VALÈNCIA. Este periódico publicaba hace justo una década una serie de artículos analizando el peso del poder valenciano en la economía, la política y las principales firmas empresariales del país. Uno de los ámbitos auditados en dicho momento fue el organigrama del Gobierno de España presidido por el popular Mariano Rajoy, que estaba a punto de cerrar la última legislatura en la que una formación política ha obtenido mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados hasta la actualidad. Por aquel entonces, el Gobierno contaba con "dos valencianos y medio" en su estructura. En concreto, Susana Camarero, Rubén Moreno y José Manuel García Margallo eran los nombres valencianos del Ejecutivo central. 

Lo cierto es que la política ha cambiado notablemente desde aquel verano de 2015. Las elecciones generales celebradas en diciembre de ese año supusieron la irrupción de Podemos y Ciudadanos, dos formaciones que empezaban a pisar los talones al PP y PSOE, que habían visto como el respaldo de la ciudadanía hacia ambas formaciones se había reducido de manera considerable. Tras un convulso 2016, Rajoy logró superar una nueva investidura y estuvo al frente del Ejecutivo nacional hasta mediados de 2018, cuando el socialista Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras salir adelante en el Congreso una moción de censura. Desde entonces, siete años de Gobierno del PSOE, la mayoría de ellos en coalición con Podemos y Sumar, en los que la gobernabilidad tampoco ha resultado sencilla ante la divergencia de pareceres entre los diferentes socios y las dificultades de sacar adelante medidas en el Congreso.

Mientras tanto, decenas de valencianos han ocupado puestos de responsabilidad en los diferentes ministerios que componen el Ejecutivo central, con una foto actual que deja hasta tres ministros nacidos en la Comunitat Valenciana, a los que se suman otra quincena de nombres que ocupan puestos en el segundo y tercer escalón del Gobierno, gabinetes de comunicación, así como instituciones y empresas públicas. 

Figura clave de la 'delegación' valenciana en Madrid es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Exalcaldesa de Gandia, llegó al Gobierno en julio de 2021 para encabezar el Ministerio de Ciencia e Innovación y arrancó la presente legislatura sumando a su cartera Universidades, que durante varios años fue una cartera independiente. Morant ha ido ganando peso tanto en el Ejecutivo como a nivel orgánico: es desde marzo de 2024 la secretaria general del PSPV-PSOE y, por tanto, la figura de referencia de los socialistas valencianos. 

También destaca Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial. España fue jefe de Gabinete de Ximo Puig, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, así como conseller de Hacienda y Modelo Económico durante el Consell del Botànic. Durante los primeros meses de la presente legislatura a nivel autonómico fue portavoz ajunto del Grupo Parlamentario Socialistas en Les Corts Valencianes hasta que en diciembre de 2023 pasó al Gobierno de España para ocupar el citado puesto. 

El de Arcadi España no fue el único fichaje del Gobierno en la Comunitat Valenciana durante las citadas fechas. La exconsellera de Política Territorial y Hacienda, Rebeca Torró, fue también nombrada secretaria de Estado de Industria, cargo que ocupó hasta el pasado mes de julio, cuando Sánchez la nombró secretaria de Organización del PSOE. La nueva 'número tres' de los socialistas sustituye en el cargo a Santos Cerdán tras su dimisión por su implicación en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

El poder comunicativo valenciano

También ocupa una Secretaría de Estado la periodista valenciana Lydia del Canto, nombrada a finales del pasado ejercicio para coordinar la comunicación en La Moncloa. Del Canto fue secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat Valenciana durante los inicios del Consell del Botànic. En 2018, fue nombrada directora del periódico Levante-EMV y en 2024, pasó a dirigir el gabinete de la Secretaría General del PSPV-PSOE antes de ser nombrada secretaria de Estado de Comunicación. También ha sido coordinadora de varios medios digitales de Prensa Ibérica, directora del departamento de Environmental, Social and Governance de la naviera Baleària, y colaboradora de varios programas de radio y televisión autonómicos y nacionales.

Lo cierto es que diferentes valencianos ostentan puestos en el entramado comunicativo del Gobierno de España. El también exdirector de Levante-EMV Julio Monreal se incorporó como asesor en La Moncloa para llevar la comunicación del Gobierno sobre la Dana. A este reciente nombramiento se suma el ex director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Pere Rostoll, que en la actualidad ocupa el puesto de director de Comunicación del ministro de Transportes, Óscar Puente. También en este ámbito se enmarca el periodista y exdirector general de Interior de la Generalitat Salva Almenar, nombrado en octubre de pasado año director de Comunicación y Reputación Corporativa de Adif tras superar un proceso de selección.

Manuel Illueca, Rafa Briet, Ana Berenguer...

En el tercer escalón del Gobierno y las instituciones públicas también se encuentran varios altos cargos valencianos, un buen número de ellos con pasado en el Consell del Botànic. Entre ellos destaca Manuel Illueca, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat Valenciana (2015-2023) y presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (2016-2023). Ilueca fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en agosto de 2024.

