Carlos Luna, de Luna y Panorama de los Insectos, en un concierto en el Murnau. Foto: SERGIO ARIAS RAMÓNLa inseguridad jurídica limita la oferta de música en vivo en la Comunitat Valenciana. La Generalitat está dando los primeros pasos para racionalizar el sector, pero probablemente 2017 sea otro año perdido
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VALENCIA.- El pasado 8 de julio de 2016 el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, presentaba Musix, una marca paraguas para promocionar a la Comunitat como enclave de música en directo para el turismo internacional. El proyecto, impulsado por la Agència Valenciana de Turisme, apenas ha dado algunos pasos en lo que se refiere a las reuniones prometidas con cinco de los grandes festivales de la región: FIB, Arenal Sound, Rototom, Low Festival y Festival de Les Arts, además de los conciertos de la Gran Fira de Valencia que se celebran en junio. La iniciativa vino a relajar la tensión que apenas diez días antes se había generado en torno al festival más multitudinario de España, el ya citado Arenal de Burriana y su posible suspensión. De hecho, con la estructura turística de por medio y la Generalitat como garantista, el festival se celebró pese a la reiterada oposición del propio gobierno municipal por el miedo a prevaricar.
Aquella misma mañana del 8 de julio, la tensión en torno a la música en directo y sus posibilidades en la Comunitat volvió a dar algunas pistas de cuál era verdaderamente el escenario de juego. Por un lado, los políticos convencidos de que la música era para la Generalitat algo así como «materia de Estado». Ante semejante expresión, los directores de festivales miraban el móvil atónitos ante una rueda de prensa convocada exactamente a la misma hora que la presentación de la marca promocional Musix. El Marenostrum había sido cancelado con 20.000 entradas vendidas. Con el mismo FIB como referente de la programación musical de verano desde hace 22 años, la pregunta parecía una y sencilla: ¿es posible que el Gobierno autonómico no haya articulado hasta la fecha un protocolo claro para evitar que un macrofestival o un gran concierto de música se cancele? La respuesta es igual de única y sencilla: sí.
Los promotores de la Comunitat Valenciana están viviendo durante los últimos años una escalada de tensiones que, en el pasado año 2016, llevó a los límites de la cancelación a algunos grandes eventos. El Marenostrum salvó parcialmente su desastre con un traslado a la Marina Real y quince días de retraso. El Arenal Sound contó con la voluntad máxima de las autoridades por sobreponerse a las normativas (este año no se celebrará en la playa del Arenal. Todavía se desconoce dónde, pero se asegura que será en Burriana). No fueron los únicos casos.
La revista Plaza ha tenido acceso a varios expedientes extraordinarios de conciertos programados en recintos y auditorios de titularidad pública, como la Plaza de Toros, la Marina o Feria Valencia, que han estado a unas horas de ser cancelados. Otros, sencillamente y por precaución de sus promotores, han sido anulados. La inseguridad jurídica, alarman todas las fuentes, está dejando fuera de juego a Valencia —y a la Comunitat— en la liga de las ciudades que acogen grandes conciertos.
Esta idea la refrenda uno de los ingenieros valencianos especializados en el desarrollo de este tipo de producciones en España, Diego Lloret. Habitual de las multinacionales que participan de esas giras —sobran dedos en una mano para contarlas—, el técnico lo confirma: «Valencia no está entre los nombres que se barajan en ese tipo de reuniones. Están Madrid y Barcelona, obviamente, pero también Bilbao o Sevilla. Valencia no». ¿Por qué?
«Bueno, en todos los territorios hay problemas, pero durante los últimos años estamos asistiendo a una serie de situaciones límite en la Comunitat que diría que son anómalas. Estamos llegando al límite de los plazos y hay que entender que los promotores están arriesgando un capital enorme para poner en marcha un festival o un gran concierto. En 2016, producciones de cientos de miles de euros han recibido las licencias a apenas unas horas de celebrarse», explica.
