VALÈNCIA. El gobierno municipal de PP y Vox en el Ayuntamiento de València acumula al menos una docena de resoluciones del Síndic de Greuges en las que el organismo que dirige Ángel Luna reprocha al ejecutivo local ocultar información a los concejales de la oposición. En la mayoría de estos casos, se trata de preguntas formuladas en el pleno o de solicitudes de acceso a información pública que el gobierno de María José Catalá ha desatendido o ha respondido de forma incompleta. En sus resoluciones, el Síndic concluye de forma reiterada que estas prácticas no solo vulneran el derecho de los concejales a acceder a la información necesaria para fiscalizar la acción de gobierno, sino que afectan indirectamente "al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático".
Una actitud que ya le valió un tirón de orejas por parte del Síndic en su informe anual. En su informe, Luna abroncó al gobierno de Catalá por dificultar la labor de fiscalización de la oposición con medidas como la reducción del número de comisiones informativas y los concejales que las integran. Cabe recordar que en el pasado mandato había siete comisiones permanentes con nueve miembros cada una y el gobierno de PP y Vox decidió reducir a cinco las comisiones plenarias y dejar en siete los representantes en cada comisión. En un escrito de diciembre de 2023 el Síndic ya se pronunció sobre ello atendiendo a una queja del PSPV instando al Ayuntamiento modificar el acuerdo de creación de las comisiones para favorecer la mayor participación de la oposición. Una resolución que no se ha atendido y que los socialistas llevaron a los tribunales.
Listado de clientes de Marí Olano
Más recientemente han sido varios los pronunciamientos en los que el defensor del pueblo valenciano ha reclamado a Catalá o alguno de sus concejales a facilitar información. Uno de ellos en relación a las empresas con las que trabaja el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, en su labor como consultor fuera del Ayuntamiento. Mientras que el gobierno sostiene que el secreto profesional ampara a Olano para no facilitar dicha relación de clientes, el pasado mes de diciembre el Síndic concluyó que aunque está "reconocido expresamente por la Constitución", el derecho profesional "no es absoluto”, por lo que considera que prevalece “el derecho de acceso a la información pública por parte de los concejales”. Aunque se otorgó al gobierno un plazo de un mes para remitir el listado de empresas al PSPV, todavía no se ha dado cumplimiento a la recomendación del Síndic, algo que ha llevado a los socialistas a presentar de nuevo una alegación para que Luna vuelva a requerir al Ayuntamiento de València.
Uso del coche oficial
Otro de los casos recientes en los que Luna ha dado la razón a la oposición ha sido la queja de Compromís por la negativa del Ayuntamiento a facilitar el número de desplazamientos y los motivos de uso del coche oficial por parte de la alcaldesa, María José Catalá, desde el inicio de la legislatura. El Síndic de Greuges estimó que la oposición tenía derecho a esos datos y que su publicación no supone un riesgo real para la seguridad de la alcaldesa, rechazando los argumentos del gobierno local basados en la seguridad y subrayando que el acceso a esa información es compatible con esa protección y necesario para fiscalizar el uso de recursos públicos.
València Activa
En otra de las resoluciones emitidas en los últimos meses, el Síndic de Greuges ha vuelto a respaldar a la oposición al estimar la queja presentada por Compromís por la negativa del Ayuntamiento a facilitar los datos sobre el grado de ejecución y el gasto ejecutado del Plan de Actuación 2025 de la Fundación València Activa. El Síndic concluye que el gobierno municipal vulneró el derecho de información de los concejales al no aportar la documentación solicitada y rechaza los argumentos del consistorio, subrayando que las preguntas formuladas en el pleno constituyen una vía válida de acceso a la información pública que no puede eludirse.
Junta Central Fallera
También en el ámbito de la Junta Central Fallera, el Síndic de Greuges ha dado la razón a Compromís en dos resoluciones distintas tras atender las quejas presentadas por el concejal Pere Fuset. En una de ellas, el organismo insta al Ayuntamiento de València a facilitar la información relativa al calendario, las empresas contratadas y los presupuestos de los espectáculos pirotécnicos celebrados antes del mes de marzo. En la segunda resolución, el Síndic reclama igualmente la entrega de los datos sobre los contratos menores suscritos por la Junta Central Fallera, al concluir que la negativa del gobierno municipal a aportar esta documentación vulnera el derecho de la oposición a acceder a información pública necesaria para su labor de fiscalización.
Pisos turísticos y Universitat Popular
El pasado 15 de diciembre, nuevamente tuvo que pronunciarse el defensor del pueblo para requerir al Ayuntamiento a que aportase el listado completo de los apartamentos turísticos clausurados desde el inicio de la legislatura. Ya en este mes de enero de 2026, el Síndic volvió a pronunciarse en una línea similar para reclamar al gobierno que facilitase la lista de espera y la relación de personas inscritas en la Universitat Popular a Compromís, atendiendo otra de las quejas de los valencianistas.
Docencia en la VIU
Entre las resoluciones del Síndic de Greuges figura también la relativa a la dedicación docente de la alcaldesa en la Universidad Internacional de València (VIU). En una resolución de 31 de julio de 2024, dictada tras una queja presentada por Compromís, el defensor del pueblo valenciano reprochó al gobierno municipal no haber respondido a la solicitud de información sobre las horas de docencia impartidas por la primera edil en la universidad privada. El Síndic concluyó que la negativa del Ayuntamiento vulneró el derecho de información de la oposición, al tratarse de una pregunta formulada en el marco de los mecanismos reglamentarios de control al gobierno.
Este caso es distinto de una queja anterior presentada por el PSPV relativa al sueldo percibido por la alcaldesa en la VIU, que sí fue archivada por el Síndic tras un informe del secretario municipal. En aquella ocasión, el Ayuntamiento aportó un informe del secretario que justificaba que se trataba de información de acceso reservado, en los términos del artículo 36 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP).
Otras cinco resoluciones
Cómo ya publicó Valencia Plaza, anteriormente, en los ocho primeros meses de mandato el gobierno de Catalá ya acumuló otras cinco resoluciones por razones similares. Entre esos casos figura la negativa o insuficiente respuesta sobre datos detallados de la Prestación Económica Individualizada, como periodos de pago y cantidades ejecutadas por tipología y por centro de servicios sociales;
Otra de las resoluciones instaba a aportar cifras claras sobre agentes de la Policía Local en situación de segunda actividad, distinguiendo edad y enfermedad. El Sindic también reprochó entonces la negativa a entregar el número de instancias del padrón tramitadas por vía electrónica y cuántas quedaban pendientes, pese a haber sido requeridos formalmente. Luna también atendió la queja de la oposición sobre la falta de información en cuanto al aumento del gasto en Seguridad Social en el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines, que se facilitó solo de forma totalizada sin el desglose pedido por la oposición.
A ello se suma otra resolución en la que el Síndic reprochó la interpretación restrictiva del Ayuntamiento sobre el derecho de información, obligando a pedir datos a través de preguntas plenarias en vez de permitir su acceso por otros mecanismos, algo que el Síndic consideró improcedente y lesivo para la fiscalización de la oposición.
