Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Tras el paso de la que se antoja la primera ola de la pandemia de coronavirus, el Ayuntamiento de València sigue conversando con los sindicatos sobre múltiples cuestiones derivadas de la crisis de los últimos meses. Una de ellas, que quedó pendiente de negociar en su momento, se refiere al llamado permiso retribuido recuperable. O en otras palabras: la obligatoriedad o no de que los funcionarios que no trabajaron durante los momentos de la crisis deban recuperar aquellas horas en los próximos meses. Aunque en el sector privado se aplicará, los sindicatos en la administración tienen una posición clara y unánime: a priori, no.
La pasada semana las diferentes secciones sindicales tenían previsto sentarse con la concejala de Personal, Luisa Notario, para tratar esta cuestión entre otras, si bien el fallecimiento repentino del edil de Hacienda, Ramón Vilar, ha retrasado el encuentro, que espera reubicarse pronto.
El permiso retribuido recuperable es una herramienta que contemplaba uno de los decretos aprobados por el Gobierno central y que estuvo vigente entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Establecía que los empleados de los servicios no esenciales, y por tanto, que no fueran a trabajar con motivo del confinamiento, continuarían cobrando a condición de devolver las horas cuando todo volviese a la normalidad.
Entonces, el consistorio ya anunció su intención de aplicar estas condiciones a los funcionarios municipales, con la finalidad de evitar un agravio no sólo con el sector privado, sino entre los propios empleados municipales, algunos de los cuales fueron declarados servicios esenciales y estuvieron en la primera línea durante las primeras semanas.
De hecho, el día de después del mencionado decreto, la resolución emitida por el equipo de gobierno y suscrita por el alcalde, Joan Ribó, rezaba que todo aquel personal que no fuera servicio esencial o que no estuviera teletrabajando quedaba "en situación de permiso retribuido recuperable".
No obstante, la negociación sobre cómo se debían devolver esas horas quedó en el aire, y es lo que se quiere retomar ahora. Eso sí, a ella acuden las cinco secciones sindicales con una negativa general, según han confirmado este diario, a expensas de lo que pueda plantear la concejala del ramo.
Uno de los motivos que en general aducen los representantes de CCOO, UGT, Intersindical, el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPBL), y CSIF, consultados por este medio, es que todo el personal de la administración municipal estuvo a disposición del Ayuntamiento por si era requerido para cualquier labor, tal y como recogían las sucesivas resoluciones organizativas del equipo de gobierno.
Asimismo, aunque conforme avanzó el estado de alarma se fue expandiendo el teletrabajo -se llegaron a dar más de 2.000 licencias de teletrabajo entre los 5.000 empleados consistoriales-, subrayan que no es responsabilidad de los empleados que parte de ellos no pudieran ejercer sus labores, por lo que no entienden por qué deberían los empleados municipales devolver esas horas.
Huelga resaltar que es materialmente imposible hacer algunos trabajos si no se hace presencialmente, como en teatros o bibliotecas, por poner un ejemplo. En este caso, insisten, existía la posibilidad de cambiar a los funcionarios de servicio, vía de la que se hizo uso en varias ocasiones.
Hay quien incluso recuerda que el Gobierno central especificó que este permiso retribuido no concernía a los empleados de la administración pública. En efecto, hay que recordar en este sentido la batalla jurídica abierta durante aquellos días por la aplicación de esta herramienta en instituciones y administraciones públicas.
Ante las dudas planteadas por algunas administraciones como la Generalitat Valenciana, el Gobierno tuvo que salir rápidamente al paso para subrayar que el permiso sólo era de aplicación para aquellos trabajadores con una relación laboral, no para los funcionarios.
Sin embargo, en la corporación municipal del cap i casal lo interpretaron de otra manera y se remitían a una disposición adicional del mencionado decreto referida a los trabajadores públicos en la que recogía que todas las administraciones podían "dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos" que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público.
Una disputa jurídica sobre la que se manifestaron diferentes voces. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Responsables y Expertos en gestión de personas en la Administración Local (Anexpal), que emitió una nota aclaratoria diciendo desconocer "si la pretensión del Real Decreto era excluir a todo el personal del sector público (...). Pero lo cierto es que la lectura de la norma a aplicar permite una concreta interpretación": los ayuntamientos -y se deduce que también las administraciones autonómicas- pueden dictar sus propias resoluciones al respecto, como por ejemplo ya había hecho el Ayuntamiento de València.
Entre otras cosas, los expertos consideraban una "discriminación real efectiva" que este permiso se pueda aplicar en una empresa con actividad no esencial que preste servicio a las administraciones y no en las propias administraciones. Una discriminación "de difícil justificación, que no contribuye a mejorar la imagen de eficiencia y probidad que debería ser propio de la función pública".
Por contra, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se situó en el lado del Ministerio, asegurando que el mencionado decreto "es exclusivamente una norma de carácter laboral" y "no incluye en su ámbito de aplicación al personal funcionario, ni al personal laboral de los departamentos ministeriales ni sus organismos públicos".
Señalaba la FEMP asimismo que antes del decreto el Ministerio de Función Pública, dirigido por Carolina Darias, ya había emitido dos resoluciones que recogían alternativas de organización para reducir la movilidad de sus empleados. Y por ello, la Federación no consideraba "necesario" hacer uso de la autonomía recogida en la disposición adicional del decreto.
Pese al rechazo de las organizaciones sindicales a que se devuelvan las horas no trabajadas, y para evitar un posible agravio entre aquellos que estuvieron en la primera línea del trabajo y otros que no lo estuvieron, la propuesta manifestada por las secciones sindicales es implementar algún tipo de reconocimiento o recompensa para los primeros, especialmente para aquellos que trabajaron presencialmente en las primeras semanas, entre el 15 de marzo y el 9 de abril aproximadamente.
Esto, con todo, es aún un lienzo sin pintar, y aunque no hay planteamientos concretos ni cerrados, la intención unánime es impulsar un reconocimiento, que bien podría ser un plus económico, si bien en principio tampoco se considera el más adecuado dada la delicada situación de las cuentas públicas de cara a los próximos meses. En ese sentido, no se considera descabellado tener una consideración con estos funcionarios, por ejemplo, con días libres. Con todo, es algo a debatir todavía.
