VALÈNCIA. El 29 de octubre de 2024, la fuerza del agua desatada por la Dana arrasó sin encontrar obstáculos a su paso. En Picanya, la calle Almassereta se convirtió en uno de los símbolos de aquella devastación. Desde entonces, los 23 vecinos de esta calle paralela al barranco del Poyo viven con la incertidumbre de perder sus hogares, gravemente afectados por las inundaciones, y con el temor de que una tragedia similar pueda repetirse, pero muchos no quieren abandonar sus viviendas.

En junio, el Ayuntamiento de Picanya decidió suspender durante un máximo de dos años cualquier licencia de obra, edificación o cambio de uso en las calles Almassereta y Baixada Realenc, pues en las edificaciones de estas calles el agua superó los cuatro metro de altura -llegando a las primeras plantas-. 

La medida, pensada como una pausa para estudiar la situación urbanística y de riesgo, encendió las alarmas entre los afectados. La mayoría mostró su rechazo a la decisión municipal y reclamó una solución que no pasara por el derribo de sus viviendas. Hace cinco meses, Valencia Plaza recogía sus quejas: exigían poder permanecer en sus casas o, al menos, recibir una alternativa habitacional dentro del mismo municipio. Felipe y Constanze vivían en una de las casas de la calle Almassereta.

Desde diciembre, están alojados en un piso municipal de la calle Pío XII de Picanya, cedido por el ayuntamiento tras perder su vivienda en la Dana. "Al principio fue durísimo. El piso que nos dieron tenía escaleras y mi marido apenas ve. No era un lugar adecuado para nosotros", cuenta Constanze a este diario. Hace apenas dos semanas, lograron mudarse al bajo del mismo edificio, una mejora dentro de un año de incertidumbres. "Por primera vez, tenemos la impresión de tener un hogar", admiten.

La prioridad es "la seguridad de las personas"

Para el Ayuntamiento de Picanya, la prioridad es clara: "La seguridad de las personas". El consistorio sostiene que la única salida viable pasa por dos opciones: elevar las viviendas en cotas más seguras o reubicar a los vecinos en otras casas con condiciones similares a las que tenían antes de la Dana. Durante los últimos meses, el gobierno municipal ha atribuido la lentitud en la toma de decisiones a la necesidad de tiempo y coordinación con otras administraciones.

Mientras tanto, el consistorio ha adquirido las viviendas de aquellos propietarios que han optado por marcharse de l'Almassereta y subrayan que en ningún caso contemplan la expropiación de las viviendas. Algunas familias vendieron el terreno mediante lo que se denominó "contrato amistoso", aunque para ellos la palabra expropiación sigue siendo la que mejor describe lo que ocurrió. "Solo había una alternativa: o te vas, o te vas", resume Felipe. Desde entonces, viven pendientes de los plazos y de las promesas municipales sobre la reurbanización del entorno. 

Sobre las alternativas, el alcalde de Picanya, Josep Almenar, respondía así en una entrevista reciente con Valencia Plaza: "La alternativa está pendiente. Puede que se queden allí, lo cual creo que es una complicación, porque de cara al futuro no es una situación fácil". A lo que añade: "Mientras la casa sea habitable, nadie puede decirles que tienen que irse". Sin embargo y, de forma reciente, el consistorio trasladó a los vecinos la idea de elevar la calle y levantar nuevas viviendas, aunque sin fechas ni garantías de financiación.

"Nos dicen que necesitan dinero de la Generalitat Valenciana o del Gobierno central, pero seguimos sin saber nada concreto", lamenta Constanze. "Estamos en un limbo jurídico y económico. Es un horror, una pesadilla", añade. A esa sensación, se suma la incertidumbre sobre el futuro del alquiler. La Generalitat ha prolongado por un año más la ayuda extraordinaria que cubre el coste de las viviendas de los damnificados, pero nadie les ha confirmado qué ocurrirá cuando esa prórroga expire. 

Un año después de la Dana

Ambos coinciden en que la falta de comunicación ha sido el mayor obstáculo. "El ayuntamiento habla con algunos vecinos, no con todos", explica Constanze, quien considera que el consistorio debería convocar una reunión oficial para trasladar el estado real del proyecto. "No queremos reproches, queremos información", insisten. En la actualidad, el resto de los antiguos vecinos de Almassereta están dispersos: algunas familias siguen viviendo allí, tras haber reparado sus casas; otras se alojan con familiares, y varios se han trasladado temporalmente a municipios cercanos como Paiporta o a viviendas sociales en la pedanía valenciana de La Torre. 

Solo unos pocos, como Felipe y Constanze, han podido permanecer en Picanya, algo que consideran "una suerte enorme" por poder conservar su entorno y sus vínculos cotidianos. Con serenidad, intentan rehacer su día a día. Han comprado algunos muebles, redecorado el nuevo piso y recuperado rutinas básicas. "Acepto que esto va a durar años", reconoce Constanze. "No puedo esperar volver a mi vida anterior, pero puedo hacerlo con este compromiso. Es un hogar pequeño, pero al menos es nuestro refugio". Un año después de la Dana, su historia refleja la de muchos otros vecinos de l'Almassereta: personas que aún viven pendientes de un plan urbanístico incierto y de ayudas temporales que se agotan. "Para poder pasar página, necesitamos la verdad", concluye Constanze.