Por el tamaño de las producciones, una buena parte de esas comprobaciones sólo puede hacerse durante los quince días previos al evento. Son los días en los que se revisan accesos, vallado, número de personas de seguridad, recursos antiincendios, etcétera. En ese periplo, en no pocas ocasiones durante los últimos años —como nos confirman hasta seis de los principales promotores de la Comunitat— la Generalitat y los ayuntamientos se han pasado la pelota en cuanto a la responsabilidad de una firma final. Ese parece ser el espacio más oscuro donde «con la arbitrariedad y subjetividad de cada técnico, en una normativa que no es lo suficientemente explícita», según apunta Lloret, las administraciones se tornan azarosas a la hora de permitir este tipo de espectáculos.
«Mi intención es que existan todas las medidas de seguridad posibles y cumplirlas. El problema es que como productor o promotor pongo todos los medios a mi disposición para cumplir la norma. Lo hago en el mismo recinto, por ejemplo, y según el técnico que me toque, tengo unas especificaciones u otras; hay concierto o no», apunta Iván Labarta. Él mismo asegura que durante los últimos años «nos hemos convertido en gestores de licencias. Es a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo». Ninguno de los promotores lo nombra directamente, pero sí Lloret: «El Madrid Arena —cinco fallecidas— es el precedente, aunque mal entendido, porque en el Madrid Arena no se pidió licencia. Esto puede parecer imposible, pero fue así. Lo más surrealista de la situación es que a día de hoy, en la Comunitat, si pides un permiso, no te lo conceden a última hora y haces el concierto, se te impone una falta grave. Sin embargo, si no pides ningún permiso y haces el espectáculo, es una falta leve».
Labarta deja entrever otro de los aspectos más sorprendentes de la situación para los promotores en Valencia: algunos de los espacios en los que se desarrollan las actividades no tienen licencia de actividad. Así lo ha comprobado esta revista con los casos de Feria Valencia, Plaza de Toros o la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estos espacios, entre otros, tienen una ‘DIG’, que es una suerte de documento con el que según otro promotor que prefiere no ser identificado «no sabemos hasta dónde les podría cubrir en el caso de haber alguna desgracia».
las voces del sector critican que es «prácticamente imposible» conseguir una nueva licencia en valencia capital
Son los promotores los que, de manera excepcional y en torno a esa fecha de celebración, ‘levantan’ una licencia para realizar la actividad. No sucede lo mismo en espacios como el Palacio de Congresos de Valencia o en las salas del Palau de les Arts o el Pabellón Municipal de la Fonteta de Sant Lluís —sí la tienen—, pero son recintos con otro tipo de limitaciones. Vicente Mañó, uno de los promotores más destacados de la ciudad, destaca que «en Sant Lluís no puedes poner el sonido suspendido del techo, como exigen muchas giras internacionales; en el velódromo Lluís Puig la pista ciclista no se puede pisar y hace el ambiente muy extraño con la separación del público; el Palacio de Congresos o Les Arts sirven, pero su aforo es de 1.400 personas. En definitiva, falta un recinto idóneo para artistas de 3 a 7.000 personas; un Palau Sant Jordi modular o un BarclaysCard Center de Madrid».
La falta de espacios es otra de las principales barreras para los promotores, pero Sergi Almiñana, portavoz de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat, advierte que el no paso de artistas internacionales o nacionales de renombre por Valencia «va calando. Este tipo de conciertos se programan a veces con más de un año de previsión y, como mínimo, con meses. Ya tenemos una cantidad de artistas, productoras y personas en el sector que no tienen a la Comunitat en buena consideración para este tipo de espectáculos porque no se sienten seguros». En 2016, una multinacional de bebidas energéticas que impulsó un concierto de 18.000 personas en la Marina Real vivió en sus propias carnes cómo el concierto podía irse al garete con una licencia que llegó in extremis.
