VALÈNCIA. Este jueves 11 de julio se cumple el primer aniversario de la ruptura de Vox con el Partido Popular en los distintos gobiernos autonómicos de los que formaba parte tras las elecciones celebradas en mayo de 2023. Una decisión adoptada por Santiago Abascal a causa, según manifestó, de las discrepancias surgidas respecto a la migración y, en particular, en la distribución de menores no acompañados (menas) en las autonomías.

Más allá de ese desacuerdo concreto, en la ruptura también existía una intención estratégica por desmarcarse de la gestión en las autonomías. Desde la dirección nacional de Vox, se consideraba un elemento distorsionador a la hora de tener manos libres a la hora de criticar, no ya al gobierno de Pedro Sánchez, sino también la tarea de oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo.

Es decir, formar parte de los ejecutivos autonómicos junto a los populares impedía en ocasiones dar rienda suelta a determinadas posiciones para Vox en el ámbito nacional, puesto que estaba sujeto a los acuerdos regionales. Al mismo tiempo, la falta de experiencia y cuadros de gestión en el partido de Abascal también contribuían al peligro de desgaste de las siglas, dado que gobernar implica tomar decisiones y, en ocasiones, cometer errores. 

Todos estos factores; el desacuerdo concreto en inmigración y la falta de retorno positivo para Vox como marca nacional de liderar la gestión, provocaron que la balanza se inclinara a favor de romper los pactos con el PP en los gobiernos autonómicos, lo que liberaba por completo al partido de Abascal tanto en el ámbito nacional como regional.

En la Comunitat Valenciana, la decisión tuvo además una coyuntura que, políticamente, terminó por resultar positiva para Vox, dado que precisamente gestionaba en el pacto con el PP el área de Emergencias. Así, con la ruptura de gobierno en julio y el cese ipso facto de los consellers voxistas, estas competencias fueron asumidas por los populares, en concreto por la consellera designada por Mazón, Salomé Pradas, que fue la que tuvo que enfrentarse con apenas dos meses en el cargo a la terrible Dana que azotó la provincia de Valencia y dejó 228 víctimas mortales.

Así pues, Vox ha tenido las manos libres a lo largo de todo el curso político para modular sus críticas sobre Mazón, al que en buena medida ha protegido por su polémica gestión el día de la Dana. Los voxistas, de esta manera, también han tenido la capacidad de escenificar su desacuerdo con el fichaje del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, que en los primeros meses posteriores a la riada estuvo en el foco de las críticas vertidas por el síndic de Vox, José María Llanos, quien llegó a preguntarse si Gan Pampols era un "infiltrado del traidor Sánchez" y a espetar al vicepresidente que la conselleria que encabeza "no hacía falta".  

Más allá de estos desencuentros y alguna sesión de control en la que Vox ha apretado al jefe del Consell, lo cierto es que la formación de Abascal ha centrado su protagonismo en la aprobación de los presupuestos autonómicos, que le ha permitido mantener la tensión política en Les Corts a lo largo de varios meses, pues las cuentas no salieron finalmente adelante hasta el pasado 28 de mayo. Cabe recordar que los presupuestos aprobados cuentan con diversas concesiones del PP al partido de Abascal, varias de ellas anunciadas previamente por el propio Mazón en una comparecencia en Les Corts a finales del pasado mes de marzo en la que anunció la existencia de un preacuerdo con los voxistas de cara a sacar adelante las cuentas autonómicas. 

Los Presupuestos, espacio para imponer la batalla cultural

Lo cierto es que Vox ha sabido exprimir los presupuestos autonómicos al máximo a pesar de su salida del Consell, pues de su voto a favor dependía que las cuentas salieran adelante. En este sentido, los voxistas consiguieron incluir peticiones como la creación de una oficina antiokupación, la realización de pruebas de edad a menores migrantes, la creación de "campos de desplazados" o la financiación de políticas de "reagrupación familiar" en el caso de menores migrantes no acompañados. 

Una serie de exigencias que se suman al importante recorte a la Acadèmia Valenciana de la Llengua con la intención de "estrangular" este órgano estatutario "hasta su desaparición", así como la reducción de las subvenciones a patronal y sindicatos y la eliminación de referencias a conceptos como "cambio climático" o "perspectiva de género". Todas ellas evidencian la batalla cultural que los voxistas han venido ejerciendo en los últimos años y que han logrado 'colar' con mayor ímpetu en el caso de las cuentas autonómicas para este ejercicio aprovechando la situación de debilidad en la que se encontraba el Ejecutivo autonómico en un contexto marcado por la catástrofe de la Dana.

Amagos con rupturas en las grandes ciudades

Los momentos más convulsos de Vox a lo largo del último ejercicio han estado marcados por la política municipal. Tanto en Alicante, Castellón y, especialmente, València, los voxistas han tenido sus más y sus menos en el seno de la corporación municipal, tanto a nivel interno como con sus socios, protagonizando incluso algún amago de ruptura. En el caso de la ciudad de València, los ediles Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero abandonaron Vox y pasaron al grupo de no adscritos tras el escándalo de presunto amaño de un contrato de publicidad. Unas semanas en las que planeó la idea de que la formación de Abascal también saliese del gobierno municipal y ofreciese apoyo externo al PP como hace en Les Corts.

Sin embargo, tras los equilibrismos de la alcaldesa María José Catalá, la crisis se saldó con el regreso de ambos ediles tanto a la formación como al Grupo Municipal de Vox en el consistorio, aunque con menos competencias y sin prácticamente relación con sus otros dos compañeros de grupo.  

Por otro lado, cabe mencionar que la formación que encabeza Santiago Abascal vivió un momento especialmente convulso hace apenas dos meses, cuando seis ediles de varios municipios valencianos se dieron de baja del partido. Municipios como Torrent, Nàquera, Bétera, Serra y Almassora vieron como algunos concejales abandonaban las filas voxistas. Especialmente relevante fue la salida de Marta Izquierdo, concejala en Nàquera, único municipio valenciano donde Vox ostenta la alcaldía. Izquierdo enmarcó su decisión en cuestiones como la pérdida de principios en la formación, el desvío de programa electoral y decisiones "que no siempre se ajustan a la legalidad vigente".

La dirección nacional, de la misma manera que en los casos de Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, solicitó a los ediles salientes que dejaran el acta en sus respectivos ayuntamientos. Una cuestión habitual en esta formación, cuya postura se basa en que el acta de concejal pertenece al partido y no a la persona que la ostenta. En el caso de Bétera y Serra, los concejales dejaron el acta, aunque el de este último municipio alegó problemas de salud; mientras que, en el resto de municipios, los ediles se mantienen en el cargo. 

En cualquier caso, una serie de movimientos que han empañado la imagen de unidad y obediencia a la dirección nacional que intenta transmitir el partido que lidera Santiago Abascal y que evidencian malestar interno, especialmente a nivel municipal. Una cuestión que llega cuando se cumple el ecuador de la legislatura y que implicará emplearse a fondo a nivel orgánico de cara a las elecciones de 2027.