Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. La empresa de resonancias magnéticas Eresa, participada mayoritariamente por la familia Saus a través del grupo Ascires, ha vencido en la pugna que mantenía con sus socios en la UTE Erescanner Salud, que prestó el servicio de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos entre 2008 y 2021. Esto le ha permitido adjudicarse una proporción de los ingresos mayor que la participación que tenía en la UTE, en detrimento de las alicantinas Inscanner y Beanaca, propiedad de la familia Paz, dueña de Clínica Benidorm.
De hecho, en su memoria anual de 2021, Eresa, que tiene el 49% de la UTE, constata que se ha adjudicado 14,79 millones de la tesorería –que superaba los 24 millones– una vez finalizado el contrato con la Conselleria de Sanidad, así como 3 de los 4 millones en imposiciones a plazo fijo que tenía la contrata de resonancias. En total, casi 18 millones de euros que hicieron que Eresa acabara el año 2021 con una tesorería de 35 millones.
Como publicó en exclusiva Valencia Plaza, Inscanner y Beanaca llegaron a plantear una querella contra los Saus por presunta estafa al plantear la empresa que preside Lorena Saus, en 2017, la modificación del reparto de los ingresos de la UTE basándose en un acuerdo firmado en 2011 que Ana Paz Brown, entonces administradora de Inscanner y Beanaca junto a su padre, Carlos Paz Figueroa –fallecido poco después–, no reconoció.
La querella fue archivada al dar el juez validez al acuerdo y no detectar ningún delito, aunque sí constató que todos los socios de la UTE Erescanner Salud habían pasado años, hasta 2012, repartiéndose los beneficios mediante facturas falsas de supuesta prestación de servicios a la UTE. Archivada la causa penal, el caso quedó en manos de un tribunal arbitral, tal como preveían los estatutos de la UTE.
La UTE que prestaba el servicio de resonancias estaba controlada en un 57% por la familia Saus –a través de Eresa (49%) e Iberdiagnosis (8%)– y los otros socios eran la familia Paz, con el 28,5% –a través de Inscanner (20%) y Beanaca (8,5%)–, y Ribera Salud, con el 14,5%.
La cuestión era que Eresa en las provincias de Valencia y Castellón e Inscanner y Beanaca en la de Alicante eran las empresas que realizaban las resonancias magnéticas encargadas a la UTE y cobraban por ello un porcentaje fijo de lo que pagaba la Conselleria. Una vez pagado el servicio y los gastos de la UTE, la caja resultante se repartía entre los socios de acuerdo con su porcentaje de participación, reparto en el que entraban Iberdiagnosis y Ribera Salud, que eran socios financieros.
Esto fue así hasta que a principios de 2017, cuando ya se habían repartido 32 millones –entre 2013 y 2016–, los Saus pusieron encima de la mesa un documento fechado el 18 de noviembre de 2011 firmado por Vicente Saus en representación de Eresa –era su presidente– y Ana Paz Brown en representación de Inscanner y Beanaca, en el que acordaban una nueva fórmula de reparto.
En este documento se establecía que Inscanner y Beanaca solo percibirían la caja obtenida en la provincia de Alicante. Así, en lugar de recibir un 28,5% del total recibiría lo ingresado en Alicante, descontados los beneficios que corresponden a Ribera Salud (14,5%), que no participaba en la división territorial de la actividad por ser solo un socio financiero.
El Tribunal Arbitral dictó el pasado mes de febrero un laudo por el cual se declaraba la validez de los pactos de gestión separada y, en consecuencia, declaraba la validez y eficacia de los acuerdos sobre repartos de caja adoptados desde 2017 por el Comité de Gerencia de la UTE controlado por los propietarios del grupo Ascires.
El grupo Eresa obtuvo el año pasado un beneficio neto atribuido de 6,27 millones de euros, un 4,3% inferior al del año anterior, mientras que la facturación consolidada aumentó de forma significativa, un 37% hasta 44,2 millones. De ellos, 18 correspondían a la participación en la UTE Erescanner Salud, que dejó de prestar el servicio público de resonancias el 15 de diciembre. La mayor parte del aumento de la facturación corresponde a clientes privados, aunque la facturación a la administración pública continuó siendo mayoritaria y creció en 4 millones de euros, hasta 29 millones.
La empresa de los Saus revirtió la provisión de 4,7 millones registrada en ejercicios anteriores por el posible coste que podría haber supuesto la indemnización por la finalización de los contratos de trabajadores que prestaban el servicio público del contrato de la UTE Erescanner Salud, ya que la mayoría de los trabajadores vinculados al servicio fueron incorporados a la plantilla de la Conselleria de Sanidad. Si se mantienen las provisiones por sendas reclamaciones de la Conselleria y del Hospital General de Valencia por discrepancias con los precios aplicados.