma legislativa "de manera urgente" de la Ley del Juego de 1988.
Una reforma que el Consell de Ximo Puig aprobó en octubre de 2018 y que desde noviembre se está tramitando en Les Corts. De hecho, el pasado lunes terminó el plazo para presentar enmiendas, con lo que la normativa ya ha superado casi todo el proceso legislativo en el parlamento autonómico y está a punto de salir adelante.
Mientras, en Les Corts el grupo parlamentario de Sánchez demandaba un "cambio normativo" que ya existe desde hace cuatro años. En concreto, pedían cambiar la ley (sin mencionar cuál) para incluir "la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus cargos públicos elegidos en sus listas o designados por cargos políticos del partido investigados en casos de corrupción política". También solicitaba desarrollar otro cambio normativo que exigiera a los partidos políticos "la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control".
Ambas, reformas que ya fueron incluidas en el Código Penal en su reforma de 2015. En su articulado queda recogido que las personas jurídicas -incluidas las formaciones políticas- podrán ser "penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administrados de hecho o de derecho".
La propuesta, obviamente, no salió adelante. Sin embargo, Cantó aprovechó el rechazo al texto para explicar en su Twitter que todos los grupos en la cámara habían votado en contra de una medida que pedía que los partidos involucrados en casos de corrupción devolvieran el dinero robado a excepción de Ciudadanos. No mencionó en esos 140 caracteres la "falta de rigor" de la petición por mezclar conceptos -la responsabilidad patrimonial que pedían es de la administración y no de los partidos- y pedir algo ya existente, que fueron los motivos del rechazo de los grupos.Un hat trick que, en definitiva, les ha puesto en el ojo del huracán.
