VALÈNCIA. Benetússer se suma a la lista de municipios de la denominada 'zona cero' que han decidido revisar su modelo de construcción urbanística tras la Dana del 29 de octubre de 2024. Un año después de aquel episodio, el consistorio de l'Horta Sud plantea los primeros cambios para adaptar su desarrollo urbano a un escenario climático cada vez más imprevisible. 

Las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento de Benetússer se han materializado esta semana, ya que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado el acuerdo aprobado en el pleno extraordinario del pasado 19 de diciembre. Se trata del inicio formal del expediente de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso que se desarrollará por fases y que irá introduciendo cambios progresivos hasta su redacción definitiva. 

El consistorio ha optado por un enfoque gradual, que comienza con ajustes en la ordenación pormenorizada del municipio y deja para fases posteriores los cambios de mayor envergadura que no estén relacionados a los efectos de la Dana. Con todo, la modificación se basa en un informe elaborado por la mercantil Segura Roldán Ingenieros, que plantea la necesidad de suspender determinadas actuaciones urbanísticas mientras se tramita el nuevo planteamiento. 

¿El objetivo? Evitar decisiones que puedan aumentar la exposición de ciertas zonas de Benetússer al riesgo de inundaciones o quedar desfadas a corto plazo. A esta recomendación se suma el informe de la arquitecta municipal, quien advierte de que la Dana del 29-O obliga a incorporar medidas que no incrementen la vulnerabilidad del municipio. 

El documento que aporta la arquitecta municipal se centra en la fisonomía de Benetússer, un municipio con escaso margen para crecer y un tejido urbano prácticamente colmatado. En este contexto, el reto no solo pasa por reconstruir lo que ha quedado dañado, sino por introducir cambios que permitan reducir los impactos de futuros episodios extremos de lluvias. 

¿Qué se prohíbe mientras tanto?

Con ese objetivo, el pleno acordó suspender, durante un plazo máximo de dos años, la tramitación y concesión de licencias en varias zonas de Benetússer. De este modo, en todo el término municipal queda suspendida la autorización de nuevas viviendas en planta baja, ya sea mediante construcción, rehabilitación o cambios de uso, así como la apertura de viviendas o pisos turísticos.

También se paralizan los aparcamientos subterráneos que utilicen montacoches en lugar de rampas y aquellos situados por debajo de la planta -1, que durante la Dana demostraron su elevada peligrosidad. A ello se suma la suspensión de cualquier obra en dos ámbitos concretos del suelo urbano -el Sector Oeste y la unidad de ejecución de Jaume I el Conqueridor, Pintor Ribera y Moll de l'Estació-, así como la paralización de nuevos programas de actuación en esas zonas. 

Cabe recordar que la medida salió adelante en la comisión informativa de Urbanismo con los votos a favor de PSPV, Compromís y EUPV, mientras que el PP y Vox optaron por abstenerse. Además, durante el debate, se introdujo una modificación impulsada por la concejala de Urbanismo, Livia Guillem, quien propuso eliminar la excepción que inicialmente permitía viviendas o pisos turísticos en planta baja en edificios independientes, lo que endurece aún más la moratoria. 

Un paso más en la 'zona cero'

La decisión de Benetússer no es aislada. Forma parte de una tendencia incipiente en municipios que han sido golpeados por la Dana, sobre todo en l'Horta Sud y la Ribera Alta, donde varios ayuntamientos han optado por poner en pausa el desarrollo urbanístico para repensarlo.

Albal fue uno de los primeros en mover ficha, con una moratoria que prohíbe viviendas en planta baja en más de quince calles afectadas. Massanassa dio un paso más al exigir que los dormitorios se sitúen, como mínimo, a tres metros sobre la acera. Algemesí y Sedaví también han aprobado suspensiones temporales de licencias similares, mientras revisan sus planes generales.

Incluso València ha iniciado cambios en las pedanías del sur, como La Torre, donde se tramita una modificación urbanística para obligar a que los aparcamientos de nueva construcción se sitúen en altura, evitando los sótanos que durante la riada se convirtieron en trampas mortales.