Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Divalterra. Foto: DIVALVALÈNCIA. La nueva polémica en Divalterra, para pesar de muchos cargos de la Diputación de Valencia por la imagen que se vuelve a trasladar de la empresa pública, cuenta con varios actores. El resumen de los hechos consiste en que el presidente del Consejo de Administración de la firma, el diputado Ramiro Rivera, ha tratado de revocar el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos después de que hubiera finalizado porque otro aspirante recurrió la decisión.
Las aristas y las derivadas en este asunto desvelado por Valencia Plaza son múltiples, puesto que existen visiones encontradas entre los responsables de Divalterra sobre las intenciones reales de esta decisión, sobre si resultaba procedente o no parar el proceso y sobre quién ha actuado correctamente. Estos son sus protagonistas:
- Ramiro Rivera: Diputado socialista que ostenta las competencias en Prevención de Incendios y, por tanto, es el presidente de la empresa pública. Entre sus áreas de gestión en la Diputación también se encuentran Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación, y Memoria Histórica.
rivera Comunicó que el otro aspirante había recurrido y ordenó al gerente suspender el proceso; vera lo apoyó con un informe
Comunicó a los miembros del Consejo de Administración de la firma que, el día 12 de enero –el 15 de diciembre finalizó el proceso de selección en RRHH–, el aspirante que había quedado en segundo lugar, José Fambuena, había recurrido y pedido suspender la contratación de la ganadora hasta que se resolviera el recurso. El 15 de enero, "por prudencia" y tras consultar al director jurídico de la empresa, José Luis Vera –a quien al mismo tiempo pidió un informe–, ordenó al gerente parar el proceso. Algo que éste último desobedeció, por lo que Rivera reiteró la orden cuatro días después, cuando la ganadora ya se había incorporado a su puesto de trabajo.
- José Luis Vera: responsable jurídico de Divalterra y nombrado el pasado 28 de diciembre, en un consejo extraordinario, director de los Servicios Jurídicos, Prevención de Riesgos Penales y Transparencia. Se erigió en instructor del caso y emitió un informe el 17 de enero, tras pedírselo el presidente, en el mismo sentido de lo que éste anticipó: que se tomara la medida cautelar de suspender el proceso. En él dio un plazo para presentar alegaciones a todos los finalistas y destacaba la complejidad del asunto porque el gerente de la empresa pública no obedeció la orden de paralizarlo por parte de Ramiro Rivera y contrató a la trabajadora. Según su relato, el candidato José Fambuena pidió a la empresa el expediente para poder presentar su recurso sin que ésta le respondiera ni frenara el nombramiento de la ganadora. Motivos, todos ellos, por los que abogaba por la suspensión cautelar por un principio de prudencia y para evitar perjuicios a todas las partes. Ahora tendrá que volver a pronunciarse puesto que el tribunal se ha ratificado en su decisión.
El papel de Vera ha resultado determinante en muchos asuntos durante los últimos años. El más destacado ha sido en el caso Alquería, donde ha pasado a ser un testigo importante para la causa aunque en un informe de junio de 2016 no habló claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que ahora se consideran ilegales. En ese documento, opinaba que existían "dos formas" de abordar el problema. Una, que los siete directivos contratados "se mantengan como tales hasta que se determine su régimen de contratación en la clasificación de la empresa Divalterra"; dos, y como alternativa, "rescindir o sacar a pública concurrencia las plazas y, después de la selección, extinguir objetivamente el contrato de quienes no la hayan sacado".
Vera, ya con la instrucción en marcha, prestó declaración ante el juez para relatar cómo tuvo conocimiento del proyecto de nombramiento de siete altos directivos, "distribuyéndolos en dos grupos según los partidos de gobierno de la Diputación: 3 del PSOE y 4 de Compromís". Y que los dos gerentes de entonces, José Ramón Tíller y Agustina Brines, "debían aceptar a esas personas según su partido, pues venían impuestas por el propio presidente" (Jorge Rodríguez).
Al margen de Alquería, ha sido centro de polémica porque ha eludido, como publicó este periódico, la devolución de 10.000 euros de kilometraje que cobró mientras estuvo de baja en varios periodos entre 2016 y 2019. Además, en 2016 fue apartado temporalmente del cargo por la contratación, cuestionada en una auditoría, de una abogada externa con pagos fraccionados.
