VALÈNCIA. Una de las promesas electorales más reiteradas en 2023 por el entonces líder del PPCV, Carlos Mazón, fue la reducción de "grasa" de la Administración. El candidato popular fue muy insistente a la hora de señalar el "descontrol" del sector público que, a su juicio, reinaba en el Govern del Botànic, por lo que anunció diversas medidas para evitar "gasto superfluo" de la Generalitat. De hecho, llegó a cifrar en 600 millones de euros el ahorro que se alcanzaría con sus medidas con opción incluso de llegar a los 1.000 millones de euros.
Así, algunas de las iniciativas que anticipó en los meses previos a los comicios fueron la reducción de consellerias, altos cargos y asesores, además de la jibarización del sector público. En esta línea, cuando llegó al poder, Mazón diseñó un gobierno con diez carteras (tres menos de las que tenía el Botànic), disminuyó el número de altos cargos y rebajó un 47% el número de asesores, situando un tope máximo de 61 personas para estos puestos de libre designación, medidas cuyo ahorro tasó en 20 millones de euros. No obstante, el propio presidente de la Generalitat se encargó posteriormente de ampliar el límite de asesores a 72 en enero de 2025, justificándolo en la necesidad de mayor personal debido a las exigencias de gestión provocadas por la catástrofe de la Dana y la obligada reconstrucción.
Además, en enero de 2024, Mazón anunció una auditoría general del sector público con el objetivo de poner fin al "malgasto" en el que, según su visión, había incurrido el Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en sus ocho años de mandato. Esta medida se dividía, según explicó el entonces jefe del Consell, en una auditoría 'forensic' para "detectar de manera pormenorizada posibles casos de fraude y gasto descontrolado en determinadas entidades del sector público" y, además, en una auditoría operativa del sector público instrumental que pusiera de manifiesto "las duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades".
Dos años después de este anuncio, y encarando ya la recta final de la legislatura (apenas quedan 15 meses para las próximas elecciones autonómicas), lo cierto es que ese interés por reducir la "grasa" de la Administración se ha reducido sensiblemente, e incluso puede decirse es que ha pasado a un segundo plano político en las prioridades del Gobierno valenciano y, en especial, del nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca.
En este sentido, una de las primeras decisiones del nuevo jefe del Consell fue, lógicamente, la de rediseñar el ejecutivo. Para ello, el presidente no tuvo inconveniente en incrementar la cantidad de carteras, aumentando hasta 12 el número de departamentos (incluyendo Presidencia) y, además, elevar el número de altos cargos, que pasaron de los 142 que Mazón designó en su día a los 157 de los que dispone el nuevo jefe del Consell, seis más de los que ostentó el Botànic en la recta final de la pasada legislatura.
Pérez Llorca también optó días atrás por enmendar otra decisión de su predecesor eliminando el tope de asesores situado en 72 personas, que Mazón ya había rebasado en sus últimos momentos como presidente de la Generalitat. La justificación de esta medida la dio, de forma simple, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien aseguró que se eliminaba el límite ante la posibilidad de que existieran "nuevas necesidades". De esta manera, el tope se situaba donde lo dejó el Botànic, 116 asesores, una cifra que no obstante queda muy alejada todavía de los que ostenta el actual Gobierno valenciano, si bien la supresión del tope puede interpretarse como una declaración de intenciones.
Por otro lado, poco se sabe de aquella revisión del sector público anunciada por Mazón hace más de dos años. Tal y como publicó El Español días atrás, la auditoría forense no ha avanzado apenas en este tiempo, aunque desde el Consell se asegura que está en marcha, todavía no se ha hecho público ningún resultado sobre este ámbito.
Respecto a la auditoría operativa, sí existe un borrador según publicó días atrás el diario Las Provincias que podría aprobarse en el pleno del Consell, sino este viernes en próximas semanas, que apunta a la fusión o eliminación de 18 entes del sector público. Una medida que, según esta información, significaría un ahorro para las arcas valencianas de unos dos millones de euros; una cantidad que sumada a otros ahorros anunciados, todavía queda muy lejana a los 600 millones de ahorro que prometía Mazón al inicio de la legislatura. Sobre esta cuestión, este diario contactó con la Conselleria de Hacienda para conocer el contenido del citado informe, así como para conocer el estado de las auditorías comentadas sin obtener respuesta.
