VALÈNCIA. La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, confirmó este martes en Les Corts lo que desde hace tiempo es ya una evidencia: que la Ley del Sector Público Instrumental de la Generalitat anunciada en enero de 2016 por el primer Ejecutivo del Botànic no es una prioridad. Un compromiso de la legislatura pasada que no se cumplió y que, aunque se encuentre también en el Plan Normativo Anual de 2020 -donde se fija el objetivo de sacar adelante un total de 29 proyectos legislativos y 189 decretos-, tampoco este año verá la luz. 

Los motivos están claros y así lo probó este martes Mira en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en la que reconoció que el Gobierno valenciano no ha priorizado esta ley, sino que ha gobernado a base de decretos en todo lo que respecta al sector público: "Ley del Sector Público hay, pero no se ha priorizado y estoy de acuerdo; todo lo que concierne a la ley se ha regulado vía decretos", explicó la secretaria autonómica de Modelo Económico tras admitir, además, que el tripartito no tiene ninguna intención de realizar recortes en las entidades públicas dependientes de la Generalitat. 

"El texto de la ley está hecho, existe, se ha dialogado con los agentes sociales y por motivos ajenos a mis competencias, otras leyes han sido prioritarias... pero ya lo controlamos todo por decreto, que no les quite el sueño", ironizó Mira. Una respuesta que provocó las críticas de los partidos de la oposición. Desde el grupo parlamentario del Partido Popular, Rubén Ibáñez, le afeó que la ley lleve cuatro años "en lista de espera", como ocurre en Sanidad, lo que demuestra, a su juicio, un "fracaso" de la secretaria autonómica de Modelo Económico. "Solo tenía que hacer una ley y no la ha hecho", lamentó.

En la misma línea se pronunció el diputado de Ciudadanos Tony Woodward y la parlamentaria del grupo parlamentario Vox Ana Cerdán, que criticó el "desorden caótico" del sector público e invitó a Mira a "adelgazarlo" con la eliminación de entes públicos, "empezando por ejemplo por la televisión autonómica", À Punt.

A dos meses de cumplir cinco años en el cajón

El retraso en la tramitación, al que Mira trató de quitar hierro, sin embargo, no es baladí. Esta es una norma que el Consell lleva prometiendo desde la pasada legislatura ante la necesidad de poner orden en el caótico panorama de empresas, fundaciones y consorcios de la Generalitat. Un objetivo que con la pretensión del Gobierno valenciano de crear al menos seis nuevas entidades públicas de diferente naturaleza, vuelve a cobrar especial relevancia. 

La ley incluida en los compromisos del primer seminari del Consell celebrado en Morella fue anunciada en enero de 2016 por primera vez, apenas seis meses después de que Ximo Puig alcanzara la Presidencia de la Generalitat después de 20 años de gobiernos del PPCV. En una sesión de control a raíz de una pregunta de Compromís, el jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno valenciano aprobaría una ley de Sector Público para "garantizar su decencia", controlar los contratos de servicios y personal, y evitar facturas en los cajones. En definitiva, racionalizar la estructura y evitar los excesos del pasado. 

Para ello, uno de los ejes básicos de esta norma que Puig calificó como "una moción de censura en diferido a un gobierno que ya no está" sería la introducción de mecanismos de transparencia y control público para las empresas que se acordara mantener. Desde la Conselleria de Hacienda sostuvieron entonces que sólo permanecerían las que resultaran "absolutamente necesarias" y, por tanto, al menos ocho de las empresas como Ciegsa o Sociedad Proyectos Temáticos y funciones que sobrevivieron a la reestructuración que realizó el anterior Consell caerían en la futura ronda de ajustes. A dos meses de que se cumplan cinco años de aquello, estas entidades aún siguen operativas. 

En marzo de 2016, el jefe del Consell y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, revelaron que la Generalitat Valenciana aplicaría una "normativa de transición" hasta que se validara la Ley del Sector Público en la que trabajaba el Gobierno. Ambos confiaron entonces en que la norma estaría lista antes de finalizar el año para que pudiera cerrar su tramitación en 2017 en Les Corts. Esta solución provisional introduciría mejoras en los procesos de contratación.