VALÈNCIA. El director de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, también lo es desde el pasado 28 de diciembre de riesgos penales. Una responsabilidad equivalente a la de compliance o vigilante del cumplimiento normativo de la empresa pública. Las nuevas atribuciones, aprobadas por el Consejo de Administración de la firma, han sido posibles mediante la novación del contrato de alta dirección que mantiene. Ésta se realizó debido a que el pleno de la Diputación de Valencia modificó el pasado noviembre el acuerdo de 2016 que establecía el sistema de contratación en sus empresas públicas, lo que afectaba al número máximo de directivos y las retribuciones.
Esta circunstancia de adecuación del contrato de Vera fue aprovechada para actualizar la denominación de su cargo y sus funciones, introduciendo la de "vigilar y prevenir la comisión de delitos, así como reaccionar frente a ello". La cuestión llamativa en este asunto es que el Consejo de Administración de Divalterra –el mismo que dio luz verde– había autorizado tan solo un año antes una convocatoria pública para cubrir ese puesto, según consta en las actas de las reuniones.
Fue en septiembre de 2018 cuando acordó por unanimidad la necesidad de formular una propuesta de la mencionada convocatoria pública para la dirección de cumplimiento normativo, lo que suponía una valoración por igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes que se presentaran. Algo que, además, está establecido así en los propios estatutos de la entidad, donde figura que todos los directivos que no vengan ya determinados en ellos –aquí se trata únicamente del gerente– han de ser seleccionados mediante convocatoria pública.
En diciembre de 2019, el Consejo de Administración autorizó el inicio del proceso de selección de la dirección de prevención del delito
Durante los meses posteriores se produjo el debate sobre las bases para que fuera una libre concurrencia real y existiera transparencia. Ya en marzo de 2019, se aprobaron, aunque en diciembre de ese mismo año se modificaron. En ellas ya constaba que las funciones principales de quien fuera elegido serían las de prevenir, detectar y controlar el delito, además de reaccionar frente a él. Para ello se constituiría una comisión de valoración encargada de elegir a la persona más indicada.
En diciembre de ese mismo año, el Consejo de Administración autorizó el inicio del proceso de selección, de manera que el siguiente paso tenía que ser nombrar al tribunal. Pero todo quedó paralizado desde entonces. Aunque en una reunión de julio de 2020 el tema se volvió a tratar, nada sucedió. De hecho, el propio gerente de Divalterra, Antonio Mas, ha destacado en sus últimos informes de gestión los problemas que le suponía que no existiera esa figura del 'compliance'.
Y llegó diciembre del pasado año, cuando el Consejo de Administración de la empresa pública acabó aprobando, sorprendentemente, en unos términos que se desconocen y si por unanimidad o con votos en contra, que fuera José Luis Vera quien pasara a dirigir la prevención de riesgos penales.
Precisamente el cargo que ahora ostenta es el que él mismo exhibe como aquel que le ha permitido erigirse como instructor de la polémica en la contratación de la nueva jefa de Recursos Humanos de Divalterra de la que viene informando Valencia Plaza.
"Forma dentro de las competencias de esta Dirección de los Servicios Jurídicos, Prevención de Riesgos Penales y Transparencia, de conformidad con las facultades atribuidas por el Consejo de Administración de Divalterra por acuerdo de 28 de diciembre de 2020, la de reacción ante las irregularidades cometidas en el seno de la empresa", expone.
En el documento, como ha publicado este periódico, concluye que procede anularlo todo: las bases, el mismo procedimiento y el contrato al haberse realizado, asegura, en fraude de ley. Un pronunciamiento que llega siete meses después de la convocatoria.
El origen del embrollo es el presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, trató de impedir a mediados de enero el nombramiento de la vencedora –elegida por el tribunal– después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. El gerente, sin embargo, no obedeció la orden y procedió a la contratación al entender que todo se había realizado correctamente.
A partir de ese momento, Vera inició una investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso, que muchas voces de la empresa pública consideraban injustificados.