Es el dueño de Eresa, la empresa que durante 15 años ha hecho de su capa un sayo en los hospitales públicos valencianos. Ahora se enfrenta a una imputación por fraude fiscal y a una auditoría de la Intervención de la Generalitat, que quiere quitarle el concierto. ¿Se le ha acabado la suerte a Vicente Saus?
VALENCIA. En su declaración como imputado el pasado 14 de diciembre, el empresario valenciano Vicente Saus Mas confesó esto: «La creación de Sun Chiz ha sido una de las peores ideas empresariales que he tenido». Y tanto, le podía haber respondido la jueza, porque ya son ganas de complicarse la vida, con el dinero que ha ganado y el que le queda por ganar gracias a los favores de la Administración —en el sentido amplio de la palabra: políticos, médicos, radiólogos, inspectores—, tratar de defraudar a Hacienda y a sus propios accionistas de la manera más burda. Presuntamente, que el caso sigue sub iudice aunque el presidente de Eresa haya admitido que Sun Chiz era una empresa pantalla y lo haya defendido con un argumento que refleja su personalidad: «Yo con mis empresas hago lo que quiero».
El descuido del hombre que controla el negocio de las resonancias magnéticas en la sanidad pública valenciana quizás no fue suyo sino de sus hijas Marta y Lorena, que en los últimos cinco años han ido asumiendo el mando del emporio. El caso es que coincidió con el descubrimiento por parte de la Sindicatura de Comptes de lo que buena parte de los valencianos sospechaban y algunos habían denunciado, que el concierto de las resonancias magnéticas es una sangría de dinero para la Generalitat
que no se justifi ca por el servicio prestado. Quizás no fue suyo el descuido porque Saus ha creado en menos de dos décadas un imperio compuesto por una treintena de sociedades —varias en Luxemburgo y Panamá— valoradas en cientos de millones de euros y lo ha creado sabiendo donde pisaba, muchas veces pisoteando, pero siempre sobre una base legal acompañada de una ingeniería financiera que le ha permitido ganar en los negocios y en los tribunales. Hasta ahora.
Vicente Saus empezó su carrera de fondo cuando en los años setenta del pasado siglo pidió una excedencia como subinspector de Hacienda y montó una asesoría fiscal, Saus Cano —su apellido y el de su mujer—, que no iba a limitarse a dar consejos y llevar las cuentas de otras sociedades. La asesoría pronto adquirió fama por sus buenas relaciones con la administración tributaria, lo que le proporcionó clientes que acudían recomendados cuando tenían problemas con el fisco.
Como asesor fiscal de empresas en las que participaba, Saus supo hacerse con el control sin que los socios se dieran cuenta que era tarde
Un día de 1980, asesoró a un grupo de radiólogos en la constitución de una sociedad para comprar el primer TAC de la Comunitat Valenciana y así nació Exploraciones Radiológicas Especiales SA (Eresa). Su capital lo formaron Luis García Marrero, Emilio Lucas, Ginés Gordo y José Casado, con el 15% cada uno, y otras 12 personas, entre las cuales estaba el propio Saus, con el 4,6%. Entre tanto médico, era él quien manejaba las cuentas de la empresa y de sus socios, que le confiaban la declaración de la renta.
El gran negocio de Eresa fue desde el primer día la dejadez de la administración sanitaria, primero del Insalud y, una vez transferidas las competencias en 1988, de los distintos gobiernos de la Generalitat hasta el actual, que ha iniciado una auditoría a través de la Intervención General para ver si hay motivos para
retirarle el concierto. A principios de los ochenta, el Insalud también compró un TAC para La Fe, pero el aparato estuvo sin instalar durante años y los pacientes eran derivados a Eresa. Ya con las competencias transferidas, la empresa ve un filón en la sanidad pública y estrecha sus relaciones con la Conselleria entonces dirigida por el socialista Joaquín Colomer, a la que presta servicios externos para varios hospitales.
