VALÈNCIA. El concejal de la Albufera y la Devesa del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, no se esconde: “Puedes decirlo bien alto; estoy decepcionado”. A punto de regresar de las vacaciones navideñas el también regidor de Gobierno Interior no minimiza su malestar por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prorrogar la licencia del hotel Sidi Saler 30 años, renovables por otros 30 años más; es decir, 60 años.
Por el momento la única notificación oficial que ha llegado al Ayuntamiento de València ha sido indirecta, y es la publicación del BOE en la que se daba cuenta del acuerdo adoptado por la Demarcación de Costas. En este sentido, Campillo advertía que ninguna de las dos empresas propietarias del edificio, los bancos Caixabank y BBVA, habían remitido escrito alguno al respecto. “No hemos recibido ninguna petición… todavía”, indicaba.
En el consistorio están a la espera de que las empresas propietarias del edificio muevan ficha. Aunque su deseo es que esto jamás hubiera ocurrido, no hay, empero, hostilidad hacia las empresas que quieren reabrir el hotel pero sí muchos interrogantes y dudas. “Por definición”, explica Campillo, “un hotel en primera línea asentado sobre el cordón dunar no es la imagen de la sostenibilidad”, apunta. Y el proyecto que se presente debe tener en cuenta sus obligaciones con respecto al espacio en el que se halla.
Desde el punto de vista del regidor, el principal problema que ve a la propuesta es su descontextualización ya que, advierte, en “la Devesa” en particular, y en todo el parque de la Albufera en general, “no tiene razón de ser” un hotel de las características del Sidi Saler tanto por sus dimensiones como por la posible contaminación que generará su uso diario.
A ello se une, recuerda, que el establecimiento está cerrado desde 2011, año en el que su anterior propietario bajó la persiana aludiendo a su escasa rentabilidad económica. Estos “siete años camino de ocho” que ha estado cerrado y sin dar servicio, han provocado que el Sidi Saler no tenga ya ningún “impacto económico” en la zona y por lo tanto no parezca necesario tener que reabrirlo.
“Nuestra postura está clara”, apuntaba el regidor de Compromís. Con ello quería recordar la moción aprobada por el pleno ordinario del Ayuntamiento de València, y suscrita por los tres partidos que conforman el Govern de la Nau y ante la cual tanto PP como Ciudadanos se abstuvieron; el Govern de la Nau fue claro: era el momento para demolerlo.
Aunque no tiene ambages en admitir que le habría gustado que el Ministerio hubiera sido “más valiente”, Campillo recuerda que la obligación del Ayuntamiento de València es hacer cumplir la ley y, si la propuesta de las empresas se ajusta a la normativa actual, no tendrán más remedio que aceptarla. “Se atenderá y se mirará cualquier demanda, como es preceptivo”, indicó.
Para Campillo el gran handicap es que, recordó, “la Devesa no es sitio para un hotel”. Así, aludió al duro informe emitido por su Concejalía en el que se planteaba que, desde el punto de vista de conservación de la Naturaleza y el entorno, la opción más plausible era que se demoliera. Sin medias tintas.
En él se señalaba textualmente: “La reapertura del hotel representaría una involución en la protección del parque natural que tendría un efecto duradero. Probablemente sus instalaciones necesiten la ejecución de unas obras de reforma importantes, ya que el edificio tiene una antigüedad de 40 años. Esta inversión tendría un plazo de amortización de varias décadas y elevaría el coste de la compra del usufructo del hotel por las administraciones”.
La conclusión de este informe era tajante y su recomendación concreta: “La restauración ecológica de los terrenos ocupados por el hotel Sidi Saler representaría un aumento considerable de la calidad paisajística de la playa de la Garrofera”. Si se apostaba por la Naturaleza, la piqueta debería actuar. Pero el Gobierno de Madrid ha levantado el pulgar hacia arriba y le ha dado aire al monstruo de cemento varado en la playa.