VALÈNCIA. La investigación sobre la presunta construcción irregular de una piscina municipal del Ayuntamiento de Alboraya ya salpica al consistorio de València. El juez que instruye la causa ha imputado no solo a responsables del gobierno de Alboraya, dirigido por Miguel Chavarria, por la ejecución de la infraestructura en suelo municipal de València, donde figura como suelo protegido, sino también al que fuera alcalde de València hasta 2023, Joan Ribó, por la inacción del Cap i Casal ante la presunta infracción urbanística.
Un particular denunció la irregularidad y el juzgado de Instrucción 19 de València abrió una investigación que parece transitar por los últimos compases tras recabar diferente documentación urbanística y el testimonio de técnicos y cargos políticos. Personada como acusación popular, la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López, solicitó la imputación de Ribó y de la que fuera concejala de Urbanismo de València, Sandra Gómez, por no haber abierto expediente.
La asociación, representada por el letrado Víctor Soriano, señala que habrían incurrido en un delito de prevaricación por omisión por esta falta. Con todo, lo cierto es que por el momento, no se conoce que el Ayuntamiento de València haya abierto expediente por estas obras presuntamente irregulares. Ni lo habría hecho el gobierno municipal de Ribó ni el de la popular María José Catalá, que dirige el consistorio desde junio de 2023, un mes después desde que se iniciara la investigación judicial. Preguntadas fuentes municipales, rechazaron ofrecer información alguna al estar el caso judicializado.
La acusación consideró "evidente" que los exdirigentes municipales de Compromís y PSPV "conocieron la construcción de la piscina por ser este un hecho notorio ampliamente difundido en los medios de comunicación y que aquélla se emplazaba en su término municipal, sin que para ello se hubiera obtenido título habilitante alguno", por lo que debieron incoar "un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el que se ordenara el derribo de lo ilegalmente construido" y un procedimiento sancionador.
- Render del proyecto de la piscian
Por ello, el juez instructor vio justificado llamar como imputado al exalcalde de València si bien en cuanto a la socialista, que está aforada por ser eurodiputada, creyó "oportuno esperar e[...] a la realización de las demás diligencias de investigación en desarrollo". Una vez hubo declarado Ribó, la asociación ha pedido a la jueza que identifique de quién era la responsabilidad de abrir sendos expedientes, pero entre 2019 y 2023, y que constate si se han abierto o no.
El exalcalde de València, en su declaración el pasado mes de diciembre, aseguró que no conocía el caso de la mencionada piscina y que él no tenía las competencias urbanísticas, puesto que estaban delegadas. Fuentes del gobierno municipal de Compromís y PSPV recalcaron además que no hubo ninguna denuncia al respecto en el seno del consistorio, por lo que no se conocía la presunta irregularidad ni se miró hacia otro lado. La investigación se abrió en mayo de 2023.
La investigación se centra en aclarar si hubo un delito contra la ordenación del territorio. El Ayuntamiento de Alboraya construyó la instalación en suelos de su propiedad ubicados en València. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término municipal de Alboraia, un proceso que no se habría finalizado por lo que todavía pertenecerían al término del Cap i Casal, cuyo Plan General los califica como suelo protegido no urbanizable.
- El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria.
Además de Ribó, en la causa ya han prestado declaración varios investigados: el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria, su concejala de Urbanismo, Ana Bru, y el arquitecto del despacho encargado del proyecto.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alboraya ha remitido al juzgado todos los recibos de IBI que ha pagado al consistorio de València por los terrenos donde se sitúa la piscina entre los años 2016 y 2025. Se trata de justificantes de pago anual que oscilaban en torno a los 2.500 euros anuales hasta 2023, y de 2.000 a partir de entonces, lo que justificaría que el suelo en cuestión forma parte del término municipal de València. Cabe recordar que, en su declaración, el alcalde de Alboraya -accedió en 2011- explicó que a los seis años de gobernar, el Catastro reclamó al municipio el pago del impuesto porque, precisamente, la segregación no se había culminado. Así, explicó que en aquel momento "se pagó el IBI [...] pero sin aceptar que ello fuera adecuado".
Entre la documentación también figura el acuerdo de 2019 donde el Pleno de Alboraya reiniciaba el expediente de alteración de términos municipales -empezado en 1991- "con el fin de intentar, de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de València, resolver definitivamente el problema sobre la base de la confusión urbanística de una superficie separada de València con el suelo urbano de Alboraya", pero tres años después, en 2022, València lo paralizó y respondió que no estaba "en disposición" de "manifestar su conformidad" a la propuesta de segregación porque tenía que recabar informes propios, tal como demuestra otro documento aportado.