También es el caso de Rafa Briet, alcalde de Cocentaina entre 2007 y 2015 y diputado en Les Corts Valencianes entre 2015 y 2018. Durante el Consell del Botànic fue director general de Vivienda y, más tarde, subsecretario de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. En enero del pasado ejercicio fue nombrado director de Gabinete de Arcadi España, siendo cesado en agosto del mismo ejercicio para ser director general de Cooperación Autonómica. 

En materia de Vivienda, el Ejecutivo de Sánchez cuenta con Ana Berenguer, directora general de Análisis y Políticas Públicas en Presidencia de la Generalitat entre 2019 y 2023. En marzo de 2024 se incorporó a la cartera que encabeza Isabel Rodríguez para ser directora general de Planificación y Evaluación. A todos ellos cabe añadir la figura del exsecretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural y Director de la Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Francisco Rodríguez Mulero, que ocupa desde el año 2020 la Presidencia de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). También cabe mencionar al exministro y actual presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. 

Corredor Mediterráneo y Dana, con rango de comisionados

A todos ellos también cabe sumar la figura de los comisionados, dos de ellos valencianos. Por un lado, Josep Vicent Boira es desde 2018 el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo tras ocupar la Secretaría Autonómica de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio durante gran parte del primer Consell del Botànic a propuesta de Compromís. Por otro lado, Zulima Pérez, que también ocupó diferentes puestos en la Generalitat durante el Gobierno de Puig, es desde este martes la comisionada por la Dana, cargo creado en diciembre tras las inundaciones del 29 de octubre que asolaron gran parte de la provincia de Valencia. 

Cabe mencionar que este último puesto fue inicialmente ocupado por el exsecretario autonómico de Emergencias durante el Botànic, José María Ángel, que dimitió de sus cargos - también de la Presidencia del PSPV-PSOE - a finales del pasado mes de julio después de conocerse un presunto fraude en su currículum que le habría permitido progresar como funcionario en la Diputación de Valencia durante más de tres décadas.

Planas y Rego, dos ministros nacidos en València

A todos estos cargos cabe sumar otros dos que se sitúan actualmente al frente de ministerios y que nacieron en la ciudad de València, aunque han desarrollado su carrera fuera de las fronteras de la Comunitat Valenciana. Por un lado, el socialista Luis Planas se licenció en Derecho por la Universitat de València y en 1980 ingresó a Inspección de Trabajo tras una oposición y fue destinado a Córdoba. Desde entonces, una carrera política que ha llevado a cabo desde Andalucía, ocupando puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía y siendo diputado en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo en diferentes etapas. Durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue embajador en Marruecos y representante de España ante la Unión Europea. Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, encabeza la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Por otro, Sira Rego fue nombrada ministra de Juventud e Infancia para la presente legislatura ocupando parte de la cuota de Izquierda Unida dentro de Sumar. Rego, aunque nacida en València, pasó gran parte de su infancia en Gaza y ha desarrollado la mayoría de su trayectoria política en Madrid. Fue concejala y primera teniente de alcalde en Rivas-Vaciamadrid y entre 2019 y 2023 ostentó un escaño en el Parlamento Europeo. En 2024 se presentó como candidata a liderar Izquierda Unida, un proceso en el que, no obstante, obtuvo un mayor respaldo Antonio Maíllo. 

Una agenda valenciana pendiente de resolver

Lo cierto es que, a pesar del 'tirón' que ha experimentado la delegación valenciana en el Gobierno de España en la última década, existen una serie de problemáticas de calado para el día a día de la Comunitat que siguen sin resolverse, lo que puede llevar a preguntarse hasta qué punto la presencia de altos cargos valencianos en el Ejecutivo conlleva una mayor agilidad en la resolución de estas cuestiones. Es, por ejemplo, el caso de la reforma del sistema de financiación autonómica, una exigencia histórica de la Comunitat Valenciana y que ha avanzado, aunque priorizando a Cataluña, lo que es difícil de justificar a nivel discursivo en tierras valencianas. 

Tampoco resulta sencillo de explicar a nivel autonómico el aplazamiento del Gobierno de la llegada del ExtraFLA sin mencionar ninguna explicación al respecto. Una situación ante la que la Generalitat Valenciana optó por llegar a un acuerdo con CaixaBank, Sabadell y Kutxabank para un préstamo a corto plazo de 1.816 millones - el importe esperado del ExtraFLA - y poder pagar a proveedores. La situación de asfixia financiera de la Administración autonómica durante la primera mitad del año, de hecho, llevó a la Generalitat a alcanzar un período medio de pago (PMP) a los proveedores de 50,27 días en el mes de junio, prácticamente el doble que en febrero. La llegada de más de 3.000 millones en julio a través de tres vías permitió rebajar el PMP hasta los 31,6 días.

A la situación financiera cabe sumar cuestiones con un peso más simbólico como es el hecho de que Sánchez no hiciera mención alguna a la Dana durante su balance el curso político o la escasa presencia del jefe del Ejecutivo en la provincia de Valencia con motivo de la catástrofe. Una serie de cuestiones que han servido en muchas ocasiones de munición para el Partido Popular y que, tal y como analizó este periódico, puede jugar en contra de cara a la batalla con los populares en la misión de los socialistas de recuperar la Generalitat Valenciana.