València

El traspaso del personal de València Activa al Ayuntamiento se retrasará al menos hasta octubre

Aunque inicialmente Gosálbez afirmó que la plantilla se integraría en el Ayuntamiento el 1 de septiembre, el proceso se pospone al menos un mes

  • Fachada de la sede de Valencia Activa.
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VALÈNCIA. Los trabajadores de la fundación municipal València Activa no podrán integrarse en la plantilla del Ayuntamiento el próximo 1 de septiembre como afirmó inicialmente el edil de Empleo, José Gosálbez. La subrogación del personal de la fundación se retrasará al menos hasta principios de octubre. Aunque Gosálbez aseguró hace unos meses que la veintena de trabajadores que conforman la plantilla de la fundación municipal de empleo arrancaría septiembre como parte de los servicios municipales de Empleo y Emprendimiento, ahora el Ayuntamiento trabaja con un nuevo horizonte temporal: el mes de octubre.

Un retraso en el proceso de liquidación del organismo autónomo que ya pronosticaron los sindicatos que forman parte del Pacto por el Empleo de la ciudad de València y también algunos de los trabajadores, que consideraron muy precipitado el plazo inicial teniendo en cuenta que agosto es un mes prácticamente inhábil a efectos administrativos. 

Además, para que los trabajadores puedan ser efectivamente incorporados como personal municipal, el Ayuntamiento debe modificar su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para encuadrar a los trabajadores de València Activa en puestos homologables como técnicos. Una modificación de la RPT que también debe ser aprobada por el pleno. Cabe recordar que según confirmó el Ayuntamiento, la plantilla de València Activa pasará a ser personal laboral indefinido no fijo a extinguir del Ayuntamiento de València. Esta figura permite regularizar su situación y ofrecer estabilidad a los trabajadores sin vulnerar el principio de acceso mediante mérito y capacidad. Este tipo de personal no genera nuevas vacantes, ni permite promoción interna, y su puesto se extingue cuando la persona cesa (por jubilación, renuncia, etc.).

En cuanto a la ubicación física de estos empleados, según ha podido saber este periódico, por el momento continuarán desempeñando sus funciones en las instalaciones de València Activa aunque no se descarta que parte de la plantilla se reubique en diferentes dependencias municipales una vez completado el proceso de subrogación.

Más allá de la reconversión de los trabajadores de la fundación como personal de los servicios municipales de Empleo y Emprendimiento, el proceso de disolución de València Activa todavía tiene por delante varios trámites administrativos. Tal y como publicó Valencia Plaza, el camino hasta el adiós definitivo del organismo autónomo no será un proceso rápido pese a que desde la concejalía de Empleo sostienen que esperan iniciar 2026 con la liquidación culminada. Una liquidación que ha sido encomendada al responsable jurídico de la fundación, Luis Ignacio Sierra.

Investigación de Anticorrupción

Cabe recordar que el gobierno de PP y Vox anunció su intención de finiquitar Valencia Activa tras el estallido del escándalo por el presunto amaño de contratos por parte del edil Juan Manuel Badenas a través de la fundación y que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque desde el ejecutivo local sostienen que la decisión de poner fin a la fundación era anterior a la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el Ayuntamiento para recabar documentación sobre los contratos de Badenas bajo la lupa de Anticorrupción, la investigación precipitó la decisión.

De forma paralela a la subrogación del personal, todavía restan varios trámites hasta a disolución definitiva de València Activa. Una vez aprobada por el Patronato de la fundación la disolución, debe elaborarse un informe que incluya la evaluación patrimonial, situación jurídica, laboral, económica y el plan previsto para la liquidación. Una tarea encomendada al liquidador. Dicho acuerdo debe comunicarse al Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana según lo previsto por la ley autonómica de fundaciones.

El Protectorado, que depende de la Conselleria de Justicia, será el órgano encargado de determinar que la decisión se ajusta a la legalidad, para lo que tendrá un plazo de tres meses. Tras este trámite, se abre la fase de liquidación. Este proceso implicará realizar un inventario detallado de todos los activos y pasivos de la fundación, saldar deudas y contratos vigentes, y elaborar un balance final. También deberá determinarse el destino del patrimonio remanente, que, según los Estatutos de València Activa deberán destinarse “a la realización de fines de interés general análogos”. 

Sobre el coste económico de disolver la fundación el Ayuntamiento ha evitado ofrecer una cifra concreta y se ha limitado a justificar que no se conocerá dicha cifra hasta que concluya el proceso. Sin embargo, por el momento la decisión de liquidar València Activa ha supuesto la renuncia de dos líneas de subvención por valor de más de un millón de euros. 

 

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