Los zaragozanos Bigott durante su actuación en la última edición del Deleste, en La Rambleta. Foto: EVA MÁÑEZ¿Y quién concede esas licencias? Los gobiernos locales: son sus técnicos los que deben dar conformidad al certificado de ingeniería. Desde hace algunos años, precisamente coincidiendo con el caso del Madrid Arena, apareció un nuevo «engendro» —apunta otra empresa valenciana de ingenierías de espectáculos que prefiere que su nombre no aparezca en el reportaje— de este sistema llamado OCA. Los Organismos de Certificación Administrativa son una serie de empresas aceptadas por el gobierno autonómico de turno que certifican «sobre lo ya certificado» que lo que va a suceder en el espectáculo cumple con todas las garantías. Empresas privadas realizan el trabajo de los técnicos en los gobiernos autonómicos y/o municipales desde hace algunos años. La razón de su nacimiento es, según la versión de la Administración, «que no se dispone de recursos humanos suficientes para atender a la solicitud de tantos proyectos que, además de manera estacional, llegan a la vez». La realidad alternativa es que una empresa ajena al promotor y ajena a la Administración estampa una firma que eludiría las responsabilidades últimas en caso de que el proyecto se torciera.
«Tenemos la necesidad de armonizar normativas. No es posible que en un territorio en el que hay un buen nivel de profesionales como promotores, muchos de los proyectos no se realicen ante las dudas de cómo encajará el tema de licencias. Y no es un problema de cumplir con la normativa, porque creo que a nivel profesional nadie juega con eso. El verdadero problema es que no existe un decálogo, un protocolo claro por el que sepamos que, aunque arriesguemos un dinero y hagamos otros esfuerzos, tenemos garantizado que vamos a poder llevar a cabo el concierto». Así lo añade Rafa Jordán, socio de Pro21.
Un grupo de asistentes a la edición de 2016 del Festival Internacional de Benicàssim. Foto: FIBLos gobiernos locales, de hecho, parecen no haber asumido «que ya tienen autonomía total para realizar esas certificaciones y controles. No sólo tienen la autonomía, tienen el deber de hacerlo», apunta Jordán que concreta que «la responsabilidad de Presidència de la Generalitat, de la Conselleria de Cultura o la Agència Valenciana de Turisme es hacer pedagogía con los ayuntamientos». El mensaje parece haberse recibido precisamente en la Administración autonómica
Con el recelo de los técnicos a dar declaraciones firmadas, es José María Ángel, director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, quien hace autocrítica al respecto: «Tenemos claro que cuando un promotor impulsa un festival de música o un gran concierto, la Administración debe ofrecer soluciones y garantías. Tenemos claro lo que aportan cultural y socialmente esos eventos desde la Generalitat, por eso tenemos que apoyarles en la tramitación y en las dificultades, a la vez que preservamos los impactos medioambientales y acústicos. Pero es posible que ese cambio de norma de octubre de 2015 no se haya divulgado lo suficiente. Es en lo que debemos mejorar porque ya hemos hecho reuniones con gobiernos locales, algunas hace apenas unas semanas, pero debemos intensificar ese trabajo y hacerlo más didáctico».
La situación en el contexto de las licencias de salas de conciertos o bares no es más halagüeña. Las voces del sector critican que es «prácticamente imposible» conseguir una nueva licencia en la capital. En diciembre, la Sala Loco Club recibió una medida sancionadora inédita que obligó a su cierre: toda la música que suene en la sala ha de pasar a través del limitador, algo físicamente imposible y que revela el desconocimiento técnico más básico con respecto a la expresión musical: los amplificadores, por ejemplo, emiten su sonido a través de sus mismos altavoces.
Sin haberse comprobado este dato objetivo, la sala ha tenido que cancelar conciertos, presentar documentación (un día más tarde) y esperar la visita de los técnicos. Tiempo en el que ha tenido que estar cerrada «sin que se hiciera ninguna prueba o visita previa», apunta uno de sus socios. En el caso de los bares, la situación también ha empeorado. Desde 2015, la licencia para hacer tres conciertos al mes —sin amplificación, dentro de su horario— ha pasado a seis al año. Gema Clara, responsable de Cerati Café, admite que «programar conciertos se ha convertido en una sensación de incertidumbre». Salas y bares destacan la ausencia de diálogo e interlocutores en la supuesta terra de músics —origen de la marca Musix—. Mientras, Alicante ultima una legislación ad hoc para estos espacios y Barcelona acaba de sacar una línea de ayudas para la insonorización y adecuación de las salas de hasta 50.000 euros por local.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 27 (I/2017) de la revista Plaza
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