- Toni Gaspar: actual presidente de la Diputación de Valencia, por el momento ha evitado cualquier pronunciamiento público acerca de lo sucedido en Divalterra. Después de que Valencia Plaza informara de lo ocurrido, solicitó cinco informes diferentes con carácter de urgencia a la empresa pública para obtener las explicaciones oportunas sobre el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos: al presidente de Divalterra, al consejero delegado, al jefe jurídico, al gerente y al presidente del tribunal que eligió a la vencedora.
- Vicente Domingo: anterior jefe de Recursos Humanos y presidente del tribunal que eligió a la ganadora. Al igual que Vera, figura como testigo del caso Alquería.
El hecho de que estuviera como jefe de RRHH y, a la vez, dirigiera el proceso de selección, fue criticado por el propio aspirante recurrente en sus alegaciones al considerar que podía suponer un conflicto de intereses. El tribunal le replicó que en las bases de la convocatoria ya se informaba de en quién recaía la presidencia del órgano, de manera que conocía esta circunstancia cuando se inscribió al proceso. Además, explicaba que éste es el proceder de la empresa en la contratación de personal externo desde 2016.
El tribunal ha denunciado lo sucedido a la Agencia Antifraude, que ha abierto una investigación y ha apoyado la decisión del órgano
Los ataques a Domingo también han venido dados por su posible vinculación laboral a la vencedora del proceso, Eugenia Fernández, proveniente del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS). El presidente del tribunal estuvo allí entre 2010 y 2015. Varias fuentes consultadas por este periódico creen que no existiría dicho conflicto de intereses.
El propio tribunal del proceso de selección ha denunciado ante la Agencia Antifraude la situación, lo que ha derivado en que la entidad haya iniciado una investigación y haya otorgado la protección del denunciante a varias personas.
- Antonio Mas: gerente de Divalterra. De acuerdo con la convocatoria oficial del proceso de selección, una vez el tribunal hubiera elegido ganador, elevaba la propuesta de nombramiento al gerente para que éste procediera a su contratación. Así ocurrió el día 15 de diciembre, pero justo un mes más tarde recibió la orden del presidente de la empresa pública de paralizarlo. Mas no obedeció y procedió a la contratación de la elegida al entender que así debía de hacerse. Ramiro Rivera reiteró la orden un día después de que ésta se incorporara a su puesto, pero ya era tarde.
- José Fambuena: aspirante que queda en segundo lugar. Proveniente de Recursos Humanos del Hospital General de València, fue nombrado por procedimiento de libre designación director del departamento en 2018 por la Conselleria de Sanidad, que lo relevó un año más tarde.
Según publicó Valencia Plaza, una auditoría de la Intervención de la Generalitat consideró irregular que el gerente del hospital hasta 2019, Enrique Ortega, autorizara un año antes el reparto de más de 22.000 euros entre un directivo y dos empleados del centro en concepto de complementos salariales. El caso más llamativo fue, precisamente, el de Fambuena, que, desde enero y hasta su ascenso a director de RRHH a mediados de octubre de 2018, percibió un total de 5.217,72 euros "por resolución del Director Gerente" en concepto de "Complemento desempeño de funciones". Según destacaba el auditor, se trató de un abono irregular porque él es funcionario de carrera y este complemento está reservado por convenio para el personal laboral.
Fambuena alegó conflicto de intereses del presidente del tribunal, reprochó que no tenía acceso al expediente y criticó las puntuaciones
En lo relativo a Divalterra, presentó un recurso el 12 de enero donde solicitaba la suspensión del proceso. Ya en sus alegaciones ante el tribunal censuró el conflicto de intereses del presidente, reprochó que no le dieran acceso al expediente e incluyó, asimismo, puntuaciones hacia él y hacia la ganadora que creía que no habían sido otorgadas correctamente.
- Eugenia Fernández: cuenta con una amplia trayectoria como jefa de RRHH del IVASS, de donde se marcha una vez resulta elegida nueva jefa de RRHH de Divalterra. Accedió a su puesto el día 18 de enero ajena a la polémica generada, que algunas fuentes achacan a los intereses en desbancarla. En sus alegaciones presentadas a José Luis Vera, critica que lo que el otro candidato solicita en su recurso es que no se apliquen determinados apartados de la convocatoria como están previstos en base a su interés y bajo una aparente búsqueda de legalidad. Reprocha, del mismo modo, que se le ha dado traslado del mencionado recurso de un aspirante no seleccionado, sin acreditar la competencia de los órganos que se lo remiten –sólo el gerente puede decidir acerca de esta cuestión según las bases– y qué normativa se aplica para admitir las reclamaciones de Fambuena. Todo ello para responder a sus afirmaciones y situándole a ella misma, indica, en total indefensión.