Sin embargo, el primer gran contrato de Eresa no es con la Conselleria, sino con la Diputación de Valencia presidida entonces —1989— por Francisco Blasco, hermano de Rafael y padre del director del Hospital General entre 2002 y 2014, Sergio Blasco. Saus era to davía un socio minoritario de Eresa, pero no tardaría en descubrir la manera de hacerse con el mando de la compañía. A pesar de que el contrato del Hospital General no era más que una cesión de locales para montar un negocio, la presencia de las máquinas de Eresa llevó a pensar que era una especie de concesionaria. Y allí sigue, con una facturación de 4,54 millones de euros en 2012 solo en resonancias, aunque realiza también pruebas de PET-TAC, radioterapia y radiocirugía. Sin concurso.
El firmante de los últimos contratos con el General, Sergio Blasco, fue socio de Vicente Saus al menos hasta 2002 en la empresa Centro Computerizado de Levante, absorbida en 2007 por Iberdiagnosis, la empresa de Saus que controla casi el 50% de Eresa. La vinculación entre Saus y Sergio Blasco volvió a estrecharse —si es que alguna vez se alejó— en 2011 para hacer negocios en Perú que a la postre acabaron con la carrera de Blasco en el General.
Su dimisión llegó en 2014 cuando se conoció que un juzgado investigaba la participación de Blasco como asesor, incompatible con su cargo, para la construcción de dos hospitales en Perú en los que aparecían como socios la constructora BM3, Eresa y Ribera Salud. Todavía con la administración socialista, Eresa firma en 1994 un contrato de cinco años con la Conselleria. Un año más tarde gana las elecciones el PP de Eduardo Zaplana y Vicente Saus ve la oportunidad de dar el salto. Los grandes pelotazos estaban por llegar, el de Eresa y el suyo propio.
En 2015 gana las elecciones el PP de Eduardo Zaplana y Vicente Saus ve la oportunidad de dar el salto
Como asesor fiscal de las empresas de las que era accionista minoritario, Saus encontró la manera de hacerse con su control sin que sus socios se dieran cuenta hasta que era demasiado tarde. Lo primero era recomendar ampliaciones de capital para crecer más rápido sin endeudarse o para cubrir agujeros en las cuentas que él mismo elaboraba. Si los socios no tenían dinero, él se lo prestaba y cuando los socios ya no podían o querían poner más, compraba.
Así lo hizo en el periódico de anuncios Trajín o el aparcamiento de la plaza de Cánovas de Valencia, aunque el caso más sonado fue el de la tecnológica Sistemas Genómicos. Los fundadores, profesores de universidad, se negaron a hacer nuevas ampliaciones cuando Saus ya había logrado el 30%, más el 10% de un amigo. Saus compró entonces un 12% a precio de oro a un minoritario, expulsó a los fundadores y aprobó una operación acordeón reduciendo el capital a cero euros, tras aprobar unas cuentas en las que devaluaba los activosy renunciaba a un crédito fiscal. Se hizo con el 100%. Los científicos no pudieron probar que las cuentas estaban manipuladas y perdieron la demanda en los tribunales.
En Eresa, Vicente Saus propuso una ampliación de capital a finales de los noventa para optar al macroconcurso de resonancias magnéticas que preparaba el Gobierno de Zaplana. Varios socios, entre ellos dos de los grandes fundadores, José Casado y Luis García Marrero, optaron por vender porque no les gustaba lo que estaban viendo, demasiada cercanía con el poder político, una peligrosa connivencia. El asesor fiscal se convirtió así en el primer accionista, con el 38%, y sustituyó en la presidencia a García Marrero.
Pero lejos de ser peligrosas para Saus, sus buenas relaciones con el poder iban a catapultar a Eresa en los siguientes 15 años. Al concurso para la gestión de las resonancias dentro de los hospitales públicos se presentaron una decena de empresas y fue adjudicado, entre protestas de los radiólogos y acusaciones de amiguismo, a Eresa en Valencia y Castellón y a Beanaca —propiedad de Carlos Paz, íntimo de Zaplana— e Inscanner —del diputado del PP Luis Concepción— en Alicante.
