VALÈNCIA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este lunes que el Ejecutivo prevé mantener en 2026 los descuentos en el transporte público. Unas ayudas de las que no se podrán beneficiar los usuarios de la EMT ya que València no podrá optar a esta financiación por no cumplir uno de los requisitos: tener implantada una Zona de Bajas Emisiones.

Cabe recordar que actualmente, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos). Esto significa que a partir del próximo 1 de enero el precio del bonobús de la EMT podría encarecerse más de un 60% alcanzando los 8,5 euros.

A la espera de conocer el texto concreto del Real Decreto-ley que regulará la nueva convocatoria de ayudas —que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana—, lo cierto es que el criterio del Ministerio de Transportes ya fue claro en la convocatoria de 2025: los municipios de más de 50.000 habitantes debían contar con una ZBE implantada y con un régimen sancionador activo antes de finalizar el año si querían ser beneficiarios de estos descuentos. No se prevé, por tanto, un cambio de criterio por parte del Gobierno en este sentido.

En términos económicos, el impacto para València no sería menor. La ciudad recibió cerca de 7 millones de euros en ayudas al transporte durante el primer semestre de 2025. De mantenerse una evolución similar en el segundo semestre, la financiación estatal alcanzaría los 14 millones de euros en el conjunto del año. No poder optar a esta línea de ayudas en 2026 supondría, por tanto, perder en torno a esa cantidad, aunque la cifra final depende del número de validaciones de los títulos de transporte y del volumen total de fondos que el Estado destine a la convocatoria, que posteriormente se reparte entre los beneficiarios.

Posibles sanciones

De forma paralela a los descuentos al transporte, el Ministerio que dirige Óscar Puente ha advertido de posibles sanciones a los ayuntamientos considerados “incumplidores”, es decir, aquellos que hayan solicitado fondos europeos para implantar la ZBE y no la hayan activado antes del 31 de diciembre de 2025. Un escenario al que también se arriesga València. Tal y como ha venido informando Valencia Plaza, la factura total para la ciudad por no implantar la Zona de Bajas Emisiones podría alcanzar hasta los 150 millones de euros, entre ayudas perdidas y posibles penalizaciones.

Unas consecuencias que no han traído aparejada una negociación a la altura de la gravedad de la millonaria factura que deberá asumir la ciudad. Un coste económico que no ha sido suficiente argumento para que los grupos municipales del Ayuntamiento de València se hayan puesto de acuerdo para aprobar la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones dentro del plazo legal. Tampoco lo ha sido el coste en términos de salud pública.

Sin visos de acuerdo 

Y es que cuando en el pleno de octubre Vox decidió dar un volantazo de última hora y tumbar la ordenanza de ZBE que había pactado con el PP a lo largo del año, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, intentó sin éxito conseguir el apoyo de la oposición de PSPV y Compromís. Unas negociaciones que no consiguieron acercar posturas y que han desembocado en que València no pueda, casi con total seguridad, optar a renovar los descuentos en el transporte público.

Pese a la importancia de esta medida, desde el último pleno extraordinario celebrado el 1 de diciembre en el que Compromís y PSPV plantearon una propuesta conjunta de ZBE que tampoco logró el apoyo del PP, no se han producido nuevos contactos entre el concejal de Movilidad y la oposición. Ya entonces, el propio Carbonell daba por pérdida la posibilidad de aprobar la ordenanza antes de final de año. En cuanto a Vox, los de Abascal reiteran que no darán respaldo a ninguna propuesta que contemple sanciones, por lo que tampoco parece cercano un acuerdo entre los socios de gobierno en esta materia.