VALÈNCIA. El recuerdo de la Dana en las decenas de municipios valencianos que sufrieron las inundaciones el pasado 29 de octubre sigue marcado en su tejido urbano. En muchas de estas localidades, el parque residencial se asienta sobre cota cero, un diseño que ha convertido a las plantas bajas en el "talón de Aquiles" frente a episodios de lluvias extremas. Lo que en su día fueron hogares y comercios, en cuestión de horas quedaron arrasados: grietas, socavones, muros caídos y un barro espeso que se resistía a desaparecer. 

Según un primer balance del Colegio de Registradores, elaborado un mes después de la tragedia, más de 60.500 viviendas sufrieron daños y cerca de 300 edificios residenciales resultaron afectados. Una estimación que no se aproxima a la realidad, ya que la cartografía satelital europea Copernicus, empleada para medir el alcance de la riada, estaba entonces incompleta.

Este escenario ha impulsado a varios ayuntamientos a tomar decisiones inmediatas que rompen con la inercia urbanística previa a la riada. De este modo, Sedaví, Massanassa, Algemesí, Albal y Alaquàs han aprobado en los últimos meses modificaciones en sus planes urbanos para limitar, en mayor o menor medida, el uso residencial de las plantas bajas. El objetivo parece claro: prevenir antes que lamentar. 

Medidas urbanísticas adoptadas en cada municipio

En Albal, el pleno municipal aprobó en junio una moratoria de hasta dos años que prohíbe la construcción de viviendas en planta baja en más de quince calles afectadas. Durante este tiempo, el Ayuntamiento revisará su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptarlo al Patricova, el plan autonómico que marca la ordenación en zonas con riesgo de inundación. Por su parte, Massanassa ha endurecido aún más las condiciones para edificar a ras de suelo.

Según una Resolución de Alcaldía, con fecha del 19 de junio, no se podrán construir viviendas a pie de calle salvo que estén conectadas a otra planta y todos los dormitorios se sitúen a más de tres metros de altura sobre la acera. Además, el consistorio ha reformulado la normativa para todas las nuevas promociones, independientemente de su tamaño, dispongan de plaza de aparcamiento. 

En la misma línea, Sedaví ha optado por una suspensión temporal de licencias para nuevas viviendas en planta baja o la reconversión de locales con ese uso, que se mantendrá mientras dure la revisión de su planeamiento urbanístico. Algemesí ha aprobado una moratoria similar, también de hasta dos años, para evitar nuevas viviendas o alojamientos turísticos a nivel de calle en cualquier zona con uso residencial. 

La excepción en este panorama la marca Alaquàs, cuyo Ayuntamiento permite transformar antiguos bajos comerciales en viviendas siempre que cumplan la normativa autonómica de diseño y calidad. Además, en caso de una nueva construcción, estas deben incorporar suelos exteriores drenantes para favorecer la absorción de agua. Sin embargo, en las zonas inundables del municipio, seguirán vigentes las limitaciones establecidas por el Patricova.

Un marco normativo más amplio

Estas decisiones municipales no se entienden sin el marco jurídico activado tras la Dana. En diciembre, la Generalitat Valenciana aprobó un decreto ley de urgencia, que incorporaba los planes especiales de reconstrucción. En esencia, se trata de una figura autonómica que se tramita y aprueba en un plazo máximo de nueve meses -frente a los años que requiere un planeamiento general- y que permite crear suelo finalista para viviendas o reubicar polígonos industriales.

De forma paralela, el Gobierno central aprobó el pasado mes de abril una ley de medidas urbanísticas urgentes que introduce los proyectos de reconstrucción local (PRL). Con esta figura, un ayuntamiento puede destinar suelos patrimoniales al uso residencial para responder a la necesidad habitacional, con la obligación de reponer las dotaciones en un plazo de tres años.

La norma también flexibiliza los usos provisionales en suelo urbano y urbanizable para permitir instalaciones y actuaciones vinculadas a la reconstrucción. Al mismo tiempo, habilita la restauración total de las edificaciones, siempre que se presente una declaración responsable y, en algunos casos, un certificado de conformidad emitido por una entidad colaboradora urbanística.

La aplicación de estas medidas se apoya en un trabajo técnico clave: la cartografía de la Dana elaborada por la Conselleria de Medio Ambiente, que analiza flujos de agua, áreas afectadas y alturas alcanzadas durante la riada. Este mapa se suma a los ya existentes del Plan de Acción Territorial sobre el Patricova y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y condicionará la tramitación de futuros desarrollos, sobre todo, cuando estén vinculados a obras hidráulicas de competencia estatal.

Además de las reformas legales y urbanísticas, la reconstrucción se apoya en financiación específica. El pasado 25 de abril, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana firmó 75 convenios con municipios afectados para elaborar o actualizar sus Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española, con una inversión total de 10 millones de euros -126.583 euros por municipio-. El objetivo es identificar proyectos prioritarios que permitan no solo reconstruir, sino planificar un desarrollo urbano más seguro y resiliente.

El giro que vive el urbanismo en estas comarcas marca un punto de inflexión: ya no se trata únicamente de reparar lo roto, sino de repensar dónde y cómo se construye. La próxima vez que llueva con la fuerza de la Dana, los municipios esperan que las calles no solo resistan mejor el agua, sino que sus vecinos puedan afrontarla desde una posición más segura.