Se adjudicó por 166 millones de euros, pero al acabar el contrato en 2008 la facturación de las tres empresas sumaba 275 millones. El beneficio acumulado de Eresa en ese período superó los 35 millones. A mitad de este contrato tan beneficioso para la empresa y tan gravoso para la Generalitat, Saus da un golpe de mano en la compañía y despide a Enrique Lozano, director general desde 1989, y a todo su equipo y coloca de director general a Juan Pedro García-Robles, aunque quien de verdad iba a tener la última palabra era Marta Saus.
Poco después, Saus intenta replicar el modelo en La Rioja, y aunque la Administración le puso la alfombra, el equipo de radiólogos de la sanidad pública se plantó ante la empresa valenciana negándose a trabajar en sus instalaciones o con los servicios prestados por su personal, provocando algo insólito, que Vicente Saus acabase tirando la toalla y vendiendo Eresa Rioja al grupo británico Alliance Medical, que aún está presente en el único hospital de la comunidad.
Pilar Tirado, jefa de servicio de Radiología del Hospital de Logroño, explica a Plaza que la privatización llegó por sorpresa en 2004. «Este señor (Saus) se plantó en Logroño y le dieron departamentos en el hospital, le cedieron el servicio en el TAC, las resonancias y el personal, él solo puso los aparatos», explica. Entonces, empezaron a darse cuenta de acciones similares a las denunciadas después por la Sindicatura de Comptes, como poner y cobrar el contraste cuando no era necesario o pedir una prueba y facturar como dos. «Tan raro nos pareció que, como coordinadora del PSOE, decidimos denunciarlo y lo llevamos a Fiscalía», apunta.
La denuncia fue archivada por no acreditarse los elementos necesarios para hablar de una posible estafa de Eresa al Servicio Riojano de Salud. Como ocurrió con una denuncia similar en Valencia, la justicia constató que había errores pero dictaminó que la que debía denunciar era la Administración contratante, algo que no sólo no ocurrió sino que tanto en un sitio como en otro se dedicaron a justificar los errores e incumplimientos de la empresa. «No he visto una cosa igual, a mí me destruyeron la vida», lamenta Pilar Tirado al recordar aquel enfrentamiento.
Mientras, el conglomerado de empresas de Saus iba creciendo también en el negocio inmobiliario. A veces con socios de Eresa y otras en solitario, el asesor fiscal de todas las sociedades fue tejiendo una red de participaciones y préstamos entre empresas a mayor gloria de su imperio. El concurso de 2008 supuso su consolidación como magnate de las resonancias.
El concurso fue convocado por el Gobierno de Francisco Camps y fue un traje a medida de las empresas que ya explotaban el negocio, a las que se instó a acudir unidas puesto que salió a licitación en un único lote por 497 millones de euros. Eresa, Inscanner y Beanaca formaron una UTE en la que se coló a Ribera Salud y, aunque no se hizo público, se metió Vicente Saus con un 8% a través de Iberdiagnosis.
Eresa tenía el 49%, así que Saus controló desde un principio la UTE. La decena de competidores en el primer concurso decidió en esta ocasión no perder el tiempo y solo hubo otra oferta —Diagnosalud y Grupo 3 Recoletas—, encabezada por el exdirector de Eresa Enrique Lozano, 100 millones más barata.
Con una rentabilidad aún mayor que la del primer contrato —mientras la Conselleria de Sanidad escondía facturas en el cajón por no poder pagarlas—, Saus inicia el asalto definitivo al capital de Eresa. Primero, logra que la junta general apruebe el desvío de parte de sus beneficios a dos empresas pantalla vinculadas a él mismo, Sun Chiz e Iberdiagnosis, operaciones que investiga la Fiscalía y un juzgado y por las que está imputado. Esto ocurrió entre 2009 y 2012 y sirvió, entre otras cosas, para maquillar los abultados beneficios de Eresa que rondaban el 20% de la facturación.
