VALÈNCIA (EP/VP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obliga al Ayuntamiento de València a readmitir cautelarmente al exdirector de museos de Cultura Festiva, Gil Manuel Hernández. La sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha desestimado el recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento contra la decisión del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº7 de suspender de forma cautelar el cese de Gil Manuel, después de que el consistorio suprimiese ese puesto de trabajo. 

Cabe recordar que Gil Manuel Hernández, que es funcionario municipal, fue despedido tras acometerse una reestructuración del área de cultura festiva que supuso la desaparición de su puesto de trabajo. Hernández recurrió ese despido y pidió, como medida cautelar, la readmisión mientras se resuelve la legalidad de la reestructuración de plantilla que llevó a cabo el consistorio de María José Catalá.

Atendiendo a "los perjuicos que causa" al exdirector

El juzgado acepto esta medida cautelar y el Ayuntamiento decidió recurrir. Ahora, el TSJCV, en una sentencia a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, desestima este recurso del consistorio, por lo que el Ayuntamiento tendrá que reincorporar a Gil Manuel. En la sentencia, el juzgado determina que se "atiende a los perjuicios que causa" a Hernández "la ejecución del cese en su puesto de trabajo sin opción de reincorporación a la plaza de la que era titular".

De esta manera, considera que el "perjuicio" para el hasta entonces director de museos de Cultura Festiva "resulta evidente al tratarse de un funcionario de carrera que, en virtud de un proceso selectivo, accede a otra administración y, consecuencia de la reorganizacion orgánica y modificación de plantilla, es cesado del puesto de trabajo que venía ocupando desde 2017 tras superar el proceso selectivo correspondiente".

La sentencia argumenta que esto se produce "al tiempo que se niega su reincorporación a la plaza en la Universitat de València de la que era titular por no existir vacante y no existir reserva de puesto de trabajo". Por ello, insiste, "los perjuicios económicos son innegables al verse privado de toda fuente de ingresos". La Sala avala la argumentación del auto del juzgado y rechaza la "falta de motivación" del mismo que alegó el consistorio.

Cabe recurso

En la sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, la Sala también verifica la condena en costas al apelante con el límite de 800 euros.

El Ayuntamiento acordó suprimir el puesto de trabajo de la jefatura de sección TD adscrita a la sección de museos de Cultura Festiva al desaparecer del Servicio de Fiestas y Tradiciones mediante su transformación en un empleo de personal técnico superior A.E. "por no ser necesario en la sección que la sustituye el citado puesto sino el perfil profesional de un técnico de administración general". Según expuso el Ayuntamiento, se procedió a "la remoción de Gil Manuel Hernández en el puesto de trabajo" citado inicialmente al quedar suprimido y se determinó "su consiguiente cese en esta corporación" municipal.

Igualmente, relató que el consistorio justificaba también esta última medida "por no ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de València y no existir en la actualidad otro puesto de trabajo a proveer por concurso que exija la plaza de profesor titular" de la "Universidad de València que ostenta, abierto a personal de otras administraciones".

Compromís achaca el despido a una "persecución ideológica"

El edil de Compromís Ferran Puchades ha considerado que la sentencia pone de manifiesto "la actitud sectaria de persecución puramente ideológica que hay detrás de la supresión del puesto de trabajo y expulsión de la administración pública municipal" de Gil Manuel Hernández.

Según Puchades, la sentencia "desmonta los argumentos intrascendentes que el gobierno municipal", integrado por el PP y Vox, "había alegado contra el acuerdo de reposición en su puesto de trabajo y deja bien claro que existe un interés legítimo del trabajador y que ha quedado en una situación de vulnerabilidad, sin trabajo ni salario". Ante esta situación, Puchades ha instado a la alcaldesa a "cumplir de manera inmediata" la sentencia "sin hacer más trampas" y le ha exigido "que abandone su actitud obstruccionista y ejecute la resolución judicial sin más dilación".

Para Compromís, el desarrollo de este procedimiento judicial "está dejando de manera clara y diáfana que, detrás de la maniobra para amortizar su puesto de trabajo, solo hay una voluntad de venganza, de estigmatización y persecución hasta expulsarlo de su puesto de trabajo", lo que demuestra su "carácter sectario y doctrinario".