VALÈNCIA. El 29 de octubre de 2024 el agua discurrió con una furia que pocos recuerdan haber visto antes. En apenas unas horas, la Dana arrasó decenas municipios valencianos y convirtió sus calles en cauces improvisados. Allí donde el parque residencial se asienta sobre cota cero, la riada no tuvo piedad. Lo que eran hogares y comercios se transformó en un lodazal de muros caídos y enseres irreconocibles. En buena parte de la provincia, las viviendas se han construido a ras de suelo, en un territorio llano y surcado por antiguos barrancos. 

Esa herencia urbanística, funcional en tiempos de calma, se convirtió durante las inundaciones del 29-O en el "talón de Aquiles" de comarcas como l'Horta Sud, la Ribera Alta o la Hoya de Buñol-Chiva. El agua entró sin resistencia por puertas y garajes e inundó bajos y locales, provocando muchas de las 229 víctimas. La experiencia dejó una lección clara: vivir al nivel de la calle en una zona inundable ya no es una opción segura. 

De hecho, este cambio de percepción ha marcado el rumbo del último año. Varios ayuntamientos de la conocida como 'zona cero' han dado tímidos pasos y tramitan modificaciones urbanísticas para corregir la forma de construir. El denominador común es limitar el uso residencial de las plantas bajas e intentar adaptar los planes generales al nuevo contexto climático aunque con muchos retos todavía por delante.

El 'modelo Ikea' en La Torre

En el caso de la ciudad de València, los daños de la Dana se circunscribieron a las pedanías del sur, principalmente La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo. Precisamente en la Torre se produjeron la mayoría de fallecidos, muchos de ellos cuando el agua convirtió los garajes en trampas mortales. La tragedia destapó con crudeza una vulnerabilidad urbanística latente en muchas zonas residenciales: la apuesta generalizada por los aparcamientos subterráneos, incluso en áreas inundables.
Tras la catástrofe, urbanistas y expertos comenzaron a plantear una alternativa: construir estos aparcamientos en altura siguiendo el conocido como 'modelo Ikea'.

En este contexto, el Ayuntamiento de València tramita una modificación puntual del Plan Especial de La Torre que obligará a que los aparcamientos de los edificios de nueva planta se construyan sobre el nivel del suelo permitiendo hasta dos plantas de estacionamiento sobre rasante sin que estas computen a efectos de edificabilidad. Inicialmente se planteó también una segunda alternativa que ubicaba los aparcamientos sobre un "plinto" elevado de hasta 1,5 metros. Pero finalmente los servicios técnicos municipales dieron el visto bueno a la primera opción. Esta modificación nació a propuesta de la asociación de promotores de la Comunitat Valenciana, Aprova y ya ha recibido el informe ambiental favorable.

Prohibir la conversión de las plantas bajas en viviendas

No obstante, si echamos la vista atrás, Albal fue de los primeros municipios en mover ficha. En junio, el pleno municipal aprobó una moratoria de dos años que prohíbe levantar viviendas en planta baja en más de quince calles afectadas por la Dana: entre ellas, la de Pintor Segrelles, Joan Miró, Regne de València o la avenida Padre Carlos Ferris. La medida, pionera en l'Horta Sud, busca ganar tiempo para revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ajustarlo al Patricova, el instrumento autonómico que regula los suelos en riesgo de inundación. 

Durante ese periodo, el Ayuntamiento analizará de forma detallada la topografía y el drenaje urbano de las zonas más expuestas para decidir si las restricciones se mantienen, se amplían o se transforman en una norma permanente. Según advirtió el concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio Juan, durante la sesión plenaria en la que se aprobó el veto, existen bajos sin salida directa al exterior que, en caso de otro episodio similar, podrían convertirse en espacios peligrosos. "No podemos permitir que una vivienda acabe siendo una trampa si vuelve a llover como aquel día", señaló Juan.

Tras este municipio, el Ayuntamiento de Massanassa optó por replicar la medida, pero con un modelo más exigente. Desde junio, el consistorio impide la construcción de viviendas a pie de calle salvo que estén conectadas a una planta superior y que los dormitorios se sitúen, como mínimo, a tres metros sobre la acera. Así, se evitan los puntos habitables en cota cero, especialmente vulnerables en episodios de lluvias torrenciales. Además, esta localidad de l’Horta Sud ha reformulado su normativa para que todas las nuevas promociones, sin excepción, incluyan plaza de aparcamiento, lo que permite elevar la planta de acceso y reducir el contacto directo con la vía pública.

En la comarca de la Ribera Alta, el Ayuntamiento de Algemesí también aprobó una moratoria de hasta dos años para evitar nuevas viviendas o alojamientos turísticos en planta baja. La decisión abarca todas las zonas residenciales y se mantendrá vigente mientras se revisa el planeamiento urbanístico general del municipio. Según explica el consistorio en el texto original de la normativa, el objetivo no es paralizar la ciudad, sino "adaptar el modelo urbano a un escenario climático diferente, en el que las lluvias extremas ya no son una excepción, sino un riesgo recurrente". 

Por su parte, Sedaví ha optado por una suspensión temporal de licencias para viviendas en planta baja o reconversiones de locales. La medida permanecerá activa hasta que finalice la revisión del PGOU, con la intención de incorporar criterios de drenaje urbano sostenible y nuevas cotas mínimas de edificación. Ambos municipios comparten la misma filosofía: poner en pausa el crecimiento para reorientarlo hacia una mayor seguridad de sus vecinos.