La principal beneficiaria de este desvío fue Iberdiagnosis, empresa de los Saus que agrupa varias participaciones en sociedades inmobiliarias y médicas. Esta sociedad, en cuyo origen estuvo la familia Sáez Merino con Pedro Agramunt de secretario —hasta 1990—, sirvió durante los años noventa para repartir participaciones a pequeños accionistas que posteriormente eran recompradas. Ahora pertenece al 100% a los Saus.
A través de Iberdiagnosis, Vicente Saus participó junto a Eresa en la compra del grupo catalán de diagnóstico por imagen Cetir. Es a finales de 2013 cuando la junta de Eresa aprueba dos importantes operaciones societarias. Por un lado, la absorción de las empresas Eresa Beata —propiedad de Saus— y Eresa Medical —50% de Saus—, a cambio de acciones de la matriz, y por otro, la compra a Iberdiagnosis de sus participaciones en Cetir y otra sociedad catalana, también a cambio de acciones de Eresa. Con ello, la participación de Iberdiagnosis en Eresa subió al 48,68%, a lo que hay que añadir la de los Saus a título particular, que puede rondar el 30%. La empresa rechaza revelar esa información que debería estar en la memoria anual de Eresa. Lo que es indudable es que Vicente Saus es ya el amo absoluto del emporio.
(Este artículo se publicó en el número de febrero de la revista Plaza)
Vicente Saus, sus hijas Marta y Lorena y diez directivos más de Eresa están imputados —investigados, según la nueva denominación— por un presunto fraude en subvenciones europeas y otro a Hacienda, en una causa abierta en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. En la parte del fraude a Hacienda, a instancias de la Fiscalía de delitos económicos, se investiga la creación de una empresa pantalla, Sun Chiz, vinculada a los Saus y domiciliada en casa de un directivo de Eresa en Madrid, que con un solo empleado y sin activos llegó a facturar 8,2 millones de euros (2010) a Eresa por supuestos servicios que no podía prestar con su estructura. Sun Chiz, ya extinguida, a su vez encargaba esos supuestos trabajos a otra empresa de los Saus, Iberdiagnosis, que también carecía de estructura. La Fiscalía calcula en 8,4 millones de euros el dinero defraudado, aunque la empresa sostiene que Hacienda no perdió nada.
Sin embargo, en 2014 Iberdiagnosis reconoció implícitamente el fraude al presentar declaraciones complementarias de tres ejercicios y reformular sus cuentas de 2009 a 2012. Los otros defraudados serían los trabajadores, a los que se congeló el sueldo en 2012 ocultando los benefi cios reales, y los socios minoritarios de Eresa, aunque no hay constancia de denuncias por su parte.
De hecho, diversas fuentes apuntan que la junta de accionistas aprobó estos desvíos de dinero que servirían para gastos de representación. Esta investigación llegó también al juzgado de Instrucción número 8, al denunciar un informático de Eresa coacciones para que destruyera archivos que demostrarían ese fraude, que a su vez había sido denunciado por un tercero. El informático, que fue despedido, reveló dos veces ante la Fiscalía de delitos económicos y la Fiscalía Anticorrupción cómo funcionaba la trama y aportó pruebas, pero ninguno de los dos juzgados se las ha pedido ni le ha llamado a declarar. Es más, la jueza del 8 archivó su denuncia sin siquiera citarle para ratificarla, sin practicar ninguna diligencia y con un «sobreseimiento libre» tanto de las coacciones como del fraude fiscal. Ese «sobreseimiento libre», que equivale a causa juzgada —a diferencia del habitual «archivo provisional»—, fue esgrimido por los imputados para pedir el archivo en el 15, pero la jueza lo rechazó porque su investigación parte de una denuncia de la Fiscalía y es, por tanto, diferente. Plaza ha solicitado a través del TSJCV acceder al auto de sobreseimiento libre, pero la jueza de Instrucción 8 no facilita información a la prensa.