VALÈNCIA. Las playas del sur de València exhiben este verano una doble insignia. Por un lado, ondean banderas azules, un símbolo que conlleva calidad ambiental, servicios y seguridad. Por otro, el informe anual 'Banderas Negras 2025' de Ecologistas en Acción sitúa estos mismos arenales entre los más degradados del litoral valenciano por la contaminación y la falta de una gestión eficaz tras la Dana del pasado 29 de octubre.
"La asignación de la bandera azul demuestra que este galardón está muy alejado de la realidad", sentencia el informe, publicado este martes. Los efectos de aquella riada, que provocó el desbordamiento del río Túria y el colapso de múltiples sistemas de saneamiento e infraestructuras hidráulicas, todavía se dejan sentir en playas como El Saler, La Devesa o La Garrofera.
En estos enclaves, el mar continúa expulsando cañas, troncos y restos vegetales siete meses después de la riada. Por ese motivo, el Ayuntamiento de València ha instalado carteles que recomiendan el uso de zapatillas en las playas para evitar heridas. La alcaldesa, María José Catalá, advirtió de que "va a costar tiempo que eso desaparezca".
Por su parte, desde la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana también insistieron en que la situación no está normalizada. "Aún quedan muchos trozos de caña. Es bastante incómodo y, sobre todo, peligroso", apuntó el responsable de Formación de la entidad, Salvador Perelló.
Vertidos sin tratar y residuos industriales
El informe identifica cinco playas afectadas en Valencia, entre las que figuran l'Arbre del Gos, El Saler, La Devesa, La Garrofera y Recatí-Perellonet. Todas ellas están incluidas dentro del ámbito del Parc Natural de l'Albufera. La acumulación de residuos tras la Dana es el principal motivo por el que se les otorga la bandera negra.
Según el documento, las inundaciones del 29 de octubre arrastraron todo tipo de residuos sólidos, productos químicos, lodos contaminados y aguas sin depurar desde el interior de la provincia hasta la costa, a través del río Túria y de las golas del lago de l'Albufera.
Por tanto, el impacto ha sido considerable. Ecologistas en Acción estima que entre 100 y 123 estaciones depuradoras resultaron dañadas e, incluso, algunas de ellas quedaron sepultadas bajo el lodo. Esto provocó "vertidos incontrolados" de aguas residuales en canales, azarbes y ramblas.
De hecho, parte de esos vertidos que señala el informe terminó en playas con un elevado valor ecológico, consideradas el hábitat de especies protegidas como el chorlitejo patinegro o la raya mariposa. Se trata de animales que forman parte de la Red Natura 2000.
- Imagen de archivo de l'Albufera de València, tras la Dana. - Foto: JORGE GIL/EP
Aunque en los meses posteriores a la Dana se llevaron a cabo tareas de limpieza en la zona, donde se retiraron "más de 40.000 toneladas de residuos", el informe denuncia que no se ha actuado con la misma contundencia en la playa sumergida, esto es, en las zonas de baño y fondos marinos. Tampoco se han publicado los resultados de los análisis iniciados por el CSIC para estudiar la presencia de metales, microplásticos o contaminantes emergentes.
Pese a ello, muchas de estas playas han revalidado este año su bandera azul. Ecologistas en Acción critica que ese distintivo se haya concedido sin una evaluación previa y rigurosa sobre el estado real de los arenales ni sobre la seguridad del agua para el baño. "Aún no se han limpiado ni siquiera evaluado los riesgos por contaminantes", subraya el informe.
Un marco normativo bajo sospecha
A esta situación, se suma la aprobación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana (LPOCV). Ecologistas en Acción alerta de que esta normativa "relaja" las condiciones de protección en zonas frágiles como dunas o marjales, facilita la legalización de ocupaciones ilegales y abre la puerta a usos privados en espacios del dominio público marítimo-terrestre.
A su juicio, la nueva ley agrava la vulnerabilidad del litoral frente a fenómenos como los temporales o la subida del nivel del mar. Frente a este escenario, el informe plantea una serie de propuestas. Entre ellas, figura el reforzar la coordinación institucional, hacer públicos los datos sobre el estado de las playas, evaluar en profundidad la contaminación tanto en superficie como bajo el agua y actuar con cautela en los entornos sensibles.
Al margen de todo ello, la contradicción persiste. Las banderas azules ondean en playas todavía afectadas por los residuos de una riada histórica. Y, aunque la temporada de baño ya ha comenzado, los efectos de la Dana -como advierte el propio mar- no han terminado.
