VALÈNCIA.  El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio un golpe de timón tras el verano para acometer una bajada de impuestos que había evitado a lo largo de la legislatura pese a la insistencia de los grupos de la oposición, especialmente con el PPCV de Carlos Mazón a la cabeza. La decisión del jefe del Consell fue cuestionada inicialmente por sus propios compañeros socialistas del Gobierno de España, si bien terminaron también lanzándose a un anuncio de similares características.

Ahora bien, esa bajada por tramos del IRPF o del Impuesto de Sucesiones para la empresa familiar, no tapa otros gravámenes establecidos por el Gobierno de Puig a largo plazo. Y es que existen varios impuestos ya aprobados cuya aplicación se producirá en la próxima legislatura. Es decir, unas medidas con las que, si hay cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, tendrá que lidiar el nuevo Ejecutivo presidido por Carlos Mazón, quien siempre ha manifestado públicamente su intención de bajar impuestos.

En este sentido, hay hasta tres impuestos cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2025, cerca del ecuador de la siguiente legislatura: se trata del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provenientes de instalaciones y el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

Estos tres gravámenes estaban incluidos en la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana, que entró en vigor a finales del año pasado pero con los citados impuestos aplazados hasta 2025. 

Con ello, el Consell de Puig evitaba aplicar una medida impopular en un momento de incertidumbre económica y, sobre todo, incertidumbre electoral, ya que las encuestas muestran un resultado muy ajustado entre el bloque de derechas y el del Botànic.