Caso Taula: La Rambleta no estaba "a punto de caramelo"

VALÈNCIA. El caso Taula ya cuenta con su primer archivo importante. Nada más y nada menos que la investigación que versaba sobre el posible amaño de la adjudicación del centro cultural La Rambleta. Ríos de tinta han corrido sobre la conversación grabada por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent con la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, respecto de dicho contrato. En los oídos de todos está la tristemente famosa frase "La Rambleta está a punto de caramelo".

El juez de instrucción que investiga el conocido como caso Taula ha archivado la parte de la investigación que afecta al contrato del centro La Rambleta, tal como avanzó Valencia Plaza.

El archivo afecta al empresario de la comunicación José Adolfo Vedri, quién fue imputado a raíz de la grabación entre Benavent y Alcón en la que decían: "La Rambleta está a punto de caramelo". Era un audio de solo 16 segundos que abrió una de las vías de investigación más complejas de la causa, dirigida a conocer si dicha adjudicación había sido amañada y si se habían producido mordidas.

Pero en derecho penal hay que demostrar la culpabilidad y no la inocencia. Los investigadores, pese a su arduo trabajo, no han sido capaces de demostrar que el empresario valenciano de la comunicación José Adolfo Vedri hubiera cometido cohecho por la adjudicación y explotación del centro. Su defensa, ejercida por Andrés Zapata y por el despacho Domingo Monforte y Asociados, ya había solicitado con anterioridad el archivo de la causa, pero la primera vez recibieron un no por respuesta, pues faltaba un informe pericial.

Dicho informe fue favorable al empresario. De hecho, en el auto de archivo emitido por el magistrado instructor, Víctor Gómez Saval, se hace referencia a él, dándole una importancia superior a la famosa grabación, lo que abre un debate sobre la capacidad de incriminación que una grabación puede tener sobre un acusado.  

En el auto se puede leer literalmente: "Ese informe ha sido ya emitido y leído por este instructor. Y del mismo no cabe sino apreciar el criterio informado por el perito de corrección en los criterios técnicos que permitieron la elección de la oferta de la empresa Cyes como adjudicataria. En el informe se llega a valorar incluso pequeñas desviaciones que en opinión del perito podrían haber otorgado a su oferta o proyecto una valoración diferencial mayor a la obtenida".

En su día, el fiscal del caso también apoyo el archivo asegurando en un escrito que "resulta preciso reconocer, como expone la defensa de dicho investigado en extenso y fundado escrito, que la instrucción judicial efectuada, y en particular el propio informe pericial, tampoco apuntalan que dicho investigado haya ofrecido o entregado dinero o cualquier otro bien o recompensa para que dicho contrato fuera adjudicado con menoscabo de los principios que deben presidir la contratación pública".

Las grabaciones

No es la primera vez que pese a contar con una grabación, cuanto menos, bochornosa, un tema de corrupción termina en nada. El claro ejemplo de ello son las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional entre el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y uno de los principales investigado en la trama Gürtel, Álvaro Pérez.

Un jurado popular no vio delito en el comportamiento del expresidente, que acumula otra causa por corrupción, y le absolvió del delito de cohecho pasivo impropio del que le acusaba la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores tienen que buscar pruebas más allá de las conversaciones que quedan registradas en una cinta, puesto que en España la inocencia no se ha de demostrar, la culpabilidad sí. En un estado de derecho, no solo las defensas tienen que trabajar duro, los investigadores también.