En el extremo opuesto se sitúa Alaquàs, que ha elegido un enfoque más permisivo. El Ayuntamiento permite transformar antiguos bajos comerciales en viviendas siempre que cumplan con la normativa autonómica de diseño y calidad. Además, obliga a incluir pavimentos drenantes en las nuevas construcciones para mejorar la absorción de agua. Sin embargo, en las zonas catalogadas como inundables siguen vigentes las restricciones del Patricova. El consistorio, en la medida original, defiende que su modelo busca "equilibrar la regeneración urbana con la seguridad", sin bloquear oportunidades de vivienda en un municipio con suelo limitado y alta demanda residencial.

Oposición en l'Almassereta de Picanya

El caso de Picanya, en l'Horta Sud, ilustra mejor que ninguno la tensión entre la urgencia técnica y el desconcierto vecinal. En junio, el Ayuntamiento decidió suspender cualquier licencia de obra, edificación o cambio de uso en las calles Almassereta y Baixada Realenc, donde el agua alcanzó los cuatro metros de altura y las convirtió, por tanto, en las más afectadas por la riada. La medida tendrá una vigencia máxima de dos años, mientras se rediseña el planeamiento urbano del municipio.

Durante este periodo solo se permitirán reparaciones menores y obras compatibles con la normativa vigente. La medida fue aprobada con los votos favorables del PSPV y Vox, y la abstención de Compromís y PP, tras la recomendación técnica de actuar con "prudencia" para no hipotecar el futuro del barrio. Lo cierto es que estas calles se asientan sobre la cota más baja de Picanya, junto al barranco del Poyo, que durante la Dana actuó como un embudo natural del agua. 

Según un informe municipal, al que tuvo acceso Valencia Plaza, unas 4.800 viviendas se encuentran en la zona inundada. Sin embargo, los vecinos de la calle Almassereta han mostrado en numerosas ocasiones su malestar por la "falta de información" sobre el futuro de sus casas y por lo que perciben como un agravio frente a otras áreas de Picanya igualmente expuestas. Esta nueva normativa desató una protesta vecinal, al entender que se dificultaba la reconstrucción de sus hogares.

El conflicto se agravó en julio, cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició la expropiación de tres viviendas en l’Almassereta para levantar dos nuevas pasarelas sobre el barranco. El alcalde, Josep Almenar, insistió entonces que "la prioridad del Ayuntamiento es la seguridad de las personas" y que "nadie se ha quedado sin realojo". En la actualidad, el consistorio mantiene la incógnita sobre el futuro urbanístico del barrio, pendiente de definir si se optará por una reconfiguración completa de la zona. 

Chiva impulsa un plan integral para revisar las urbanizaciones

Por su parte, el municipio de Chiva ha optado por un camino diferente. El Ayuntamiento ha encargado a una empresa de ingeniería especializada una revisión integral del estado de las infraestructuras en sus urbanizaciones: redes de agua, saneamiento, alumbrado, pavimentos y zonas verdes. El objetivo es disponer de un diagnóstico técnico que sirva de base para un plan de actuación a medio y largo plazo.

El concejal de Urbanismo, Manu Verdeguer, subraya que la iniciativa supone "el inicio de una planificación integral que atienda las necesidades históricas de las urbanizaciones desde una visión de futuro". Con un término municipal extenso y diverso, el plan busca equilibrar el desarrollo y garantizar servicios básicos en todas las áreas residenciales.

Un marco normativo más amplio 

Todas estas medidas se apoyan en un nuevo marco normativo activado tras la Dana. En diciembre, la Generalitat Valenciana aprobó un decreto ley de urgencia que permite tramitar planes especiales de reconstrucción en un plazo máximo de nueve meses -muy por debajo de los tiempos habituales-. Estos instrumentos facilitan la creación de suelo finalista para viviendas o la reubicación de polígonos industriales en zonas seguras.

En paralelo, el Gobierno de España aprobó en abril una ley de medidas urbanísticas urgentes que introduce los Proyectos de Reconstrucción Local (PRL). Gracias a esta figura, los ayuntamientos pueden destinar suelo patrimonial al uso residencial temporal o permanente, siempre con la obligación de reponer las dotaciones públicas en un plazo de tres años. La norma también flexibiliza los usos provisionales en suelo urbano y permite restaurar edificaciones mediante una declaración responsable, reduciendo trámites sin renunciar al control técnico.

El trabajo técnico que sustenta estas medidas se apoya en la cartografía de la Dana elaborada por la Conselleria de Medio Ambiente, que analiza los flujos de agua y las cotas alcanzadas durante la riada. Este mapa complementa al Patricova y al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y servirá de referencia obligada para autorizar nuevos desarrollos o infraestructuras hidráulicas. A ello se suma la financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha firmado convenios con 75 municipios afectados para actualizar sus Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española, con una inversión total de 10 millones de euros.

Un año después, el urbanismo valenciano, tal y como han venido advirtiendo numerosos expertos tras la riada, debe acometer una revisión de sus normas para adaptarlas a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes. Una tarea que tímidamente han empezado a emprender algunas administraciones pero que requerirá ambición para adaptar la legislación a la realidad climática y no solo desde el plano urbanístico. Los municipios de la 'zona cero' han iniciado ese camino, conscientes de que convivir con el agua es, desde ahora, parte de su manera de habitar.